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Señores jefes de Estado; su Alteza Real; señores jefes de Gobierno; señores representantes de gobiernos extranjeros; señores invitados especiales que nos honran con sus presencias en este lugar; señores miembros del Congreso reunidos en Asamblea; ciudadanas y ciudadanos presentes; querido pueblo argentino: en este acto, que en los términos del artículo 93 de la Constitución de la Nación tiene por finalidad la toma de posesión del cargo de Presidente de la Nación Argentina para el que he sido electo, creo que es necesario poder compartir con ustedes algunas reflexiones expresando los objetivos de Gobierno y los ejes directrices de gestión para que el conjunto de la sociedad argentina sepa hacia donde vamos y cada uno pueda, a su vez, aportar su colaboración para la obtención de los fines que los argentinos deberemos imponernos por encima de cualquier divisa partidaria.

Es que nos planteamos construir prácticas colectivas de cooperación que superen los discursos individuales de oposición. En los países civilizados con democracias de fuerte intensidad, los adversarios discuten y disienten cooperando. Por eso los convocamos a inventar el futuro.

Venimos desde el Sur del mundo y queremos fijar, junto a ustedes, los argentinos, prioridades nacionales y construir políticas de Estado a largo plazo para de esa manera crear futuro y generar tranquilidad. Sabemos adonde vamos y sabemos adonde no queremos ir o volver.

El 27 de abril, las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra patria, en ejercicio de la soberanía popular, se decidieron por el avance decidido hacia lo nuevo, dar vuelta una página de la historia. No ha sido mérito de uno o varios dirigentes, ha sido, ante todo, una decisión consciente y colectiva de la ciudadanía argentina.

El pueblo ha marcado una fuerte opción por el futuro y el cambio. En el nivel de participación de aquella jornada se advierte que pensando diferente y respetando las diversidades, la inmensa y absoluta mayoría de los argentinos queremos lo mismo aunque pensemos distinto. No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolor, enfrentamientos, energías mal gastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí.

En esas condiciones, debe quedarnos absolutamente claro que en la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio.

Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, ésta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro.

No debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber elegido un nuevo Gobierno. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral sino, por el contrario, de lo que se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia de un país.

A comienzos de los 80, se puso el acento en el mantenimiento de las reglas de la democracia y los objetivos planteados no iban más allá del aseguramiento de la subordinación real de las Fuerzas Armadas al poder político. La medida del éxito de aquella etapa histórica, no exigía ir más allá de la preservación del Estado de derecho, las continuidad de las autoridades elegidas por el pueblo. Así se destacaba como avance significativo y prueba de mayor eficacia la simple alternancia de distintos partidos en el poder.

En la década de los 90, la exigencia sumó la necesidad de la obtención de avances en materia económica, en particular, en materia de control de la inflación. La medida del éxito de esa política, la daba las ganancias de los grupos más concentrados de la economía, la ausencia de corridas bursátiles y la magnitud de las inversiones especulativas sin que importara la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo.

Así, en una práctica que no debe repetirse, era muy difícil de distinguir la solución pragmática de la cirugía sin anestesia. Se intentó reducir la política a la sola obtención de resultados electorales; el Gobierno, a la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder económico con amplio eco mediático, al punto que algunas fuerzas políticas en 1999, se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses. El resultado no podía ser otro que el incremento del desprestigio de la política y el derrumbe del país.

En este nuevo milenio, superando el pasado, el éxito de las políticas deberá medirse bajo otros parámetros en orden a nuevos paradigmas. Debe juzgárselas desde su acercamiento a la finalidad de concretar el bien común, sumando al funcionamiento pleno del Estado de derecho y la vigencia de una efectiva democracia, la correcta gestión de gobierno, el efectivo ejercicio del poder político nacional en cumplimiento de trasparentes y racionales reglas, imponiendo la capacidad reguladora del Estado ejercidas por sus organismos de contralor y aplicación.

El cambio implica medir el éxito o el fracaso de la dirigencia desde otra perspectiva. Discursos, diagnósticos sobre la crisis no bastarán ni serán suficientes. Se analizarán conductas y los resultados de las acciones. El éxito se medirá desde la capacidad y la decisión y la eficacia para encarar los cambios.

Concluye en la Argentina una forma de hacer política y un modo de cuestionar al Estado. Colapsó el ciclo de anuncios grandilocuentes, grandes planes seguidos de la frustración por la ausencia de resultados y sus consecuencias: la desilusión constante, la desesperanza permanente.

