La detención de Tobías Ochoa, el joven de 18 años acusado de asesinar a un chofer de la aplicación DiDi en La Matanza, fue celebrada con entusiasmo por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En su cuenta de X, la funcionaria publicó un mensaje categórico: “Si matás, te encontramos. Si huís, te seguimos. Que quede claro: el que las hace, las paga“.
El tono triunfalista del anuncio parecía cerrar el caso con una moraleja contundente, como si la justicia hubiera sido servida de inmediato con la sola captura del sospechoso.
Sin embargo, poco después de su ingreso en la comisaría, Ochoa fue brutalmente golpeado por otros internos en un episodio que fue filmado y viralizado en redes sociales, generando una nueva ola de comentarios celebratorios.
EL VIDEO DE LA PALIZA
Las imágenes muestran cómo un grupo de presos recibe al acusado con insultos, lo desnudan y lo golpean repetidamente, en una suerte de ‘castigo extrajudicial’ que se enmarca dentro de un peligroso concepto de justicia por mano propia.
Mientras en redes sociales la reacción popular oscilaba entre la aprobación y la indignación, el hecho expone un problema aún mayor: la línea difusa entre el discurso de la autoridad y la validación implícita de la violencia.
La ministra Bullrich, al destacar la detención con frases propias de una lógica punitivista extrema, además de celebrar la eficacia de las fuerzas de seguridad, también pareció avalar un sistema en el que la justicia se confunde con la venganza.
Su mensaje, lejos de ser una simple notificación institucional, contiene una carga simbólica que golpea en un contexto donde el castigo violento al delincuente genera consenso social.
LA LEGITIMACIÓN IMPLÍCITA DE PATRICIA BULLRICH
Cuando desde el poder político se fomenta la idea de que quien comete un crimen debe sufrir consecuencias inmediatas y ejemplares, se corre el riesgo de legitimar episodios como el ocurrido dentro de la dependencia policial.
El problema de fondo no es únicamente el ataque que sufrió Ochoa, sino el antecedente peligroso que deja este caso.
Si el Estado se posiciona como garante de una justicia rápida y sin matices, sin poder asegurar la integridad física de los detenidos bajo su custodia, entonces ¿qué diferencia hay entre el sistema judicial y la ley de la selva?
Más aún, si desde los más altos cargos de seguridad se transmite la idea de que “el que la hace, la paga“, sin precisar quién debe aplicar ese castigo ni bajo qué condiciones, el mensaje puede convertirse en un cheque en blanco para que cualquier grupo –dentro o fuera de la cárcel– se tome la justicia por su cuenta.
Este caso, además, reabre el debate sobre la difusión de imágenes violentas desde el interior de los sitios de detención. Que un video como este pueda grabarse y viralizarse muestra no solo la permeabilidad del sistema, sino también la falta de control sobre la violencia interna.
Mientras el morbo del público sigue alimentando la circulación de estos contenidos, la pregunta clave es otra: ¿debe el Estado ser cómplice, por acción u omisión, de estas formas de castigo? Porque si la respuesta es sí, entonces la justicia deja de ser justicia para convertirse en espectáculo.
