En la Casa Rosada ya sabían que el fallo de la Corte Suprema iba a ser favorable a los intereses políticos de Horacio Rodríguez Larreta, por lo menos hace algunas semanas. La apuesta del Gobierno Nacional era que se dilatara la sentencia y llegara una vez vencido el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales.
Sin embargo, no dejaron pasar la oportunidad y manifestaron su enojo con el máximo tribunal. “Voy a seguir cuidando de la salud por más que se escriban muchas hojas en sentencias”, expresó Alberto Fernández este mediodía.
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Además, el jefe de Estado habló de “la decrepitud del Derecho” para referirse, sin citarlo, al fallo que se conoció este mediodía. “No saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencias. Es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca”, dijo hoy en la presentación del Plan Juana Manso, que destinará $20.000 millones para repartir 633.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.
Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa sacaron un comunicado oficial varias horas después que se conociera la sentencia. Señalaron que en todo el mundo se tomaron medidas similares a las que implementaron y que “es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación”. Sobre la decisión de la Justicia sostiene: “No resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado”.
Algunos voceros del Gobierno insisten por lo bajo que la decisión es un “claro posicionamiento posicionamiento político” y “no resuelve la cuestión de fondo”. “No necesariamente es en favor de la Ciudad, si no que se muestran como un poder que se opone a este Gobierno”, analizaban algunas fuentes de la Casa Rosada.
Pero frente a esta postura de la Corte Suprema, la decisión que primó en Balcarce 50 fue contestar, en un tono que lejos está de construir puentes. “Es una decisión política que lleva al limite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas: se miden en vidas”, calificó el ministro de Justicia, Martín Soria.
Además, dijo que la Corte “se prestó a este juego. Con un argumento falaz, afirma que ‘no habla de políticas sanitarias’, pero en los hechos es eso lo que está haciendo. ¿Se va a hacer cargo de las consecuencias que genere esta decisión irresponsable?”. “Ninguna política aislada va a poder frenar la pandemia. Lejos de posturas caprichosas buscaremos, como siempre, las vías necesarias para cuidar la vida de todas y todos”, cerró su hilo de tweets.
Tal como lo habían dejado trascender voceros del Palacio de Tribunales, el fallo fue en contra a los intereses del Ejecutivo nacional. La Corte Suprema se posicionó con la Ciudad de Buenos Aires y ratificó autonomía del distrito para tomar sus propios decisiones. En este contexto, las clases seguirán de forma presencial, salvo los secundarias que tendrán clases virtuales.
Frente a esta decisión, la vicepresidenta, Cristina Fernández remarcó: “Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”. “Ante este escenario, digo yo: para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte?”, se preguntó la vice.
A su vez, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló: “Es lamentable que la Corte haya consumido su tiempo en cuestiones de autonomía y jurisdicción en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas”. “Es una discusión alejada de la realidad de las terapias intensivas. Nosotros vamos a seguir priorizando la salud”, opinó.
Una de las herramientas que le queda al Gobierno para legitimar el DNU que suspendió las clases presenciales en el AMBA, en el marco de la pandemia de coronavirus, es el Congreso. La Comisión de Trámite Legislativo ya emitió el dictamen que legitimaba ese decreto. Además, el Frente de Todos tiene los aliados necesarios para darle media sanción en Diputados y aprobarlo sin apuros en el Senado.
Pero la Cámara baja debe renovar el protocolo de funcionamiento virtual, un trámite que está frenado, y hasta el cierre de esta nota no tuvo mayores avances. El aval del Congreso le daría un marco más para discutir en términos jurídicos con el supremo tribunal. Sin embargo, en el Gobierno señalan que igualmente el Presidente no va a dar marcha atrás.
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