En esta nueva lógica, que no sólo es funcional sino también conceptual, la gestión se construye día a día en el trabajo diario, en la acción cotidiana que nos permitirá ir mensurando los niveles de avance. Un gobierno no debe distinguirse por los discursos de sus funcionarios, sino por las acciones de su equipos.

Deben encararse los cambios con decisión y coraje, avanzando sin pausas pero sin depositar la confianza en jugadas mágicas o salvadoras ni en genialidades aisladas. Se trata de cambiar, no de destruir; se trata de sumar cambios, no de dividir. Cambiar importa aprovechar las diversidades sin anularlas. Se necesitará mucho trabajo y esfuerzo plural, diverso y transversal a los alineamientos partidarios. Hay que reconciliar a la política, a las instituciones y al Gobierno con la sociedad.

Por eso, nadie piense que las cosas cambiarán de un día para otro sólo porque se declamen. Un cambio que pueda consolidarse necesitará de la sumatoria de hechos cotidianos que en su persistencia derroten cualquier inmovilismo y un compromiso activo de la sociedad en ese cambio.

Ningún dirigente, ningún gobernante, por más capaz que sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía dispuesta a participar activamente de ese cambio. Desarmado de egoísmos individuales o sectoriales, la conciencias y los actos deben encontrarse en el amplio espacio común de un proyecto nacional que nos contenga, un espacio donde desde mucha ideas pueda contribuirse a una finalidad común.

En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo, no es un problema de nacionalismo ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso con la Nación.

Basta ver como los países más desarrollados protegen a sus trabajadores, a sus industrias y a sus productores. Se trata, entonces, de hacer nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que su padres, sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo.

Para eso es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal, en que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política.

Por supuesto no se trata de poner en marcha, una vez más, movimientos pendulares que vayan desde un Estado omnipresente y aplastante de la actividad privada a un Estado desertor y ausente, para retornar continuamente de extremo a extremo, en lo que parece ser una auténtica manía nacional que nos impide encontrar los justos, sensatos y necesarios equilibrios.

Se trata de tener lo necesario para nuestro desarrollo, en una reingeniería que nos permita constar con un Estado inteligente. Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan cambiar nuestra realidad actual para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, más madura y más justa. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona.

Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores. Actuaremos como lo que fuimos y seguiremos siendo siempre: hombres y mujeres comunes, que quieren estar a la altura de las circunstancias asumiendo con dedicación las grandes responsabilidades que en representación del pueblo nos confieren.

Estamos dispuestos a encarar junto a la sociedad todas las reformas necesarias y para ello también utilizaremos los instrumentos que la Constitución y las leyes contemplan para construir y expresar la voluntad popular.

Vamos a apoyarnos en la Constitución para construir una nueva legitimidad de las leyes, que vaya más allá de la prepotencia del más fuerte. Un Estado no puede tener legitimidad si su pueblo no ratifica el fundamento primario de sus gobernantes. De la misma manera que luchamos contra la pobreza económica tendremos una conducta sin dobleces para impedir la pobreza cívica. Sólo cuando el Gobierno se desentiende del pueblo es que toda la sociedad empobrece, no sólo económicamente sino moral y culturalmente.

Somos conscientes de que ninguna de esas reformas serán productivas y duraderas si no creamos las condiciones para generar un incremento de la calidad institucional. La calidad institucional supone el pleno apego a las normas y no una Argentina que por momentos aparece ante el mundo como un lugar donde las violación de las leyes no tiene castigo legal ni social. A la Constitución hay que leerla completa. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder o dinero.

No habrá cambio confiable si permitimos la subsistencia de ámbitos de impunidad. Una garantía de que la lucha contra la corrupción y la impunidad será implacable, fortalecerá las instituciones sobre la base de eliminar toda posible sospecha sobre ellas.

Rechazamos de plano la identificación entre gobernabilidad e impunidad que algunos pretenden. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de impunidad. Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de acuerdos oscuros, manipulación política de las instituciones o pactos espurios a espaldas de la sociedad.

Este combate es una tarea conjunta del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, pero también de la sociedad porque no podemos ignorar que es de esa misma sociedad de donde provienen los hombres y mujeres que integran las instituciones públicas y privadas.

Cambio responsable, calidad institucional, fortalecimiento del rol de las instituciones con apego a la Constitución y a la ley y fuerte lucha contra la impunidad y la corrupción deben presidir no sólo los actos del Gobierno que comenzaremos sino toda la vida institucional y social de la República.

