La presentación judicial realizada por el exvocero presidencial Manuel Adorni para justificar la tenencia de un abultado patrimonio en criptomonedas reabrió un acalorado debate sobre la verosimilitud de sus argumentos. Ante la Justicia, el funcionario aseguró haber adquirido sus Bitcoins a través de encuentros informales persona a persona (peer to peer) en efectivo y presentó como prueba la posesión de una serie de llaves privadas alojadas en dispositivos físicos.
Sin embargo, para los especialistas en tecnología financiera, el relato oficial deja demasiados flancos débiles. En comunicación con LA CIELO 103.5, Matías Mathey, speaker y responsable del departamento de autocustodia de Bitcoin para la ONG Bitcoin Argentina, analizó la justificación de Adorni y expuso las contradicciones operativas de su versión.
Uno de los puntos más insólitos de la presentación de Adorni radica en haber afirmado que compró “las llaves” de las billeteras directamente a terceros en encuentros cara a cara y en la vía pública.
Para Mathey, esa maniobra atenta contra la regla de oro de la seguridad digital: “Quienes conocen de esto, nadie le compraría una llave a un desconocido. Vos no me comprás la llave a mí; me decís ‘transferímelo a mi billetera’. Si vos me comprás la llave, tenés que confiar a ciegas en que yo no me guardé una copia de esa clave para vaciarte los fondos más tarde”.
El experto aclaró que este tipo de transacciones no eran ni son habituales en el ecosistema: “No era una buena práctica ni nadie lo hubiese hecho, tanto quien compra como quien vende. Si el comprador después pierde la clave, podría denunciar falsamente al vendedor diciendo que le robó los fondos. La única forma segura siempre fue la transferencia directa de billetera a billetera”.
La alternativa que omitió: minería o cobro de servicios al exterior
En su análisis, el referente de la ONG Bitcoin Argentina señaló que existían vías técnicamente mucho más razonables para justificar la tenencia de activos digitales acumulados años atrás, sin necesidad de recurrir al relato de las operaciones anónimas en cuevas o estaciones de trenes.
“Le hubiese convenido decir que tenía una granja minera o que cobró servicios al exterior”, advirtió Mathey. “En aquella época, adquirir equipos de minería no requería una inversión astronómica y era una forma genuina de que te cayeran Bitcoins a tu monedero a través de fuerza computacional, sin depender de un intermediario sospechoso. O bien declarar que vendió servicios profesionales afuera y le pagaron en cripto cuando todavía la moneda valía muy poco”.
A pesar de que el universo cripto preserva el seudónimato de los usuarios, Mathey remarcó que la red de Bitcoin es un libro contable público, transparente e inalterable. La presentación de las llaves privadas ante la Justicia no valida automáticamente el origen legítimo de los fondos, pero sí le otorga a la Fiscalía una herramienta matemática de auditoría irrefutable.
“Un analista de la blockchain puede tomar esa llave, viajar hacia atrás en el tiempo y verificar cada transacción: en qué momento se hizo, qué cantidad se movió y cuánto valía el Bitcoin ese día exacto”, explicó el especialista.
En ese sentido, concluyó que la justificación del funcionario dependerá de una coincidencia matemática estricta: “Para armar una coartada sólida, todos los registros tienen que coincidir perfectamente entre el precio de compra, el momento de salida y el valor de mercado en esa fecha. La blockchain permite certificar si efectivamente existió esa capitalización o si los números no cierran”.
