La Justicia le prohibió formalmente la salida del país al empresario Leandro Camani, conocido en el sector como “El rey de las fotomultas” y titular de la firma Secutrans. Según reveló un informe publicado por DataClave, la medida fue dispuesta por el juez de Garantías Walter Saettone en el marco de la causa por extorsión agravada que investiga una red dedicada a la presión mediática y judicial contra dirigentes y empresarios.
La resolución del juez Saettone se fundamenta en la existencia de concretos riesgos procesales de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación. El magistrado fundamentó que Camani “cuenta con posibilidades concretas de ejercer influencia sobre testigos u otros sujetos vinculados con la investigación”, advirtiendo que resulta ser “una persona con cierto grado de poder que permitiría modificar o alterar el orden natural de las cosas” y afectar el debido proceso.
La causa, a cargo del fiscal Germán Camafreita Steffich en la UFI N° 3 de Pilar, se inició por la denuncia de Atilio Ormeño, exchofer del Ministerio de Transporte bonaerense. El testigo declaró que el dirigente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, lo amenazó y le ofreció dinero para armar una falsa acusación contra el entonces ministro provincial Jorge D’Onofrio respecto al negocio de las fotomultas y la VTV.
El circuito se completó con los testimonios del periodista Claudio Ponce de León —quien expuso que Camani financiaba el programa radial de Yofe— y del custodio Gabriel Toledo, quien ratificó la realización de reuniones en oficinas del entorno del empresario.
El expediente adquirió mayor volumen cuando el presidente de la AFA y titular del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó patrocinado por el abogado Gregorio Dalbón y fue aceptado como particular damnificado. Tapia denunció a Camani, a Yofe y al legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso por una maniobra extorsiva desplegada tras su negativa a concederle a Camani la instalación de cámaras de fotomultas en rutas, accesos y predios del CEAMSE.
Según consta en el expediente, ante la negativa comercial, la estructura habría amenazado con activar denuncias penales, derivando en las posteriores acusaciones sobre la propiedad atribuidas a dirigentes deportivos en Pilar.