Queremos ser la generación de argentinos que reinstale la movilidad social ascendente, pero que también promueva el cambio cultural y moral que implica el respeto a las normas y las leyes. En este marco conceptual queremos expresar los ejes directrices en materia de relaciones internacionales, manejo de la economía, los procesos de la salud, la educación, la contención social a desocupados y familias en riesgo y los problemas que plantean la seguridad y la justicia en una sociedad democrática.

Profundizar la contención social de las familias en riesgo, garantizando subsidios al desempleo y asistencia alimentaria, consolidando una verdadera red federal de políticas sociales integrales para que quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza puedan tener acceso a la educación, la salud pública y la vivienda.

Reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la República Argentina requiere comprender que los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales sino desde las políticas económicas. Sabemos que hay que corregir errores y mejorar métodos en la forma de asignación de la ayuda social. Pero es imprescindible advertir que la tragedia cívica del clientelismo político no es producto de la asistencia social como gestión de Estado, sino de la desocupación como consecuencia de un modelo económico. En nuestro país la aparición de la figura del cliente político es coetánea con la del desocupado. Mientras en la República Argentina hubo trabajo, nadie fue rehén de un dirigente partidario.

Al drama de la desaparición del trabajo y el esfuerzo como el gran articulador social, se sumó el derrumbe de la educación argentina. No hay un factor mayor de cohesión y desarrollo humano que promueva más la inclusión que el aseguramiento de las condiciones de acceso a la educación, formidable herramienta que construye identidad nacional y unidad cultural, presupuestos básicos de cualquier país que quiera ser Nación.

Una sociedad como la que queremos promover debe basarse en el conocimiento y en el acceso de todos a ese conocimiento. La situación de la educación argentina revela dos datos vinculados a su problema central, que es la calidad de la enseñanza. Por un lado, una creciente anarquía educativa, y por el otro, la crisis de los sistemas de formación docente.

Ambos afectan severamente la igualdad educativa. El último sistema nacional de formación docente fue el de nuestras viejas y queridas maestras normales. riticado por enciclopedista, memorista y repetitivo, pero nuestra generación fue la última formada en esa escuela pública y la calidad de la educación era superior a la que hoy tenemos.

Aquel viejo sistema no fue suplantado por otro. Por si esto fuera poco se le agregó con muy buena intención, pero con resultado dudoso, lo que quiso ser la federalización de la educación que trató de lograr autonomía, objetivo con el que estamos de acuerdo, pero se terminó en un grado cierto de anarquía en los contenidos curriculares y en los sistemas funcionales. La igualdad educativa es para nosotros un principio irrenunciable no sólo como actitud ética, sino esencialmente como responsabilidad institucional. Debemos garantizar que un chico del Norte argentino tenga la misma calidad educativa que un alumno de la Capital Federal.

Es correcto que las provincias dirijan y administren el sistema de prestación del servicio educativo, pero el Estado nacional debe recuperar su rol en materia de planificación, contenidos de la educación y sistemas de formación y evaluación docente. Garantizar la igualdad educativa de norte a sur es aportar a la formación de una verdadera conciencia e identidad nacional.

En el campo de la salud, el Estado asumirá un rol articulador y regulador de la salud pública integral sumando los esfuerzos de los subsectores públicos provinciales y nacionales, privados y de obras sociales, orientado a consolidar las acciones que posibiliten generar accesibilidad a las prestaciones médicas y a los medicamentos para toda la población.

La Ley de prescripción por el nombre genérico de los medicamentos recientemente reglamentada, será aplicada con todo el vigor, y el Programa Remediar, de gratuita distribución de medicamentos ambulatorios, continuará. Es objetivo de gobierno concretar un Sistema Nacional de Salud, que se consolidará en una red en la que el hospital público será un eje referencial, con los demás centros de salud, públicos o privados, para ser pilares estratégicos de la atención primaria de salud, integrándose con las políticas de contención social para avanzar en la tarea de prevención.

El objetivo de dar salud a los argentinos impone que se asuman políticas de Estado que sean impermeables a las presiones interesadas, por poderosas que sean, provengan de donde provengan. Entre los fundamentales e insustituibles roles del Estado ubicamos los de ejercer el monopolio de la fuerza y combatir cualquier forma de impunidad del delito, para lograr seguridad ciudadana y justicia en una sociedad democrática en la que se respeten los derechos humanos.

