El atentado contra Cristina Kirchner no fue un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un camino de violencia simbólica y política de años.
“La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie”, dijo el presidente en aquel momento.
Algunas de las muestras más visibles de la violencia política de los últimos tiempos se dieron durante la pandemia, específicamente cuando regía la cuaerentena, donde múltiples ciudadanos amparados bajo el lema de la “libertad” salieron a las calles con carteles de ataque contra la vicepresidenta y dirigentes del gobierno, incluso hasta hicieron quemas de barbijos en rebeldía por las medidas sanitarias.
En esas manifestaciones, trabajadores de prensa de diferentes medios fueron atacados por los manifestantes, varios de ellos identificados como partidarios del diputado liberal Javier Milei.
En la provincia, uno de los episodios más cercanos fueron el balazo contra la Municipalidad de Coronel Rosales o las amenzas de muerte que recibió el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.
En la Provincia hay penosos antecedentes de ataques certeros: todos ellos en Bahía Blanca. A modo de repaso, cabe recordar el atentado contra un local de La Cámpora el 25 de mayo de 2021, el hecho fue atribuido a una organización que dejó flyers críticos con la dirigencia política, acusada de corrupción y de destruir a la economía. También consignas antiaborto, anti educación sexual y de traición a la patria.
En la misma localidad del sur bonaerense a fines de 2021 también se produjo un ataque a mapuches y amenazas a políticos, sindicalistas y feministas por parte de un comando filo nazi. En ese momento, la referente de la comunidad Ruka Kimun, Olga Curipán, denunció un atentado con bomba molotov hacia una comunidad mapuche.
Uno de los atentados en Bahía Blanca.
A ello se agrega que en los primeros días del 2022, también en Bahía Blanca, un grupo atentó directamente contra la casa del director de la Región Sanitaria, Maximiliano Núñez Fariña. En el lugar fueron arrojados también panfletos firmados por el Comando de Restauración Nacional “Mohamed Alí Seineldín”, en contra del pase sanitario y amenazantes contra profesionales de la salud, no sólo que trabajan en el marco de la pandemia sino hacia quienes realizan abortos de forma legal.
Otro caso cercano ocurrió hace menos de un mes, cuando Sergio Massa llegó a la Casa Rosada para asumir como ministro de Economía: allí un grupo de manifestantes identificados como “libertarios” lo esperaron y procedieron a atacar la camioneta en la que el ministro se trasladaba y a los periodistas que estaban trabajando en el lugar.
El atentado contra Cristina Kirchner no fue un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un camino de violencia simbólica y política de años.
Otros casos de violencia explícita se dieron en debates fuertes, como la represión durante el debate de la reforma previsional en 2018 o los propios por la legalización del aborto también en 2018 y luego en 2020, donde hubo ataques de ataques físicos y simbólicos.
Todo ese caldo de cultivo terminó con un resultado tremendo: un intento de asesinato a una dirigente política que fue dos veces presidenta y ejerce un altísimo cargo en el Poder Ejecutivo y Legislativo a pesar de que hace 40 años la sociedad argentina dijo “Nunca más”.
