A menos de un mes de que cientos de miles de veraneantes lleguen a las costas de Pinamar y de Villa Gesell, una situación que multiplicará la producción de residuos, la guerra judicial entre la firma Ecoplata y la municipalidad de General Madariaga sumó una batalla: la Cámara de Mar del Plata concedió la apelación del fallo que le devolvía a la firma la operación del predio de disposición final de residuos y se abre un nuevo escenario.
INFOCIELO dio cuenta de cada una de las etapas del conflicto, que se inició cuando la municipalidad de Madariaga, a cargo del radical Carlos Santoro, corrió de la operación del basural local a la firma Ecoplata, mediante una medida cautelar dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo de Dolores, Marcelino Escobar.
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El argumento de Madariaga, convalidado por el OPDS, organismo ambiental de la Provincia, fue la falta de obras para prevenir daño al medioambiente. Pero nada dijo respecto del ahogo económico que esa comuna, en asociación con Villa Gesell y Pinamar, provocó a la empresa operadora -al no aplicar las cláusulas de actualización de las tarifas, contempladas en el contrato-, que no tenía cómo afrontar los gastos que las tareas de remediación demandaban.
Ecoplata apeló el fallo de Escobar y obtuvo una sentencia a favor de la Cámara marplatense, cuyo contenido fue verdaderamente explosivo: cuestionó la intervención del Fiscal de Estado en el proceso y advirtió sobre una “oscura intención estatal de apoderarse del establecimiento comercial de Ecoplata S.A. y de la familia Tiberio sin abonar indemnización alguna y sin que exista expropiación”.
El fiscal de Estado apeló el fallo de la Cámara, que admitió el recurso con carácter suspensivo, con lo cual, a dos meses de recobrar el control del Predio, Ecoplata deberá cederlo nuevamente a la Municipalidad, que, como constató el propio OPDS, en casi un año, tampoco llevó a cabo acciones para remediar el daño ambiental.
Ahora la cuestión quedó en manos de la Suprema Corte bonaerense, que debe decidir si acepta la apelación o no. Hay dos datos que revelan que las probabilidades están en contra de la municipalidad de Madariaga: el primero tiene que ver con que el Máximo Tribunal no discute medidas cautelares, para evitar una innecesaria sobrecarga de tareas.
El segundo es de lectura fina: la Corte le dio un lugar en el apartado de sentencias destacadas de su situio web institucional al fallo de la Cámara de Apelaciones que cuestionó a la municipalidad de Madariaga y al Fiscal de Estado, con lo cual lo puso en la vidriera del Poder Judicial de la Provincia. Un gesto político con la marca registrada del tribunal que encabeza Eduardo De Lázzari.
Los intendentes de Villa Gesell, Pinamar y de Madariaga tienen sus ojos puestos en lo que decida el Tribunal. Si acepta estudiar la cuestión, los efectos suspensivos de la apelación garatizarán por largos meses la operación del predio por parte de la comuna de Madariaga. Si lo rechaza de plano, quedará firme la cautelar marplatense.
Ecoplata ya intimó a los distritos que depositan residuos en su predio para que abonen las tarifas correspondientes, e incluso puso límites en los horarios de operación para alivianar costos que no puede afrontar en un contexto de ahogo financiero por la falta de pago de los servicios. Si esa situación se agudiza, Villa Gesell y Pinamar pueden afrontar problemas de higiene ambiental en plena temporada.
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