Ante las versiones de que se reflotó el proyecto de ley de sucesión notarial, que permitiría a los deudos realizar una sucesión de bienes de manera extrajudicial, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) manifestó su rechazó y señaló que es “absolutamente inconstitucional”.
En diálogo con LA CIELO FM 103.5, el prosecretario del COLPROBA Juan Pablo Cremonte señaló que en caso de aprobarse la iniciativa “el escribano en su carácter de oficial público se estaría arrogando la potestad de poder administrar justicia, cuando en realidad corresponde a un juez por cuestiones normativas y judiciales. Lo dice nuestra constitución, leyes nacionales y provinciales”.
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“El proceso sucesorio debe iniciarse en un juzgado, donde el director del proceso es un juez, quien va a determinar la calidad de herederos de quienes se presenten a la sucesión. Con este proyecto todo lo debería hacer el escribano, lo que atenta contra la seguridad del proceso”, añadió el abogado.
En ese sentido, explicó que “hay un procedimiento totalmente arreglado y que funciona en la Provincia”, y donde la seguridad jurídica está garantizada por la intervención de un juez, el Ministerio Público e incluso agentes fiscales que ofician de contralor respecto a los bienes.
Cremonte: “Es falso que sea más rápido y menos costoso”
Una de las principales justificaciones que tiene el proyecto, es que mejoraría la velocidad de finalización del trámite judicial, y abarataría los costos burocráticos. Sin embargo, desde el COLPROBA señalaron a LA CIELO que “esto no es así. En el marco de un proceso sucesorio hay que respetar plazos sí o sí, como los edictos. No tendría mayor celeridad”.
“En cuanto a los costos, lo que argumentan es que no se pagarían tasas de justicia. Pero sí se incrementan por el honorario propio del escribano. El acta notarial implica un costo, y después en la partición de bienes el escribano también cobraría un honorario, así que lo que se saca por un lado se suma por el otro”, insistió el representante de los abogados.
Cremonte remarcó que se trata de un proyecto que va en contra de la Constitución Nacional. “Para aplicarlo habría que modificarla junto con leyes nacionales y provinciales, así como también la reforma de ocho artículos del código civil del 2015”, afirmó.
“Yo entiendo que es un proyecto que nació muerto en función de la implicancia que tiene y las reformas que hay que hacer tanto de la Constitución Nacional, normas nacionales y provinciales”, dijo Juan Pablo Cremonte.
Y concluyó: “Preocupa que el notariado sistemáticamente presente proyectos en función de poder hacer las sucesiones notariales con pequeñas modificaciones. Los escribanos pretenden arrogarse la potestad de administrar justicia, cuando no la tienen”.
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