“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, es la consigna que resume el histórico reclamo que llevan adelante millones de mujeres y personas gestantes en el país. En ese marco, la sociedad atraviesa momentos de una álgida discusión sobre la ampliación de derechos elementales y se encuentran sectores conservadores que se oponen a los mismos. A su vez, el Estado no garantiza la demanda real y el gobierno de Mauricio Macri profundizó esa problemática con la disminución de la cobertura de métodos para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual.
En base a los datos que presentados en 2017 en el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, en Argentina el 59% de los embarazos son no deseados. Al mismo tiempo, ese número sube al 68% entre menores de 19 años.
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Mientras mueren mujeres por abortos clandestinos y la implementación educación sexual integral se torna fundamental, durante los últimos dos años disminuyó la entrega de diferentes anticonceptivos como por ejemplo pastillas y preservativos. En 2016 hubo una caída estrepitosa y una leve recuperación en 2017 pero que no superó los distribuidos en 2015.
Si a esto se le suma que el 43% de las adolescentes accede a través del Estado, el problema se torna grave. Sobre todo porque los sectores más perjudicados, una vez más, son quienes se encuentran bajo la línea de la pobreza y no pueden suplir ese derecho a través del sector privado.
El informe publicado por La Nación detalló que el Ministerio de Salud repartió en 2016 solo el 27% de los tratamientos de anticonceptivos hormonales y se estima que cubrió al 37% de la población que lo necesita, mientras que el año anterior había alcanzado el 82%. En 2017, repartieron 7,8 millones de tratamientos que si bien fue superior en relación al 2016, se mantuvo por debajo de lo cubierto en 2015.
En cuanto a los preservativos, en 2016 se distribuyeron solo el 20% de lo previsto, 18,4 de los 93,7 millones. En 2017 se esperaban entregar 113 millones, de los cuales se distribuyeron 42,7 millones. Las cantidades distribuidas en años anteriores varían, pero en 2015 se habían repartido 52 millones de preservativos.
Al igual que lo sucedido con la suspensión de vacunas contra la meningitis, el gobierno nacional explicó que la reducción de los anticonceptivos por “demoras de diversa índole que afectaron los procesos de adquisición durante 2017”.
La implementación de políticas públicas para evitar muertes por abortos clandestinos, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, el aborto legal y la educación sexual en las escuelas, todavía es una deuda que no logra contener lo que sucede en el país y en el que las más afectadas son las mujeres con altos niveles de pobreza. A todo esto, la decisión de Cambiemos de fundir el Ministerio de Salud con el de Desarrollo Social y las características que tiene el Presupuesto 2019, da cuenta de un panorama poco alentador para revertir la situación.
Sin embargo, luego del rechazo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación, millones de personas encolumnadas en la “marea verde” siguen con el histórico reclamo y ahora también proponen la profundización de la educación sexual integral. La pobre respuesta por parte del gobierno a una problemática de salud pública, encuentra un masivo pedido de ampliación de derechos.
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