La justicia penal inició una polémica investigación y ahora parece no encontrar juez que se haga cargo, pasó de la órbita federal a la provincial y en éste ámbito también hay excusaciones.
Todo arrancó el 10 de mayo pasado cuando en una asamblea sindical convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado de Ensenada se repartieron panfletos y se brindó un discurso de tono opositor al gobierno del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal.
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Los denunciantes son el presidente y el gerente de asuntos jurídicos del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevilla y Héctor Nicolás Calvete, respectivamente. Ambos funcionarios afirmaron en la UFI n° 16 de La Plata que el agente Néstor Villarruel enunció un discurso en el que cometió varios delitos penales: intimidación pública, apología del crimen, atentado contra el orden público y el orden constitucional y hasta contra la vida democrática.
Para Capdevilla y Calvete fue un agravante que Villarruel haya criticado a Macri y Vidal en público y que haya incitado a la audiencia a resistir medidas tomadas por el gobierno.
La causa primero pasó por el Juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, pero el magistrado se la sacó de encima con el fundamento de que los presuntos delitos sucedieron en territorio bonaerense y que no eran de los que investiga la órbita federal.
Así fue que el expediente recayó en el juez de Garantías de la justicia bonaerense, Federico Atencio, el que el 18 de septiembre pasado también se excusó al decir que los supuestos delitos ocurrieron en una jornada en la que él no estaba de turno.
Ahora la causa está en la UFI n° 16 del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien deberá “correr vista”, un paso previo a que el expediente quede en manos del Juzgado de Garantías n° 5 de La Plata, del magistrado Juan Pablo Masi.
El fundamento de la denuncia parece ser polémico, en la que se pone en duda la libertad plena de expresión y se acusa a un sindicalista de abandonar la función de proponer medidas superadoras para los trabajadores y asumir el rol de un líder para incitar a la resistencia violenta. Quizá sea eso lo que provoque que ningún magistrado quiera impartir justicia.
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