La posibilidad de que Francisco Pont Vergés, Secretario de Política Criminal de la Procuración General, desembarque en la Cámara de Casación Penal, sigue generando rechazos. Esta vez fue la Comisión Provincial por la Memoria la que repudió la designación, que depende del Senado y del Poder Ejecutivo.
Para la CPM, como antes el Colegio de Magistrados de La Plata y el Comité contra la Tortura, la intervención de Pont Vergés en el marco de la causa Mónica Mego, mujer trans que quedó parapléjica en el encierro en un penal bonaerense, estuvo orientada a “perseguir al Defensor de casación penal, Mario Coriolano”, que se encargó de denunciar y visibilizar las torturas de las que fue víctima.
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La CPM, que presentó dos habeas corpus a favor de Mónica y una cautelar ante la CIDH por su caso, recordó que la mujer quedó con un “daño irreparable” en su salud y que “la causa en la que se investigan los hechos de torturas denunciados no avanza con celeridad que el caso amerita”.
“Desde su función, Pont Vergés poco o nada se comprometió con la investigación de este caso”, sostuvieron. “En cambio persiguió al Defensor de casación penal, Mario Coriolano, por actuar a favor de la mujer trans, tramitando con celeridad la denuncia en su contra presentada por el Jefe del SPB, Xavier Areses”, agregaron en el comunicado. Esa actitud de Pont Vergés mereció cuestionamientos de parte de la Suprema Corte bonaerense y también de la Cámara de Apelaciones.
También subrayaron que “el funcionario remitió la denuncia a la Secretaría de control disciplinario de la Procuración General de la Corte bonaerense para que se inicie un sumario administrativo y más grave aún, envió una copia de la denuncia a la Fiscalía General de la Plata para que se investigue penalmente al Defensor de Casación”.
El pliego de Pont Vergés, vale recordar, se encuentra dentro de un conjunto de 42 expedientes que el senado Estudia y podía aprobar, a pesar del rechazo opositor que pide un contexto “no electoral” para discutirlo. Para la CPM, el mecanismo de selección “resulta poco prudente y atenta contra la transparencia que debe guiar la selección de magistrados. Más aún cuando muchos de esos pliegos estuvieron a la espera de aprobación durante meses, incluso años”.
Para impedir el nombramiento, la CPM elevó una carta al vicegobernador y presidente del Senado provincial Daniel Salvador y al cuerpo de senadores bonaerenses. Allí expuso su punto de vista y consideró que “no reúne los requisitos del tercer párrafo del artículo 175 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que privilegia la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”, según se comunicó oficialmente por parte del organismo.
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