La agenda legislativa sumó en las últimas horas un nuevo proyecto vinculado a uno de los reclamos recurrentes en materia institucional: la transparencia del Estado y el acceso a la información pública.
La iniciativa fue presentada en el Senado provincial por Juan Manuel Rico Zini, acompañado por sus pares del bloque PRO, y propone actualizar el marco normativo vigente en la provincia de Buenos Aires mediante la derogación de la Ley 12.475, sancionada en el año 2000, para adecuarla a los estándares fijados por la legislación nacional y los principios de gobierno abierto.
El corazón del proyecto pasa por establecer que toda información en poder del Estado debe presumirse pública, salvo las excepciones taxativamente previstas por ley. Bajo ese criterio, cualquier persona —sin necesidad de justificar motivos ni acreditar interés particular— podrá requerir datos, documentos o registros en poder de organismos públicos.
PUNTOS CLAVE DE LA INICIATIVA
Uno de los puntos centrales es el plazo de respuesta. La propuesta fija un máximo de 15 días hábiles para contestar los pedidos, con posibilidad de una prórroga excepcional por otros 15 días cuando existan dificultades razonables para reunir la documentación solicitada.
Además, incorpora el criterio de “silencio negativo”: si el organismo no responde dentro del plazo establecido, la falta de contestación será considerada una denegatoria, habilitando al solicitante a recurrir directamente a la Justicia por la vía del amparo.
En términos políticos, la iniciativa busca ampliar el universo de sujetos obligados a rendir cuentas. No solo alcanzará a los tres poderes del Estado, sino también a empresas con participación estatal, concesionarias de servicios públicos, contratistas, universidades provinciales, sindicatos y entidades privadas que administren o reciban fondos públicos.
La transparencia activa aparece como otro de los ejes fuertes del texto. En caso de avanzar, los organismos deberán publicar de manera permanente y en formatos abiertos información vinculada a:
- presupuesto y ejecución del gasto,
- sueldos de funcionarios y personal,
- licitaciones y contrataciones,
- transferencias de fondos,
- declaraciones juradas,
- auditorías e informes de gestión.
El proyecto también contempla sanciones para funcionarios o agentes que obstaculicen el acceso a la información, la entreguen de forma incompleta o nieguen injustificadamente los pedidos, conductas que pasarían a ser consideradas falta grave.
Dentro de los fundamentos, los autores remarcan que la intención es alinear la normativa bonaerense con la Ley Nacional 27.275, reforzar la participación ciudadana y consolidar herramientas de control sobre la administración pública.
La propuesta ya quedó incorporada al circuito parlamentario y deberá comenzar su recorrido por las comisiones del Senado, siempre y cuando se puedan conformar a la brevedad, dado que dicha conformación está trabada por la rosca entre los espacios que no se ponen de acuerdo para decidir las autoridades.