El cumplimiento estricto de la ley que exigiremos en todos los ámbitos debe tener presente las circunstancias sociales y económicas que han llevado al incremento de los delitos en función directa del crecimiento de la exclusión, la marginalidad y la crisis que recorren todos los peldaños de las sociedad.

Pero también hay que comprender que, como sociedad, hace tiempo que carecemos de un sistema de premios y castigos. En lo penal, en lo impositivo, en lo económico, en lo político, y hasta en lo verbal, hay impunidad en la Argentina. En nuestro país, cumplir la ley no tiene premio ni reconocimiento social.

En materia de seguridad no debe descargarse sólo sobre la policía la responsabilidad de la detección de las situaciones de riesgo que sirve de base al desarrollo de la delincuencia. Son el Estado y la sociedad en su conjunto los que deben actuar participativa y coordinadamente para la prevención, detección, represión y castigo de la actividad ilegal.

Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe y horizontes para la juventud, con impunidad e irresponsabilidad, siempre será escenario de altos niveles de inseguridad y violencia. Una sociedad dedicada a la producción y proveedora de empleo dignos para todos resultará un indispensable apoyo para el combate contra el delito.

Para comprender la problemática de la seguridad encontramos soluciones que no sólo se deben leer en el Código Penal, hay que leer también la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 14 bis, cuando establecen como derechos de todos los habitantes de la Nación el derecho al trabajo, a la retribución justa, a las condiciones dignas y equitativas de labor, a las jubilaciones y pensiones móviles, al seguro social obligatorio, a la compensación económica familiar y al acceso a una vivienda digna, entre otros.

El Estado debe ser esclavo de la ley para enfrentar el delito, pero no puede aceptar extorsiones de nadie, ni de quienes aprovechan una posición de fuerza en cualquiera de los poderes del Estado o en la economía, ni de quienes usan la necesidad de los pobres para fines partidistas. La paz social, el respeto a la ley, a la defensa de la vida y la dignidad son derechos inalienables de todos los argentinos. El delito es delito, sea de guante blanco, sea de naturaleza común, sea de mafias organizadas.

Gobernabilidad es garantizar la prestación de un servicio de justicia próximo al ciudadano, con estándares de rendimiento, de eficiencia y de equidad que garanticen una real seguridad jurídica para todos los habitantes, cualquiera sea su situación económica o social.

En el plano de la economía es donde más se necesita que el Estado se reconcilie con la sociedad. No puede ser una carga que termine agobiando a todas las actividades, ni igualándolas hacia abajo con políticas de ajuste permanente a los que menos tienen.

El objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable, que permita una expansión de la actividad y del empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los últimos años.

El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada quince años, y una distribución tal que asegure una mayor distribución del ingreso y, muy especialmente, que fortalezca nuestra clase media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas.

Para alcanzar tales objetivos respetaremos principios fundamentales que ayuden a consolidar lo alcanzado y permitan los avances necesarios.

La sabia regla de no gastar más de lo que entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, es fundamental.

El país no puede continuar cubriendo el déficit por la vía del endeudamiento permanente ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciéndose correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos.

Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado y eficiente e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaigan allí donde hay real capacidad contributiva.

Mantenimiento del equilibrio fiscal y trajes a rayas para los grandes evasores, en la seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos el resto del país se disciplinará.

Terminaremos con la Argentina donde el hilo se corta por lo más delgado y en eso actuaremos con energía, porque no es posible una economía sin esfuerzo y no alcanzará para ayudar a los desprotegidos si no hay cumplimiento impositivo. Quien no cumple sus obligaciones impositivas les resta posibilidades de ascenso social a los demás. La evasión es la contracara de la solidaridad social que exigiremos.

Debemos asegurar la existencia de un país normal, sin sobresaltos, con el sector público y el sector privado cada uno en sus respectivos roles. Hay que dotar a la República Argentina de buena administración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso social y competitividad.

Con equilibrio fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el mantenimiento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo plazo determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimiento del superávit primario y la continuidad del superávit externo nos harán crecer en función directa de la recuperación del consumo, de la inversión y de las exportaciones.

Sabemos que la capacidad de ahorro local, y, por ende, el financiamiento local, es central en todo proceso de crecimiento sostenido. Ello requiere estabilidad de precios, entidades financieras sólidas y volcadas a prestar al sector privado, personas y empresas, con eficiencia operativa y tasas razonables.

