El gobierno de Mauricio Macri anunció suspenderá para su “evaluación y eventual modificación” la resolución mediante la que hace apenas 4 días eliminó la tarifa social, que protege con descuentos de hasta el 40 por ciento a los usuarios que se encontraran dentro de un rango de consumo de entre 150 y 200 kw/h por mes y acreditaran una situación de vulnerabilidad económica.
Mediante un escueto comunicado, el Ministerio de Hacienda, que asume competencias del de Energía, comunicó que “suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122/2018” para “su evaluación y eventual modificación”, a partir de un pedido de las provincias.
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La resolución suspendida eliminaba el beneficio y lo declaraba “aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Eso, en los hechos, significaba que las provincias debían susbsidiar a quienes no pudieran pagar las tarifas.
En el caso de Buenos Aires, se estima que el 24 por ciento de los usuarios goza del beneficio, en tanto que en el Conurbano esa cifra trepa a 28. Para las arcas bonaerenses implicaba un impacto demoledor, toda vez que se debe sumar al traspaso del sistema de transporte que implicará unos 25 mil millones extra para el próximo presupuesto.
Más allá de lo que se defina respecto de la tarifa social, en la Provincia se vienen aumentos del 30 por ciento a partir de los consumos de septiembre, que promediará un 30 por ciento para los usuarios residenciales. Vale recordar que las distribuidoras del interior acumulan desde la llegada de Cambiemos al poder un 500 por ciento de aumento, en tanto que para el caso de la platense EDELAP el porcentaje se acerca a 1.000. Sólo resta la firma del ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, para que se sume un 30 por ciento más.
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