Este lunes por la mañana, el corazón geográfico de la capital bonaerense se transformó en un escenario de protesta y visibilización que capturó la atención de todos los transeúntes. Bajo la consigna “Defendamos el reciclaje con inclusión social”, cientos de trabajadores de cooperativas de reciclado se concentraron frente al Palacio Municipal para denunciar la pérdida de sus fuentes laborales.
El cronista Nicolás Chillón, en una cobertura en vivo para el programa “Todo no se puede” por la Cielo 103.5, relató la impactante imagen de una Plaza Moreno colmada de bolsas con residuos, donde los propios trabajadores comenzaron a realizar sus tareas habituales a la vista del público.
La jornada no fue una movilización convencional, sino una “jornada de visibilización” en la que los cooperativistas decidieron mostrarle a la ciudadanía y a las autoridades municipales la importancia de su oficio.
Jessica Rosales, integrante de la cooperativa Recicladores Unidos, explicó en diálogo con Juan Coscarelli que trajeron el equivalente a dos camiones de “bolsa verde” para clasificarlos en plena plaza. “Estamos realizando las tareas que hacemos todos los días dentro del espacio, que es recibir los camiones, volcarlo acá y clasificarlo”, detalló la trabajadora, remarcando que el objetivo era dejar en claro qué es lo que se está perdiendo la ciudad tras la desvinculación de estos sectores.
Durante la transmisión radial, se pudo observar cómo los trabajadores manipulaban plásticos, cartones y vidrios, invitando incluso a los vecinos a acercar sus materiales reciclables y charlar sobre el proceso de procesamiento.
Las imágenes capturadas en el lugar muestran carteles manuscritos en cartón con mensajes contundentes: “El municipio tiene que reconocer nuestro trabajo y ver lo importante que es para el medio ambiente”, rezaba uno de los letreros apostados sobre las montañas de botellas PET. Otro cartel advertía sobre la gravedad de la situación social: “El sistema de reciclado en riesgo, 200 familias cartoneras sin trabajo”, aunque las estimaciones generales de las organizaciones elevan esa cifra a 300 puestos afectados.
Un conflicto de meses
El trasfondo de esta protesta radica en un cambio profundo en el esquema de contratación de la Municipalidad de La Plata al decidir discontinuar la contratación directa de servicios de reciclado que estaban en manos de diversas cooperativas.
El conflicto se originó cuando las tareas específicas de recolección diferenciada y procesamiento de materiales no fueron incluidas en los pliegos del nuevo sistema de mantenimiento y limpieza de la ciudad. Esto, según manifiestan, dejó a los trabajadores sin la posibilidad de competir en las licitaciones para seguir prestando el servicio que realizaban históricamente.
Las cooperativas denuncian que, desde hace más de un mes, no tienen ningún tipo de contacto oficial con las autoridades municipales para discutir su continuidad.
Esta falta de diálogo ocurre a pesar de que las organizaciones mantienen trabajos conjuntos con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para elaborar propuestas que permitan reorganizar el sistema de reciclaje local con inclusión social.
La movilización de este lunes busca precisamente romper ese silencio y exigir una alternativa que devuelva el ingreso a las familias afectadas, quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad económica.
El fantasma del mes pasado
La protesta de este lunes estuvo marcada por un fuerte operativo policial y la memoria fresca de los graves incidentes ocurridos hace poco más de un mes en el mismo lugar.
En aquella oportunidad, una movilización similar terminó con enfrentamientos, 19 detenidos y destrozos en el edificio municipal que la gestión de Alak evaluó en más de $43 millones. Por su parte, las organizaciones habían denunciado en ese entonces un accionar policial “indiscriminado”. En esta ocasión, sin embargo, el cronista de La Cielo destacó que la manifestación se desarrolló de manera “totalmente pacífica”.
A pesar de la presencia de efectivos y la tensión lógica por los antecedentes, los trabajadores se mantuvieron concentrados en la tarea de clasificación de residuos en la calle central de la plaza.
La intención de los cooperativistas era permanecer en el sitio sin afectar la circulación vehicular ni la actividad normal del Palacio Municipal, pero manteniendo firme el reclamo hasta obtener una respuesta.
Las banderas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y otras agrupaciones daban cuenta de las organizaciones detrás de los sectores que hoy se sienten desplazados del nuevo esquema urbano.
A la espera de respuestas
Mientras el reclamo se hace sentir en la calle, el Municipio ya puso en marcha el nuevo sistema de mantenimiento, limpieza y barrido, el cual divide a La Plata en 32 zonas.
Este mecanismo fue implementado tras una observación del Tribunal de Cuentas provincial sobre las contrataciones directas, obligando a pasar a un sistema de licitación pública. Los nuevos contratos, con una duración de 18 meses, contemplan un desembolso cercano a los $2500 millones mensuales e incluyen tareas como el corte de césped y la limpieza de zanjas, pero dejan fuera la gestión de residuos secos que realizaban las cooperativas.
La paradoja que plantean los trabajadores es que, mientras la Municipalidad invierte sumas millonarias en el mantenimiento del espacio público bajo supervisión técnica de la UTN y organización territorial de la UNLP, 300 familias que realizaban una tarea ambiental fundamental han quedado desamparadas. “El reciclado es fundamental porque transforma los residuos en nuevos materiales, lo que reduce la cantidad de basura en el planeta”, explicaba uno de los carteles en Plaza Moreno, sintetizando un reclamo que es tanto laboral como ecológico.
Al cierre de la jornada, los cooperativistas esperan que la visibilidad de su trabajo cotidiano sirva para reabrir los canales de negociación con una gestión municipal que, hasta ahora, dicen, que los dejó excluidos de su plan de ciudad.
