El municipio de La Matanza demandará a la ciudad de Buenos Aires por una deuda histórica millonaria por “tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de su desarrollo humano”. En diálogo con la agencia de noticias Télam, el equipo jurídico del municipio bonaerense detalló que la deuda que asciende a más de 100 mil millones de pesos se debe a “una masiva deportación de pobres formando las villas en terrenos fiscales de la Nación” en el territorio de la provincia.
Según indicaron, el conflicto inició cuando el gobierno dictatorial mudó a habitantes de barrios populares porteños a terrenos fiscales ubicados en la provincia por los que “nunca se pagaron las tasas municipales”.
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Desde el municipio de conducido por Fernando Espinoza manifestaron que se trata de “una larga historia de privilegios de la Ciudad, que incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva deportación de pobres”.
Impacto ambiental
Al ser concebida como una política de carácter transitorio, las viviendas a las que se traslado la población fueron construidas de manera precaria. Esta transitoriedad “hizo que no se edificaran viviendas dignas, que no haya una planificación urbanística, que no se midieran impactos ambientales, que no se los dotara de servicios básicos indispensables, que se colapsaran los accesos y que se desnaturalizara el entorno”, señalaron.
“Esos lugares se convirtieron en factores de contaminación en el amplio sentido del término y se violaron normas socioambientales comprobadas en todo el mundo, provocando hacinamiento y la inevitable generación de conductas masivas anómicas, creando un clima similar al de los campamentos de refugiados”, denunciaron desde la municipalidad.
Desde el gobierno matancero sostuvieron que “lo que sucedió fue casi una deportación” y remarcaron que “la permanencia de una injusticia no la transforma en otra cosa: sigue siendo una injusticia”. Además indicaron que “desde hace 28 años, desde que la Ciudad fue autónoma, sus Gobiernos locales miraron para otro lado cuando se les reclamó esa deuda” y sostuvieron que “lo que sucedió fue casi una deportación”.
Por último alegaron que“la ciudad más rica del país se niega a pagar las deudas que tiene con un municipio cuyo presupuesto es casi 40 veces menor y elude asumir el costo socioambiental que provocó la apresurada e insensible mudanza obligada y llena de mentiras para sus vecinos pobres del sur”.
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