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El femicidio de Lucía Pérez, ocurrido en Mar del Plata 2016, todavía sigue generando repercusiones. Luego de un polémico fallo, el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, pidió el juicio político para los jueces del caso, quienes de alguna forma borraron la perspectiva de género y no hablaron de un crimen por su condición de mujer.

Así, el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia pidió que se lleve adelante un juicio político contra los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata por mal desempeño en sus funciones, al no tener en cuenta la perspectiva de género en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez.

En su pedido oficial al secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, Ulises Gimenez, el Defensor del Pueblo apuntó contra los jueces Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Juan Facundo Gomez Urso, quienes en el juicio por la muerte de la menor en 2016 condenaron por venta de estupefacientes a los imputados pero los absolvieron por abuso sexual y encubrimiento.

“En la sentencia se revelaron estereotipos sexistas y discriminatorios, donde nos encontramos con un juicio sobre la vida de Lucía en lugar de un análisis de la conducta de los acusados. Es un fallo que refleja el mal desempeño de los magistrados porque las normas que protegen los derechos de las mujeres fueron utilizadas en contra de la víctima”, sostuvo Lorenzino.

Este argumento tiene que ver con que en la sentencia se tomaron en cuenta las comunicaciones privadas de la víctima, sus experiencias sexuales, su relación familiar, su tendencia al consumo de drogas, su labor  escolar, sus relaciones de amistad, entre otros ejemplos, que fueron utilizados por los magistrados de manera prejuiciosa y destinados a avalar la existencia de un supuesto consentimiento por parte de la víctima menor de edad, en una escena en la que participaron varios hombres adultos que comercializaban drogas en cercanías de instituciones educativas.

Guido Lorenzino. 

En esa línea, argumentó que la utilización de estereotipos sobre las conductas y la vida sexual de las mujeres y niñas reproduce la violencia de género y sus resultados conlleva la impunidad de los casos que se investigan y sancionan, lo que se transforma en un mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, “lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la Justicia”. 

Por lo tanto, el pedido de juicio político se centra en la violación de tres artículos de la Ley 13.661, sobre las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, que definen como falta la incompetencia o negligencia demostrada para el ejercicio de sus funciones, el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, y la realización de actos de parcialidad manifiesta.

“El accionar de estos jueces no puede ser tolerado en un Estado constitucional de derecho, que debe iniciar una investigación y proceder en caso de que así se decida a la destitución de los magistrados. Estamos frente a una sentencia que implica un grave retroceso en el ámbito de los derechos humanos”, puntualizó Lorenzino.