A las pocas horas de que el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca instalara boyas de monitoreo ambiental, un grupo de trabajadores que se dedican a la pesca artesanal se manifestó en el acceso a la terminal por los índices de contaminación del estuario.
Si bien la colocación de los dispositivos tiene como objetivo medir las condiciones del agua, viento y aire del sector, y a partir de esos resultados poder tomar decisiones, los reclamos llevan más de una década y llegaron incluso a la represión policial en el 2009.
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Los trabajadores exigen que se acate un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, que ratificó un informe de la UBA sobre la presencia de metales pesados en el espejo de agua, y que insta a convocar a una reunión a las empresas que fueron denunciadas por contaminar, como Profertil, Solvay, Cargill y Mega, entre otras radicadas en Bahía Blanca.
De ese encuentro, deberán participar también los propios pescadores, el Consorcio, el municipio, y organismos provinciales como el OPDS y la Autoridad del Agua.
El estudio académico fue lapidario: “La presencia de metales pesados hallados en especies del ecosistema marino de la ría de Bahía Blanca y bioacumulados en el tejido muscular y en partes comestibles de las especies analizadas indican que las especies ‘no son aptas para el consumo humano’ ya que las mismas superan los niveles permitidos de cadmio, cromo, cobre, y plomo por el código alimentario para estas especies. El contenido de estas sustancias en especies de explotación comercial, tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo, o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio. Ambos metales se hallaron en especies de importancia comercial … en valores que “superan 10 y 40 veces” respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano de estos productos”.
La resolución judicial fue en el 2018, pero pasado un año y medio, aún no hubo encuentros entre todos los actores mencionados. Por eso, los pescadores pretenden una reunión con el presidente portuario Federico Susbielles, para que tome la iniciativa de citar principalmente a las firmas que operan en la terminal.
El problema es crónico y casi irreversible. Ambientalistas aseguran que prácticamente con los permisos que tienen las compañías y la vista gorda de las autoridades, es imposible la convivencia entre un polo petroquímico y la pesca artesanal.
De hecho, se prepara allí una inversión de más de 25 millones de dólares para remodelar y modernizar las dos postas inflamables donde atracan los buques con combustibles.
Pero no es sólo un conflicto que apunta a los privados. El estado también presenta falencias en forma sostenida. Primero fue la gestión Scioli, que prometió obras que nunca se hicieron. Y luego, en ese mismo 2018, el intendente Héctor Gay garantizó avances en la construcción de la planta depuradora de líquidos cloacales que estaba a medio hacer. En 2019, ya derrotada en las PASO, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal llegó a la ciudad para dejarla inaugurada.
El nuevo sistema tendría la capacidad de separar elementos contaminantes de las aguas que van a parar al estuario, y trataría un promedio de 1800 m3 de líquidos por hora que llegan a través del 75 % de las conexiones de la ciudad. Al final del proceso, el agua que sería volcada a la ría cumpliría sobradamente con los parámetros de la normativa vigente.
Sin embargo, con la victoria de Axel Kicillof, el nuevo subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Guillermo Jelinski, indicó en marzo de este año que la obra no estaba terminada. En ese contexto, acusó al jefe comunal y a la ex mandataria de hacer una falsa inauguración de campaña y prometió su finalización.
“La planta depuradora cloacal no está completa, pero a mitad del mes que viene tenemos planeado finalizarla. Hay muchas cuestiones que estaban terminadas pero no funcionaban, así como cosas que faltaban completamente. También había una deuda importante de dinero con la empresa constructora”, dijo a la prensa.
El ente público encargado de analizar el vertido es el Comité Técnico Ejecutivo, tanto los originados por las empresas como los efluentes cloacales, y es quien debe implementar los medios para reducir las concentraciones de agentes contaminantes que resulten comprometedores.
Se monitorean diversos parámetros para asegurar que esas descargas cumplan con los límites establecidos por la legislación en vigencia: Ley 5965 (Decreto 3970/90, Resolución 336/03) y Ordenanza Municipal 8862.
No obstante, es blanco de críticas y sospechas desde su conformación, ya que la mayoría de las veces que anuncia infracciones por fugas o sucesos semejantes, asegura que las cantidades no son nocivas para la población.
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