Las autoras de la investigación son las licenciadas en Ciencias Políticas Denise Sanviti y Yohana Solis, quienes explican que recopilaron información estadística, datos oficiales y relatos de sobrevivientes de violencia de género que fueron violentadas con el uso de armas de fuego.
“De esta forma queremos entender qué hay detrás de la violencia, más allá de los números. Porque detrás de un número, hay un nombre, una historia, una injusticia”, afirman.
El año pasado, las víctimas directas de femicidas asesinadas con armas ligeras y pequeñas fueron el 25% de los 251 casos relevados por el Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia (Rnfja), el único oficial.
El Rnfja “posiciona a la Argentina en una ventaja comparativa ya que permite la sistematización de los datos en torno a los feminicidios a nivel nacional y su vinculación directa e indirecta sobre los medios utilizados para perpetuarlos y las circunstancias de las víctimas y sus agresores, tanto como el vínculo que las unía”, destacan las autoras.
“Si nos enfocamos en los datos respecto al empleo de armas pequeñas y ligeras en estos feminicidios, se puede apreciar el aumento del 18% en el año 2020 al 25% en el año 2021”, destacan las investigadoras.
Otro dato relevante es que “1 de cada 9 femicidios fueron cometidos por algún sujeto perteneciente a alguna fuerza de seguridad, número que podría ser mayor, ya que hay casos que no cuentan con información respecto a la ocupación del agresor”.
Hay constancia de que 13 femicidas usaron sus armas reglamentarias y que al menos 8 de los 25 agentes de seguridad que cometieron los crímenes se suicidaron inmediatamente después de ellos, resalta el estudio.
Las profesionales también relevaron que “en el último trimestre del 2021, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) recibió 3.326 oficios sobre violencia de género y/o familiar, de los cuales 1.812 informes quedaron sin clasificar, lo que representa más del 50% de los oficios recibidos”.
La ANMaC recibe las denuncias judiciales para inhabilitar en el uso de armas a portadores violentos y no darles permisos de portación a quien lo solicite teniendo una causa por violencia de género.
El organismo está dentro del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, con el objetivo de “incorporar la perspectiva de género y diversidad al desarme voluntario de la sociedad civil por la estrecha relación entre la tenencia/disponibilidad de armas de fuego y los femicidios, travesticidios y transfemicidios”, se lee en la web oficial de la iniciativa.
También existen normativas dentro de las fuerzas de Seguridad con el objetivo de restringir la tenencia, portación y transporte de armas de dotación a efectivos denunciados por violencia de género y/o intrafamiliar, se crearon espacios tales como los Centros Integrales de Género en las cuatro fuerzas federales y se impulsaron programas de masculinidades y capacitaciones en género.
El documento suma al análisis la masculinización del uso de las armas de fuego: en Argentina el 99% de los usuarios registrados para portarlas son varones, y sólo el 1% son mujeres.
“La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el ‘estado policial’, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista, él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar. En algunas policías la normativa restringe la portación si el funcionario fue denunciado por violencia machista, pero muchas veces no existe una denuncia previa formal”, se analiza en el documento.
Y añade que “a la portación del arma reglamentaria sin restricción alguna se suma la complicidad entre efectivos, impactando así dichos factores en la decisión y la posibilidad misma de las víctimas de denunciar a su victimario”.
Al respecto, las profesionales creen que “es fundamental que se revisen y se profundicen los requisitos que se imponen a quienes aspiran a portar legalmente un arma de fuego, de modo que ya no resulte suficiente la ausencia de antecedentes penales – traducidos en una condena-, sino que se exija la inexistencia de denuncias por violencia intrafamiliar o de género, aunque en tales hechos no se hayan utilizado armas de fuego “.
Las autoras dicen que “debe incentivarse el desarme con estímulos que resulten atractivos para aumentar su efectividad, tales como la facilidad en la tramitación que se exige y una compensación económica significativa”.
“Es que si un 25% de la totalidad de los hechos registrados el año pasado fue cometido mediante el uso de armas de fuego, y siendo de público conocimiento la estimación de la cantidad que circula ilegalmente, propiciar el desarme debería ser una acción prioritaria y sostenida”, concluyeron.
Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.
