La Mesa Enlace salió con los tapones de punta contra el Gobierno de Javier Milei por la suba de las retenciones que volverán a aplicarse en las próximas horas cuando venza el paquete de alivio fiscal para sectores exportadores – soja y maíz- aprobado a comienzos de año y se retome el cobro del impuesto con las alícuotas previas.
La rebaja temporal había reducido la retención sobre la soja del 33% al 26% y sobre el maíz del 12% al 9,5%. Solo se pospusieron hasta el 31 de marzo de 2026 las alícuotas reducidas para el trigo y la cebada.
Con un duro comunicado, CONINAGRO, CRA, Federación Agraria y la Sociedad Rural advirtieron que “no hay más margen” y pidieron soluciones de fondo.
“No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón. El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones” advirtieron.
“El campo argentino requiere reglas claras”
En ese sentido, la Mesa de Enlace advirtió que “el campo argentino requiere reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones” explicaron.
“Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias venimos reclamando, desde hace meses y años, medidas urgentes y definitivas que atiendan los graves problemas de competitividad que arrastra el sector”, aseguraron desde el sector.
Abad se reunió con productores de papa en Otamendi: “El Estado debe apoyar, no perseguir”
Abad reclamó al Estado menos impuestos y más apoyo crediticio para que los productores de papa puedan desarrollarse sin obstáculos ni persecuciones.
Las entidades señalaron que “el cuestionamiento principal de la vigencia de los Derechos de Exportación (DEX), más allá de las alícuotas, es que son un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial, ha hecho que nuestro país desaproveche inmejorables oportunidades para la inversión y el desarrollo federal”.
“Ha generado un inevitable retraso social, tecnológico y productivo, a pesar de los esfuerzos aislados de los productores y otros eslabones de la cadena por sostener la producción y el arraigo rural”, agregaron.
En ese sentido subrayaron que “la presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta que ataca la competitividad del sector en cada provincia donde la cadena agroindustrial define el desarrollo, el empleo y la calidad de vida” concluyeron.
