Pensadas originalmente para prevenir la siniestralidad y con el noble fin de garantizar seguridad vial, el sistema que mide la velocidad de circulación y fotografía las supuestas infracciones de tránsito en la Provincia –las trístemente célebres fotomultas-, se transformó en un millonario negocio del que se beneficia un empresario, en detrimento del Estado, que recibe un porcentaje ínfimo de lo que se recauda.
La ingeniería montada para la recaudación, que ahora investiga la Justicia Federal y podría terminar con graves imputaciones, involucra al empresario conocido como el ‘Rey de las Foto multas’, Leandro Camani, que –se supone- habría llegado a facturar hasta 1 millón de dólares diarios gracias al despliegue de equipos en varias rutas de la Provincia.
El negocio de abultada recaudación, se alimenta, además del sistema de cámaras en zonas estratégicas, con valores de multas que exceden cualquier criterio de racionalidad en la aplicación de un castigo que parece responder más al criterio de la avaricia recaudadora, que al noble objetivo de ordenar el tránsito creando conciencia con el bolsillo.
El turno de la Justicia
Ahora, la Justicia Federal avanza con una serie de medidas de prueba de las que surge, a priori, la existencia de una ingeniería montada a través de Universidades con las que los municipios firman convenios de cooperación para la asistencia técnica y provisión de tecnología para registrar y cobrar las multas de tránsito.
La causa que lleva adelante la justicia federal de Tres de Febrero, en el juzgado de Juan Manuel Culotta, realizó una serie de allanamientos en diferentes distritos y ya tiene en su poder los “convenios de cooperación” con las casas de Altos Estudios que, a su vez, tercerizan el servicio con empresas de Leandro Camani, quien embolsa el mayor porcentaje de la recaudación.
Camani consolidó su escandalosa participación en el negocio de las foto-multas en la Provincia de Buenos Aires a través de una de sus empresas, Secutrans, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Tal fue el vínculo con esa gestión, que el ex funcionario que estuvo al frente de la cartera de transporte bonaerense durante la administración de Cambiemos, Mariano Campos, trabaja ahora alrededor del empresario de las fotomultas.
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Una investigación revelada por el periodista Paulo Kaplan, en El expediente, por la pantalla de C5N, reveló que la Justicia allanó una docena de municipios y al menos una Universidad, la de San Martín, para reunir pruebas que podrían derivar en graves imputaciones.
Entre los distritos allanados, aparecen La Matanza, Morón; General Pueyrredón, Roque Pérez, Junín, Olavarría, Zárate; General Rodríguez, 9 de Julio; San Isidro y San Martín, de donde se llevaron los convenios firmados con diferentes universidades para la puesta en marcha del sistema de fiscalización y cobro de multas en las rutas bonaerenses.
La maniobra que la Justicia está reconstruyendo revela que, si bien el contrato se firma con Universidades, quienes reciben el dinero que pagan los municipios para esa tarea serían “fundaciones” de las casas de Altos estudios, que, después, re direccionan la mayor parte a las empresas de Camani.
La decisión de utilizar cuentas a nombre de las fundaciones de las universidades, no parece casual: la ingeniería montada persigue usufructuar los beneficios impositivos de los que gozan ese tipo de personería jurídica. Entre otros, están exentas de pagar Ganancias, Ingresos Brutos e IVA, además de una reducción de impuestos a débitos y créditos. O sea, licúa cualquier recupero indirecto de parte del Estado en concepto de impuestos, y abulta más aún el millonario beneficio en favor de los privados.
Las empresas de Camani, Tránsito Seguro y Secutrans, en rigor, no cobra por el servicio de manera directa, sino a través de convenios firmados con Universidades que ejecuta, en rigor, a través de fundaciones. La sospecha es que se trata de una maniobra para evadir la responsabilidad de pagar impuestos. El Rey de las Foto Multas cuenta, además, con una empresa dedicada a cobros en las que estaría asociado con un director del Grupo Provincia de apellido Somoza, que también sería beneficiaria de la subcontratación mediante la cual recauda.
Siempre según la investigación periodística del canal de noticias, el funcionario que suscribe los contratos con una de las universidades, es quien ocupa el cargo de secretario de extensión y vinculación de la Universidad de San Martín, Diego Cambpel a quien se lo ve en ámbitos privados compartiendo vuelos con Camani, junto a Mariano Campos.
Por estas horas, la Justicia de Tres de Febrero analiza las pruebas reunidas en la previa de la feria judicial, y podría disponer medidas similares e, incluso, dictar alguna resolución contra los responsables de la maniobra que se investiga.
