La Justicia sumó este lunes nuevos movimientos en dos causas que involucran a exfuncionarios de la gestión de Javier Milei. Por un lado, el abogado Gregorio Dalbón pidió la detención del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien ya fue procesado en la causa que investiga presuntas coimas en el organismo. Por otro, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en el expediente que investiga el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
Aunque se trata de expedientes diferentes y con situaciones procesales distintas, las dos derivaciones vuelven a llevar al terreno judicial a nombres que ocuparon cargos relevantes durante la administración libertaria y vuelven a salpicar al gobierno de Javier Milei por las derivaciones de los presuntos casos de corrupción.
Spagnuolo: pedido de detención tras el procesamiento
El pedido contra Spagnuolo fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, a partir de nuevos elementos incorporados a la causa por las presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas durante su gestión al frente de ANDIS.
Según el escrito, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, informes incorporados al expediente habrían detectado diferencias de precios de magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y compras en las que los productos entregados no se correspondían con los adjudicados.
Dalbón sostuvo que los nuevos elementos no describirían un hecho aislado, sino una serie de operaciones y modalidades de contratación que podrían haber afectado el patrimonio público durante el período en que Spagnuolo estuvo al frente del organismo.
El abogado también planteó ante Lijo la existencia de un eventual peligro de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, pidió evaluar la posibilidad de que el exfuncionario pueda alterar u ocultar pruebas, influir sobre testigos o peritos e incluso fugarse.
El planteo se suma al procesamiento que pesa sobre Spagnuolo, a quien la investigación ubica como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada al direccionamiento de compras de medicamentos e insumos médicos hacia determinados laboratorios y empresas.
La fiscalía vuelve sobre el patrimonio de Adorni
En paralelo, la investigación sobre Manuel Adorni también tuvo un nuevo movimiento judicial. El fiscal Gerardo Pollicita pidió una batería de medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.
El requerimiento llegó después de que la defensa de Adorni presentara documentación para responder a las 20 observaciones que habían surgido durante la investigación. Ahora, la fiscalía busca contrastar esas explicaciones con información tributaria, laboral, patrimonial y financiera.
Uno de los puntos centrales son las operaciones con bitcoin. La defensa de Adorni atribuyó parte del dinero cuestionado a operaciones con criptomonedas y entregó en un sobre cerrado las claves privadas de ocho billeteras que, según su presentación, estarían vinculadas al exfuncionario.
Pollicita pidió que esas direcciones sean verificadas judicialmente. El procedimiento contempla la intervención de un perito de parte y posteriormente una comprobación criptográfica a cargo de personal especializado de la Policía Federal.
La lupa sobre los ingresos y el patrimonio
La investigación también busca reconstruir cómo evolucionaron los ingresos y el patrimonio de Adorni y Angeletti desde el comienzo de su vida económica activa.
Para eso, el fiscal solicitó al juez Lijo el levantamiento del secreto fiscal y requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre declaraciones juradas, bienes personales, ganancias, actividades declaradas, operaciones de compra de moneda extranjera y eventuales blanqueos o moratorias.
También pidió a la ANSES la historia laboral completa de ambos, con datos sobre aportes, remuneraciones, empleadores y períodos trabajados.
A eso se suman requerimientos a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) para conocer los vehículos que tuvieron durante el período bajo análisis, y pedidos de información sobre una eventual participación en sociedades, asociaciones o fundaciones.
