La ciudad de La Plata se convertirá en el escenario central para la presentación de las «Reglas Papa Francisco», un valioso compendio de directrices y buenas prácticas orientadas a transformar la respuesta institucional del Poder Judicial frente a los sectores más postergados de la sociedad. El próximo 28 de octubre, referentes de la justicia, la Iglesia y la academia se congregarán para dar a conocer esta herramienta conceptual y operativa que busca humanizar la atención judicial.
El conjunto de pautas fue cuidadosamente elaborado entre los años 2024 y 2025 mediante un esfuerzo colaborativo y federal que reunió a jueces, funcionarios del sistema de administración de justicia, así como a referentes pastorales, sociales y comunitarios de todo el país. El objetivo primordial de este documento es asegurar un trato profundamente empático, respetuoso y digno a todas aquellas personas que atraviesan situaciones de marginalidad, vulnerabilidad extrema o exclusión social al momento de enfrentar un proceso judicial.
Un panel de excelencia académica, judicial y pastoral
La jornada pública de presentación contará con un panel de expositores de amplísimo recorrido y prestigio en sus respectivos ámbitos de actuación. Entre los disertantes principales estará el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por el obispo de la diócesis de San Justo, monseñor Eduardo García. Ambas figuras aportarán una mirada integral sobre el compromiso social e institucional necesario para abrazar las realidades más complejas del territorio.
Junto a los referentes pastorales, la mesa académica y jurídica estará conformada por el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez; el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand; y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal y reconocido docente de la UBA y la UNLP, Alejandro Slokar. La actividad está organizada de manera conjunta por la Universidad Católica de La Plata (UCALP), el Arzobispado de La Plata, Cáritas Argentina y la Pastoral Judicial.
Coordenadas de la jornada y adopción en el país
La cita tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el Aula 10 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP, ubicada en calle 57 Nº 936, entre 13 y 14. La apertura formal estará a cargo de la rectora de la universidad anfitriona, Rita Gajate, mientras que la moderación del debate será llevada adelante por Karina Yabor, en representación de la Justicia Federal y la Pastoral Judicial, y Cecilia López Puertas, por la Justicia Provincial y la Acción Católica Argentina. La entrada será libre y abierta a todo público.
La trascendencia de estas directrices ya se materializa en diversas jurisdicciones del país. Un antecedente fundamental lo constituye la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, organismo que ya adoptó formalmente las «Reglas Papa Francisco» dentro de sus protocolos de actuación para el fuero provincial. Esta decisión ratifica la viabilidad institucional de un modelo que busca desplazar la rigidez formalista del expediente para dar paso a una escucha activa de las necesidades del justiciable.
Definición de la exclusión y un nuevo paradigma judicial
Inspiradas en el pensamiento del Pontífice —y de manera muy especial en las reflexiones de la encíclica Fratelli Tutti—, las directrices parten de una constatación insoslayable: no toda desigualdad socioeconómica logra traducirse en el papel de un expediente formal, ni tampoco cada persona vulnerable es escuchada con la calidez y la atención que exige su dramática realidad. El texto define a la persona excluida como aquella a la que se le priva del acceso real a derechos fundamentales.
Bajo este enfoque, se trata de ciudadanos a quienes el Estado suele visibilizar tarde, de manera deficiente o directamente ignorar. Frente a ello, las reglas proponen un cambio paradigmático que trasciende la mera igualdad formal ante la ley. El propósito definitivo es eliminar cualquier condicionamiento interpretativo o sesgo práctico en los operadores estatales, garantizando que el paso por las dependencias judiciales respete irrestrictamente la dignidad del individuo desde el primer contacto.
Garantías operativas, identificación y no criminalización
Las directrices establecen acciones muy concretas para la contención inmediata de los sectores vulnerados durante su interacción con el sistema. Entre los pilares fundamentales destaca el cuidado integral de la salud y la integridad física, garantizando la provisión de techo, abrigo y alimento en cada instancia. Asimismo, se promueve el reconocimiento de la identidad personal aunque el individuo carezca de DNI, impulsando trámites interinstitucionales urgentes para regularizar la situación documental de la persona.
Un punto neurálgico del documento radica en erradicar definitivamente aquellos prejuicios normativos o policiales que asocian automáticamente la peligrosidad a la pobreza, la situación de calle, la nacionalidad, el género o los consumos problemáticos de sustancias. En sintonía con esto, se insta a los magistrados a no judicializar conductas de escasa lesividad derivadas de la pura necesidad de supervivencia, tales como el hurto famélico o el aseo personal en la vía pública.
Celeridad, contención social y un horizonte abierto
El protocolo insta a comprender los incumplimientos legales bajo el prisma de las circunstancias reales de vida de los individuos, sin etiquetar como elementos peligrosos los recursos propios de la vida en la intemperie. Para ello, propone aceptar como domicilios válidos a los paradores de noche o centros de acogida, además de valorar el trabajo informal —como la venta ambulante, el cartoneo o las changas— como expresiones completamente legítimas de labor digna para el sustento diario.
Por último, las «Reglas Papa Francisco» destacan la necesidad de imprimir la mayor celeridad posible a los procesos para evitar que la burocracia perpetúe la exclusión. El documento promueve el acompañamiento de referentes comunitarios de confianza en los tribunales y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Lejos de constituir un catálogo normativo cerrado, estas pautas nacen como un punto de partida dinámico cuya meta final es poner a la justicia al servicio de quienes padecen las peores consecuencias de la cultura del descarte.
