En diciembre de 2016, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó, casi por unanimidad, el pliego de Julio Conte Grand, que quedó al frente de los fiscales bonaerenses. Cambiemos, en minoría, logró para ello el acompañamiento del Frente Renovador, del PJ y también de La Cámpora, que hoy impulsa su destitución y lo cusa de formar parte de la mesa judicial que persiguió objetivos políticos para el macrismo.
Sólo Mónica Macha, hoy diputada nacional, se opuso a la designación de un procurador que ya entonces era cuestionado por su parcialidad -era Secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal y timbreador de Cambiemos-, porque no tenía domicilio en la Provincia de Buenos Aires y porque mostraba un perfil extremadamente conservador, coherente con su militancia ultracatólica como numerario del Opus Dei.
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“Voté en contra de la designación de Conte Grand por respeto a los derechos de las mujeres y las organizaciones que lo impugnaron”, anunció en Twitter el día de la votación. Quedó en absoluta soledad. Cómo se cocinó ese alineamiento completo con los intereses del trío Vidal – Angelici – Conte Grand es un verdadero misterio.
La rosca y la disciplina
Nunca trascendió por qué o cómo legisladores kirchneristas terminaron levantando la mano para votar por Conte Grand. Hoy, esas explicaciones son más demandadas que nunca.
La figura que emerge como principal respaldo a Conte Grand es la de Santiago Carreras, dirigente de Lomas de Zamora, vinculado a La Cámpora, hoy gerente de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de YPF.
Carreras siempre orbitó cerca de los asuntos judiciales, al punto que jugó un rol importante en el fallido intento por aprobar unos 160 pliegos judiciales sobre el final del mandato de Daniel Scioli. En la rosca del nombramiento de Conte Grand también movió piezas a favor del interés de Cambiemos, que quería aprobarlo por unanimidad para darle legitimidad.
Dos exintegrantes del bloque consultados por INFOCIELO hablaron de “presiones” de su parte para lograr la aprobación del pliego que le dio carta blanca al PRO para instalar el Lawfare en la provincia de Buenos Aires.
“Fue una directiva de Santiago Carreras. Hubo debate interno, nos opusimos mucho, pero dio a entender que venia de arriba y en ese momento privilegiamos la unidad del bloque”, señaló uno de los legisladores que cambió su voto por disciplina partidaria. Otro dio una respuesta más concisa: “hay que preguntarle a Santiago Carreras; estaba metido a fondo en esos temas y sabe mucho más de lo que dice”.
La excusa que encontró Carreras para hacer público el apoyo al procurador militante fue la preservación de la “gobernabilidad” y la búsqueda de evitar mayores fracturas en el peronismo. Lo primero es discutible: se sabía ya entonces que Julio Conte Grand no iba a ser un funcionario imparcial y que estaba demasiado identificado con el PRO.
Lo segundo era directamente insostenible, al punto que en esa misma sesión, el FpV no avaló la designación de Guido Lorenzino al frente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Nunca nadie pudo comprobar si efectivamente existía una “orden de arriba” para avalar a Conte Grand. La manera en la que continuó el derrotero de Carreras hace pensar que no. En la Legislatura, donde se desempeñó durante 8 años, lo llaman “el traficante de influencias”.
Ahora orbita lejos de La Cámpora y de provincia de Buenos Aires. Toda su actividad política parece ceñida a su sociedad con Víctor Santamaría en una agrupación de Boca Juniors. Es en el mundo del fútbol donde se ve en todo su esplendor su capacidad para estar a ambos lados del mostrador: en los papeles es opositor a Daniel Angelici, expresidente del club, a quien lo unen vínculos inconfesables.
Lomas de Zamora, laboratorio del Lawfare
El epicentro del lawfare bonaerense estuvo en los tribunales de Lomas de Zamora, de la mano del fiscal general Sebastián Scalera, tal como reseñó hace pocas semanas un fallo de casación. Desde allí se lanzó la persecución contra el clan Moyano, que incluyó presiones contra jueces, manipulación de testigos y varias otras irregularidades.
Hay que decir que ni Santiago Carreras ni Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, que, desde el Grupo Esmeralda aportó su granito de arena para el desembarco de Conte Grand en la Procuración, padecieron las consecuencias del accionar de la justicia PRO. Tal vez por eso hoy guardan un prudente silencio sobre el caso.
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