El desarrollo del mercado de capitales con nuevos instrumentos, con transparencia, con seguridad, es fundamental para recuperar la capacidad de ahorro y para alejarnos definitivamente de las crisis financieras internas, que en los últimos 20 años han golpeado fuertemente y por tres veces a los ahorristas y depositantes.

Los fondos externos deben ser complementarios a este desarrollo de los mercados locales y su gran atractivo está ligado a que sean fondos de inversión extranjera directa –inversión productiva-, que no sólo aportan recursos sino también traen aparejado progresos en la tecnología de procesos y productos.

Nuestro país debe estar abierto al mundo, pero abierto al mundo de una manera realista, dispuesto a competir en el marco de políticas de preferencia regional y fundamentalmente a través del Mercosur, y de políticas cambiarias flexibles acordes a nuestras productividades relativas y a las circunstancias del contexto internacional.

El crecimiento requerirá de una demanda creciente que aliente las inversiones, tanto para atender el mercado interno como a las exportaciones. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión.

Precisamente para cumplir con esta idea de consumo en permanente expansión, la capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. Esas tres variables juntas definen la masa de recursos que irán al consumo y al ahorro local y su evolución no puede ser fruto de una fantasía o de puro voluntarismo.

En nuestro proyecto nacional trabajaremos de la única manera seria que es crear un círculo virtuoso donde la masa de recursos crece –crece si la producción crece- y la producción aumenta si también lo hace la masa de recursos.

Avanzaremos simultáneamente en forma cuidadosa y progresiva creando las condiciones para producir más y distribuir lo que efectivamente se produzca.

Nuestras mejores posibilidades se ubican en torno al avance de la calidad institucional en el marco de una economía seria y creíble.

Trabajando en torno a estos principios, sin espectacularidades ni brusquedad en el cambio, seriamente, paso a paso, como cualquier país normal del mundo, podremos cumplir con los objetivos y cumplir hacia adentro y hacia fuera con nuestras obligaciones y compromisos.

Acortando los plazos, el Estado se incorporará urgentemente como sujeto económico activo, apuntando a la terminación de las obras públicas inconclusas, la generación de trabajo genuino y la fuerte inversión en nuevas obras. No se tratará de obras faraónicas, apuntaremos más a cubrir las necesidades de vivienda y de infraestructura en sectores críticos de la economía para mejorar la calidad de vida y a perfilar un país más competitivo, distribuyendo la inversión con criterio federal y desarrollando nuestro perfil productivo.

Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la Argentina, para desmentir con hechos el discurso único del neoliberalismo que las estigmatizó como gasto público improductivo. No estamos inventando nada nuevo, los Estados Unidos en la década del treinta superaron la crisis económica financiera más profunda del siglo que tuvieron de esa manera.

La construcción más intensiva de viviendas, las obras de infraestructura vial y ferroviaria, la mejor y moderna infraestructura hospitalaria, educativa y de seguridad, perfilarán un país productivo en materia de industria agroalimentaria, turismo, energía, minería, nuevas tecnologías, transportes, y generarán nuevos puestos de trabajo genuinos.

Produciremos cambios en el sistema impositivo para tornarlo progresivo, lo que permitirá luego reducir alícuotas en función de la mejora en la recaudación, ampliada como quedará la base imponible y eliminadas que sean las exenciones no compatibles con la buena administración. Eso nos dará solidez y solvencia fiscal.

Forma parte de nuestra decisión cumplimentar con aquello que fue mandato constitucional del ’94 y que lamentablemente hasta hoy no se ha cumplido. Darnos una nueva ley de coparticipación federal no sólo implica nueva distribución y nuevas responsabilidades sino el diseño de un nuevo modelo de país.

No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social.

La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser a advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.

Este modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable y con reglas claras, generará recursos fiscales, solvencia macroeconómica y sustentabilidad fiscal creando las condiciones para generar nuevo y mayor valor agregado, tienen además que permitir negociar con racionalidad para lograr una reducción de la deuda externa.

Este gobierno seguirá principios firmes de negociación con los tenedores de deuda soberana en la actual situación de default, de manera inmediata y apuntando a tres objetivos: la reducción de los montos de la deuda, la reducción de las tasas de interés y la ampliación de los plazos de madurez y vencimiento de los bonos.

Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default. Pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos, o a la salud.

Creciendo nuestra economía crecerá nuestra capacidad de pago.

