El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público la causa “Hotesur” en la que están involucrados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a sus dos hijos, Máximo y Florencia, acusados de conformar una asociación para lavar dinero a través de alquileres apócrifos.
Además de la familia Kirchner, están procesados el contador de la familia, Víctor Manzanares, y el empresario Lázaro Báez, de Austral Construcciones.
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La causa se inició tras una denuncia mediática de periodista Jorge Lanata, en Periodismo Para Todos, y llegó a estrados judiciales impulsada por la exdiputada Margarita Stolbizer, a partir de la sospecha de que empresarios alquilaban habitaciones de hoteles de la familia sin ocuparlas, con la idea de lavar dinero.
La supuesta asociación ilícita funcionó, según el juez, entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. Cristina sería, en ese esquema, la jefa, quien “diseñó, ejecutó y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” a traves de “la actividad hotelera desarrollada por los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.
La elevación a juicio llega apenas unas horas después de que la Senadora Fernández de Kirchner denuncie, durante la sesión preparatoria, previa a la Apertura de Sesiones Ordinarias que encabezará Mauricio Macri, un entramado “político judicial”, con participación de periodistas y de la Embajada norteamericana, que opera en su contra.
El puntal de esa declaración fue la citación a indagatoria del fiscal Stornelli por parte del juez Ramos Padilla, que sigue precisamente esa pista, a partir de la denuncia de extorsión radicada por un empresario agropecuario contra un allegado al ex Ministro de Seguridad bonaerense.
“Esto es un sistema, un entramado. Y no es casual, pero todos tienen que saber que estos sistemas se arman no solamente por cuestiones económicas o de oposición, sino para imponer modelos económicos sociales de sojuzgamiento”, dijo ayer en el Senado.
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