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El gobierno de la Provincia convocará a intendentes para firmar un convenio en el que se establecerán las pautas de aplicación del Programa Especial de Emergencia Educativa. Será la semana próxima en Merlo. La idea de Axel Kicillof, tal cual lo adelantó ante la Asamblea Legislativa, es mejorar el estado de la infraestructura de las escuelas públicas antes del inicio de clases.

El día D es el 2 de marzo. En esa fecha, casi 2.5 millones de alumnos bonaerenses del sistema de gestión estatal concurrirán a su primer día de clases, en unas 10.600 escuelas de todo el territorio. Un relevamiento llevado a cabo por SUTEBA constató el año pasado que una enorme proporción está en malas condiciones edilicias. Es la tierra arrasada que dejó María Eugenia Vidal.

El 49.8 por ciento tiene “necesidades generales de mantenimiento”, el 35 por ciento tiene problemas en los techos, como filtraciones y roturas; el 19.3 tiene problemas sanitarios; al 21.4 le faltan aulas o edificios; el 12.3 tiene problemas eléctricos; el 6.6 por ciento muestra obras paradas; el 12.3 por ciento tiene faltante de gas y el 52 por ciento necesita mobiliario.

Para el Gobierno bonaerense, la atención está concentrada en 858 establecimientos de 61 distritos que hoy muestran su peor cara. La Plata, Berazategui y Quilmes son los distritos que concentran más obras. Por eso coordinará la aplicación del Programa “Escuelas a la obra”, con recursos provenientes de la Ley de Emergencia, con los intendentes, para resolverlo cuanto antes.

La Ley de Emergencia ya marcó la pauta. Kicillof intentó que el 100 por ciento de los fondos que antes se destinaban a educación con criterios laxos y variables, deban emplearse en la reparación de escuelas de gestión provincial. No es poca plata: de enero a noviembre de 2019 fueron más de 9 mil millones de pesos que llegan desde la Nación.

La idea no prosperó, por la oposición de los propios Jefes Comunales. El criterio de uso del Fondo quedó establecido en la Ley de Presupuesto 2019 y, por ahora, se mantiene inalterable. Al programa de refacción de escuelas lo financiará, entonces, la Provincia, con fondos que vienen de Nación y que se derraman a los municipios.

El tiempo apremia. Desde hoy al comienzo del ciclo lectivo hay exactamente 30 días hábiles. En el Gobierno lo saben: “queremos que en marzo haya una mejora visible en las escuelas”, anticipan. Pero incluso antes de que empiecen las clases se llevará a cabo la negociación paritaria. Y esa es otra urgencia.

Por ahora la Provincia no adelantó cuál será su política salarial. Ni para docentes, ni para estatales. La Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, mantiene periódicamente reuniones con los sindicatos, pero no hay ni señales de una oferta económica. Todo queda supeditado al éxito -o fracaso- de las negociaciones por la deuda externa. Incluso el pago de un bono extraordinario que demandan los gremios.

Se sabe que los salarios docentes arrastran una pérdida de poder adquisitivo de 25 por ciento, y que la oferta que haga el Gobierno deberá equiparar expectativas de inflación de 40 puntos para 2020. Además, la Nación ya adelantó que desistirá de indexar cualquier gasto y se desprende de eso que no habrá “cláusula gatillo”. En la Provincia se regirán por la misma pauta, con lo cual los gremios no tendrán, a priori, “garantías” de que se mantenga el poder adquisitivo de sus salarios.

En la única reunión que mantuvieron hasta ahora con Kicillof, los gremios agradecieron haber sido recibidos y bien tratados por el Gobernador. Fue el 26 de diciembre, en pleno debate por la Ley Impositiva, y ya entonces se habló de la necesidad de consolidar la cláusula gatillo. Sin ir más lejos, los médicos enrolados en CICOP acaban de demandar un 35 por ciento de aumento y la reedición de ese mecanismo para prevenir el deterioro de los sueldos. Fue el primer planteo formal en lo que va del mandato de Kicillof.

Frente a esas dificultades para hablar de sueldos, poder mostrar escuelas seguras no parece poca cosa.