El dilatado conflicto entre el transporte de pasajeros tradicional y las plataformas digitales de viajes sumó un nuevo capítulo en la ciudad de La Plata. Frente a la proliferación de choferes informales y la falta de normativas marco para estas empresas, las entidades gremiales del sector alzaron la voz para exigir que las aplicaciones comiencen a operar bajo los parámetros legales que rigen en el distrito. La discusión no se enfoca en el uso de herramientas tecnológicas para el despacho de viajes, sino en las condiciones de seguridad, los seguros de cobertura y las exigencias administrativas que actualmente solo cumplen los vehículos registrados.
Desde el sector de los remises remarcan que las aplicaciones multinacionales utilizan exactamente la misma lógica de despacho privado que las agencias locales, pero incurren en una práctica ilegal al permitir que particulares presten el servicio sin la habilitación correspondiente. “Si las aplicaciones te fueran a buscar en un helicóptero o en un dron, yo te diría que son una prestación distinta. La diferencia entre el remis y el taxi es que el remis es un transporte privado y el taxi es público. Los viajes nuestros se piden por una aplicación o por teléfono, que es lo mismo que hacen las plataformas, con la diferencia de que ellos lo hacen en autos particulares, que eso es lo que es ilegal”, sostuvo a Infocielo Javier Scaramutti, secretario general del Sindicato Independiente de Remiseros de La Plata.
En la capital bonaerense la actividad se encuentra estrictamente enmarcada bajo la Ordenanza Municipal 9215, sancionada en el año 2000. De acuerdo con el referente gremial, la legislación local es clara y no impide la llegada de nuevas firmas, siempre que se encuadren en el esquema normativo vigente. “Cuando empezó a venir Didi nos comunicamos y les explicamos que no había ningún problema en que la empresa se instalara, si ponían una agencia de remis y contrataban autos habilitados. Pero a ellos les conviene más usar particulares, y con la crisis económica la gente arriesga el único capital que tiene, que es su propio auto, para llevarse un mango más a la casa”, agregó Scaramutti.
Exigencias operativas, seguros y costos diferenciales
El diferencial entre un servicio habilitado y un vehículo particular no radica únicamente en una oblea administrativa, sino en el esquema de seguridad y resguardo para los pasajeros. Los remises y taxis cuentan con registros específicos en la propiedad automotor que los identifican formalmente para la prestación del servicio de transporte. Esta categorización impacta de lleno en los costos operativos fijos que deben afrontar mensualmente los choferes encuadrados dentro de la ley.
Entre las obligaciones impuestas por la normativa se destacan pólizas de seguro de mayor cobertura y revisiones mecánicas periódicas con mayor frecuencia que las exigidas a los particulares. “Nosotros pagamos un seguro que es entre un 20% y un 30% más caro, justamente porque incluye una cobertura para pasajeros transportados de 30 millones de pesos. La Verificación Técnica Vehicular la hacemos cada seis meses y el registro de conducir profesional se renueva una vez al año, exigiendo libre deuda de multas y certificado de antecedentes penales. Además, se pagan impuestos provinciales, nacionales y municipales que regulan la actividad”, precisó el sindicalista.
Frente a este escenario de asimetría regulatoria, la incursión de empresas multinacionales de transporte genera distorsiones en el mercado local. Al operar por fuera del control municipal, las plataformas evaden los requisitos impositivos y de seguridad que garantizan el resguardo de la comunidad, al tiempo que trasladan toda la carga operativa e incertidumbre económica sobre los propios conductores que utilizan sus aplicaciones.
Precarización laboral y alquileres informales de vehículos
La falta de regulación generó además el surgimiento de un mercado paralelo de alquiler de automóviles destinados exclusivamente al trabajo en plataformas. Esta modalidad expone a los conductores a jornadas de trabajo extenuantes para cubrir los costos fijos antes de generar ingresos propios, derivando en cuadros de marcada explotación laboral en las calles de la ciudad.
Según datos aportados por la representación gremial, en el casco urbano circulan decenas de unidades bajo esta modalidad contractual no regulada. “En La Plata hay alrededor de 40 autos que son alquilados por empresas para trabajar en aplicaciones a 450 mil pesos semanales. Para llegar a ese monto, los compañeros trabajan entre 16 y 17 horas por día, pagando además el combustible. Después de semejante jornada, no se llevan más de 30 o 40 mil pesos a la casa. Se llevan unos 16 millones de pesos por semana de forma ilegal a costa de explotar a la gente”, denunció Scaramutti.
A pesar de este panorama, algunos trabajadores informales han comenzado a dar pasos hacia la regularización de su situación patrimonial y laboral. A través de la adquisición de unidades propias o la incorporación a agencias tradicionales, se registran casos de conductores que tramitaron las habilitaciones de remis correspondientes para operar dentro del marco legal platense y evitar sanciones de tránsito.
El rol del municipio y las inspecciones en el ojo de la tormenta
La persistencia del transporte ilegal encendió las críticas de las organizaciones gremiales hacia la Secretaría de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, organismo encargado de la fiscalización del tránsito y del transporte de pasajeros en el partido. Desde el sindicato señalan una marcada contradicción entre la severidad con la que se inspecciona a los choferes registrados y la pasividad frente a las unidades particulares que trabajan sin permiso.
Las inspecciones a las unidades habilitadas son rigurosas y periódicas, exigiendo estándares estéticos y mecánicos elevados para mantener el permiso de circulación. “Mes por medio hacemos una desinfección, vienen los inspectores municipales y te controlan el estado general del auto, hasta por un rayón o una luz quemada. Y si no vas a esa desinfección, te cobran una multa de 80 mil pesos a los autos habilitados. Es la misma secretaría que tiene la responsabilidad de erradicar el transporte ilegal”, cuestionó el titular del Sindicato Independiente de Remiseros.
Ante esta situación, desde la entidad gremial —que posee personería para la ciudad y Convenio Colectivo de Trabajo homologado— insistieron en que el Poder Ejecutivo Municipal debe asumir un rol activo en los controles de calle. La normalización laboral de los conductores y el ordenamiento del sistema de transporte continúan siendo los ejes prioritarios del reclamo para garantizar una competencia justa y un servicio seguro a los usuarios platenses.