En materia de defensa, actuaremos con un concepto integral de la defensa nacional, integrando la contribución de la acción de nuestras Fuerzas Armadas en pro del desarrollo, trabajando para su modernización e impulsando la investigación científica tecnológica en coordinación con otros organismos gubernamentales, para que sin apartarse de su actividad principal puedan contribuir al bienestar general de la población.

Queremos a nuestras Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas, prestigiadas por el cumplimiento del rol que la Constitución les confiere y por sobre todas las cosas, comprometidas con el futuro y no con el pasado.

Desde este proyecto nacional la República Argentina se integrará al mundo dando pasos concretos hacia consensos políticos basados en el fortalecimiento del derecho internacional, el respeto a nuestras convicciones, la historia y las prioridades nacionales.

Partidarios hacia la política mundial de la multilateralidad como somos, no debe esperarse de nosotros alineamientos automáticos sino relaciones serias, maduras y racionales que respeten las dignidades que los países tienen.

Nuestra prioridad en política exterior será la construcción de una América Latina políticamente estable, próspera, unida, con bases en los ideales de democracia y de justicia social.

Venimos desde el sur de la Patria, de la tierra de la cultura malvinera y de los hielos continentales y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

EL Mercosur y la integración latinoamericana, deben ser parte de un verdadero proyecto político regional y nuestra alianza estratégica con el Mercosur, que debe profundizase hacia otros aspectos institucionales que deben acompañar la integración económica, y ampliarse abarcando a nuevos miembros latinoamericano, se ubicará entre los primeros puntos de nuestra agenda regional.

Una relación seria, amplia y madura con los Estados Unidos de América y los Estados que componen la Unión Europea, es lo que debe esperarse de nosotros, el estrechamiento de vínculos con otras naciones desarrolladas y con grandes naciones en desarrollo del Oriente lejano y una participación en pro de la paz y la obtención de consenso en ámbitos como la Organización de las Naciones Unidas para que efectivamente se comprometa con eficacia en la promoción del desarrollo social y económico ayudando al combate contra la pobreza.

La lucha contra el terrorismo internacional, que tan profundas y horribles huellas ha dejado en la memoria del pueblo argentino, nos encontrará dispuestos y atentos para lograr desterrarlos de entre los males que sufre la humanidad.

La inserción comercial de la Argentina ocupa un lugar central en la agenda de gobierno. Consolidar la política comercial como una política de Estado permanente que trascienda la duración de los mandatos de gobierno y cuente con la concurrencia del sector privado, de la comunidad académica, de la sociedad civil en general, será un objetivo estratégico de primer orden de esta administración.

Profundizar la estrategia de apertura de mercados, incrementar sustancialmente nuestro intercambio con el resto del mundo, diversificar exportaciones hacia bienes con mayor valor agregado, desconcentrar ventas por destino y multiplicar el número de exportadores de modo que los beneficiarios del comercio exterior se derramen sobre todas nuestras ramas productivas.

La apertura masiva de nuevos mercados exige la negociación simultánea y permanente en todos los foros de negociación que involucren a nuestro país.

Finalmente, no se trata de agotar en estas líneas la totalidad del curso de acción que seguiremos; no creemos en los catálogos de buenas intenciones, queremos expresar el sentido y la dirección de las cosas que haremos. Se trata de abordar de una manera distinta los principales temas identificando adecuadamente los verdaderos problemas de la agenda social con la finalidad que el conjunto sepa cómo ayudar, cómo sumar, cómo ayudar a corregir.

Pensamos el mundo en argentino, desde un modelo propio. Este proyecto nacional que expresamos, convoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los alineamientos partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria.

Sabemos que estamos ante un final de época; atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de tipos y grupos orgánicos con capacidad para la convocatoria transversal en el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes.

Tenemos testimonio de gestión y resultados, somos parte de esta nueva generación de argentinos que en forma abierta y convocante y desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir; para avanzar y no para retroceder. En síntesis, para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos contenga y que nos exprese como ciudadanos.

Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad para que nos hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios para forjar un país en serio, un país normal con esperanza y con optimismo.

Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.

No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que éste, nuestro país, se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no sólo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión.

Con la ayuda de Dios, seguramente se podrá iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social. Poniendo en una bisagra la historia, con mis verdades relativas, en las que creo profundamente pero que sé que se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte.

No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo, en cambio, a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero sé y estoy convencido de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos.

Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero, además, quiero un país más justo.

Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación: la nuestra.

Muchas gracias. ¡Viva la patria!