Un hombre de 55 años fue hallado sin vida este martes en la localidad de Villa Elisa, en la zona de calle 8 entre 406 y 407. Trascendió que se trata de Guillermo Alfredo Bellingi, ex subdirector general de la Procuración General de la Nación.
La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se investiga, entre otras hipótesis, la de una lesión autoinfligida. Por el momento no hay confirmación oficial sobre las circunstancias del hecho.
El antecedente en la Corte Suprema
Cinco meses antes, en abril, la Corte Suprema de Justicia había rechazado un recurso presentado por Bellingi contra su exoneración de la Procuración.
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el planteo con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que dejó firme la sanción y cerró la vía judicial en el fuero contencioso administrativo.
El edificio de la Procuración que quedó bajo sospecha
El nombre de Bellingi quedó asociado a una investigación por la compra, en 2013, del edificio ubicado en Perón 667, destinado a las oficinas de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.
Como subdirector general de la Procuración, Bellingi intervino en la licitación para adquirir el inmueble, por el que el organismo pagó 43,85 millones de pesos. Según una investigación publicada por Infobae, durante el proceso se modificó una condición del pliego que terminó favoreciendo a la firma que resultó adjudicataria.
La operación involucró a la empresa Arfinsa, del Grupo Bemberg, que vendió el edificio, y a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que recibió una comisión de 7,7 millones de pesos. De ese monto, tres millones fueron destinados a Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata que era medio hermano de Bellingi, en concepto de asesoramiento para la licitación.
El medio hermano y la comisión millonaria
La investigación sostuvo que Thill había tenido acceso a información vinculada con el proceso licitatorio antes de que fuera pública. Según la documentación citada por Infobae, habría enviado a la inmobiliaria una copia del pliego antes de su publicación y brindado precisiones sobre las fechas de la licitación.
Parte de esas comunicaciones quedaron registradas en correos electrónicos. Además, Bellingi había mantenido contactos con quienes finalmente resultaron adjudicatarios y, según la investigación, intervino para que no se exigiera el certificado fiscal como condición para presentarse a la licitación.
La aparición de la factura por los 3 millones de pesos cobrados por Thill llevó a que, en 2017, Gils Carbó apartara a Bellingi de su cargo y ordenara el inicio de un sumario administrativo. El funcionario también quedó imputado en la causa penal que investigó la operación.
Qué dijo Bellingi sobre el pago
Durante el sumario administrativo, Bellingi respondió pocas de las preguntas que le formularon los investigadores. Una de ellas estuvo directamente relacionada con el dinero recibido por su medio hermano.
Cuando le preguntaron “si sabía que Thill recibiría una suma de dinero como contraprestación por servicios de asesoramiento en la licitación 1/2013”, Bellingi respondió que “no sabía”. Esa declaración quedó registrada como uno de los principales elementos de su descargo administrativo.
Los investigadores, sin embargo, sospechaban que Bellingi y Thill podían haber compartido la comisión. Entre los elementos analizados estuvo el destino que Thill dio al dinero después de recibirlo: una parte fue colocada en un plazo fijo y el resto retirado en efectivo. Se trató de una hipótesis de la investigación, no de una conclusión judicial sobre la responsabilidad de Bellingi.
La exoneración y la causa penal
El expediente administrativo terminó con la exoneración de Bellingi en 2017, mientras que la investigación penal continuó en los tribunales de Comodoro Py. En esa causa también quedó involucrada la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó.
Bellingi había llegado a ocupar un cargo relevante dentro de la Procuración y contaba con experiencia en cuestiones vinculadas con la transparencia y la prevención del lavado de activos. En ese contexto, los investigadores también analizaron su actuación dentro del organismo y los vínculos que surgieron alrededor de la licitación del edificio.
Otra causa judicial en la Provincia
Bellingi arrastraba además otra causa: estaba imputado en un expediente de corrupción vinculado al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un juicio en el que otros implicados ya se habían declarado culpables.
Su situación judicial había tenido un nuevo capítulo pocos meses antes de su muerte. En abril, la Corte Suprema rechazó el recurso que había presentado contra su exoneración de la Procuración, dejando firme la sanción administrativa.
Por ahora no hay elementos que permitan establecer una relación entre aquel rechazo judicial y el hallazgo de este martes en Villa Elisa. La causa por la muerte de Bellingi continúa en investigación y resta determinar oficialmente qué ocurrió.
