Golpean a un fiscal que acordó bajarle la pena al funcionario que atropelló y mató en Tandil

Una manifestación de familiares de Sebastián Simón, el joven de 19 años que murió a fines del 2021 al ser atropellado y abandonado en la calle por Luciano Jaureguiber, quien se desempeñaba como funcionario municipal de Tandil, terminó en un escándalo producto de una violenta agresión hacia el fiscal del caso, Dr. Ignacio Calonje.

La protesta se había desencadenado tras conocerse la existencia de un acuerdo entre el fiscal de la causa y los abogados del imputado de dirimir el proceso legal a través del mecanismo de un juicio abreviado- el acusado acepta su culpabilidad y recibe una rebaja en el monto de pena al desistir del juicio oral-, una instancia que, a su vez, requerirá del consentimiento del Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Tandil, doctor Carlos Alberto Pocorena (la decisión se conocerá en las próximas horas).

De concretarse el acuerdo, la condena se reduciría a tres años de prisión más cinco años de inhabilitación para conducir. Los familiares del joven, advierten que si se computa la prisión preventiva podría quedar en libertad a los ocho mes y piden que la pena no baje de los 4 o 5 años de cárcel. De concretarse el acuerdo, la condena se reduciría a tres años de prisión más cinco años de inhabilitación para conducir. Los familiares del joven, advierten que si se computa la prisión preventiva podría quedar en libertad a los ocho mes y piden que la pena no baje de los 4 o 5 años de cárcel.

Sin embargo, los familiares del joven y los abogados que actúan como particulares damnificados se oponen al mecanismo y reclaman que Luciano Jaureguiber– exDirector de Espacios Verdes Públicos del intendente Miguel Lunghi (UCR)- sea juzgado en un juicio oral y público y se le solicite la máxima pena por el delito que se le imputa “Homicidio Culposo – conducción de vehículo automotor agravado por la fuga o ausencia de socorro a la víctima”.

Una reunión que terminó mal: Escándalo y golpes de puño contra el fiscal

Tras una breve entrevista con el juez Carlos Alberto Pocorena que se desarrolló en “buenos términos”, familiares de la víctima fueron recibidos por el fiscal de la causa en los tribunales de Tandil y uno de sus ayudantes.

Al despacho ingresaron Marcelino Simón, padre del joven asesinado y dos de los hermanos de la víctima. Según trascendió, una tajante interrupción del agente fiscal habría detonado la agresión.

“Nos sentamos y el fiscal no me dejó hablar. Él dijo que tenía disponibilidad de hablar, pero yo hace 6 meses le estoy pidiendo audiencia y no me la da. Me cortó y me dijo ‘dejame hablar a mí’, y ahí se enojó mi hijo y le pegó una piña. Yo no alcancé a pegarle” indicó Marcelino Simón al sitio La Voz de Tandil.

Por su parte, Adrián, uno de los hermanos del chico atropellado admitió la agresión, y sostuvo que su reacción se debió a que “el fiscal lo está boludeando. Lo hizo frenar y no le van a tomar el pelo a mi papá. Y sí, le pegué dos piñas en la cara” reconoció.

Golpean al fiscal que acordó bajarle la pena al funcionario que atropelló y mató en Tandil

La Voz de Tandil

Producto de los golpes, el fiscal Ignacio Calonje fue trasladado al Hospital Santamarina de Tandil, donde se constató que recibió lesiones leves. Se inició una causa judicial por “Lesiones y Amenazas” con intervención del Fiscal Gustavo Morey.

Repudio de los Magistrados y Funcionarios de Tandil

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (AMAFUTAN) dio a conocer un comunicado con el que expresó “su más enérgico repudio a las agresiones físicas y verbales que sufrió ayer el agente fiscal de la UFIE Departamental, Dr. José Ignacio Calonje, junto al funcionario judicial Dr. Federico Ramos, haciéndoles llegar su solidaridad y acompañamiento”.

Para la entidad, las decisiones adoptadas en el marco del ejercicio de la función judicial “están sujetas -como todo acto de gobierno- a las críticas y cuestionamientos de la ciudadanía en general, como derivación del derecho a la libertad de expresión y de reunión a través de diversos mecanismos institucionales”.

Al mismo tiempo, que los damnificados “cuentan con las vías impugnativas y otras herramientas de participación previstas por el ordenamiento procesal penal bonaerense, y en particular con todos los derechos y garantías contemplados en la Ley de Víctimas N° 15.232”.

“Por ello, aun entendiendo el dolor que comporta la pérdida de un ser querido, AMAFUTAN reafirma el trascendental valor que para la sociedad tiene la actividad de magistrados/as y funcionarios/as, rechazando cualquier hecho de violencia cometido contra quienes desempeñan dicha tarea, entendiendo que por su propia naturaleza las agresiones físicas y acusaciones verbales infundadas, en nada contribuyen ni se condicen con la finalidad de la misma, esto es la resolución pacífica de conflictos aplicando la ley” cerraron.