En enero de 2016, la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal, suspendió el procedimiento de designación de un funcionario judicial por hechos sobrevinientes al proceso de su acuerdo en el Senado. El antecedente que defendió aquella vez Juntos por el Cambio, puede, ahora, ser base de un decreto similar, esta vez firmado por Axel Kicillof, para cerrar la polémica que se generó el jueves último.
No es el único antecedente al que puede recurrir Axel Kicillof. En otra causa, la Suprema Corte bonaerense ya resolvió que es el Gobernador, facultado por su investidura, quien resuelve la proclamación final de un funcionario designado en el Poder Judicial.
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La semana pasada, Juntos por el Cambio hizo uso de su mayoría en la última sesión, y aprobó 41 de los 42 pliegos que envió Vidal, resistidos por el Frente de Todos, y contaminado por cuestiones de forma. La ex gobernadora impulsó a varios de ellos en el ocaso de su gestión. Todo un abuso de facultades, en medio de un recambio que se anticipaba irreversible.
Antes de levantarse para exponer la soledad de Juntos por el Cambio en la maniobra de designación de funcionarios claves en el Poder Judicial impulsados por una ex gobernadora, el Frente de Todos le reprochó a la oposición otra evidente doble vara: una situación similar había transcurrido en el recambio de 2015.
Aquella vez, los actores estaban en la posición extrema a la que hoy ocupa cada espacio. Cambiemos –hoy rebautizado Juntos por el cambio- fue quien solicitó la devolución de los pliegos al Ejecutivo. El Frente para la Victoria –hoy Frente de Todos- aceptó. Hay, es cierto, alguna variación en el estado de los expedientes. En efecto, en este caso, la oposición había impuesto su mayoría en comisión para firmar los dictámenes, y así dejarlos a tiro de aprobación en el recinto. Pero el tenor del planteo, al fin y al cabo, era el mismo: un flamante Gobernador en funciones, requería la remisión de pliegos enviados por su antecesor para revisión del Ejecutivo. En 2015, pareció razonable. Cuatro años después, ya no.
Sobre el final de su gestión, Daniel Scioli había impulsado un cúmulo de designaciones. Como esta vez, eran cargos vacantes en casilleros vacíos del Poder Judicial que había que llenar. Cambiemos entendió que la alternancia en el cargo de quien resuelve las nominaciones, habilitaba a la flamante asumida María Eugenia Vidal a pedir la remisión de esos pliegos. El Senado le retribuyó el planteo con la remisión para revisión del Ejecutivo. Axel Kicillof tuvo menos suerte esta vez. Antes de utilizar su mayoría para aprobar las polémicas designaciones, Juntos por el Cambio utilizó el peso de su representación, para rechazar el planteo del Gobernador.
No fue la única objeción que presentó Vidal en el arranque de su gestión. Además de reclamar los pliegos que no habían sido aprobados, trabó la designación de cargos votados por el Senado, alegando que “la potestad política derivada de la Constitución –el Ejecutivo es quien impulsa los nombramientos sobre la base de las ternas dispuestas por el Consejo de la Magistratura- lleva también a concluir que es también facultad del Poder Ejecutivo suspender la designación de los integrantes del Ministerio Público, hasta tanto hayan asumido efectivamente en sus funciones”.
El argumento se parece mucho a la posición en la que esta vez se encuentra Kicillof. Si Vidal pudo frenar designaciones aprobadas por el Senado, alegando causa sobreviniente al trámite administrativo de nombramiento, ¿Por qué no podría ahora el Gobernador Kicillof congelar algunas de las polémicas designaciones, con la misma herramienta?
La situación que enfrenta Kicillof, incluso, es menos disruptiva que la que protagonizó Vidal: en 2016, la ex gobernadora firmó un decreto para revocar otro de su antecesor, que llevaba la situación del funcionario designado al punto de la asunción formal. Por eso aclara en la redacción del decreto que su facultad se extiende, “hasta el momento de la jura”. Ese decreto no existe en los 41 pliegos votados el jueves último, con lo que una eventual decisión del Gobernador de congelar la coronación del trámite alegando la facultad constitucional para hacerlo, sería incluso una intromisión menor en el procedimiento de designación que la que ejecutó Cambiemos en el arranque de su gestión.
El decreto que lleva la firma de Vidal, su –por entonces- ex ministro de Justicia, Carlos Mahiques y el ex ministro de Coordinación y Gestión Pública Roberto Gigante, estableció que “el límite temporal del ejercicio de la potestad discrecional y privativa del Poder Ejecutivo para reevaluar la propuesta oportunamente efectuada –y eventualmente como en este caso la designación ya efectivizada- resulta ser la jura y la toma de posición del cargo, último acto del complejo procedimiento de selección de magistrados”. ¿si pudo entonces Vidal revertir una designación aprobada por el Senado y ratificada por el decreto del por entonces Gobernador, por qué no podría Kicillof frenarlas antes de decretar tal designación?
En el oficialismo, están dispuestos a dejar pasar varios de los funcionarios designados. La remisión masiva de los pliegos que solicitó Kicillof, rechazada por Juntos por el Cambio, no sugiere lo contrario. Pero algunos de los avalados por el Senado no pasan el filtro en Gobernación. Uno de ellos, el actual funcionario de Procuración que debería ocupar un cargo en el Tribunal de Casación Penal de la Provincia, Francisco Pont Vergés, mano derecha del actual procurador, el vidalista ex mano derecha de María Eugenia Vidal, Julio Conte Grand.
Además de críticas ancladas en sospechas de persecución en la que habría incurrido el funcionario de Procuración, con posterioridad a la remisión del pliego de Pont Vergés tuvo lugar un hecho de tortura a una detenida del Servicio Penitenciario bonaerense, que ocasionó consecuencias trágicas para su salud física. Quedó paralítica a raíz de las torturas. En la denuncia están involucrados varios funcionarios penitenciarios y judiciales, por acción u omisión.
A Pont Vergés le atribuyen haber incurrido en gravísimas omisiones funcionales en el impulso de la investigación de esas torturas. Además, el funcionario de la Procuración incurrió en denuncias falsas contra la víctima y su defensor. Su accionar constituyó un claro hostigamiento, represalias y obstaculización al ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Todos los involucrados están denunciados en causas que tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y frente a cinco relatores de la ONU. Son causas promovidas a posteriori del envío de su pliego al Senado bonaerense para su aprobación. Demasiada coincidencia con el caso que fundó Vidal para revocar una designación coronada incluso con el decreto del Ejecutivo anterior.
En el decreto que firmó el Gobernador asoma un indicio de lo que puede resolver Kicillof tal como quedó planteada la discusión. Alegó la legitimidad constitucional derivada del cargo para la designación de funcionarios judiciales, incluso con posterioridad a su aprobación por parte del Senado. Un principio jurídico lo habilitaría a trabar algunas designaciones. Quien puede lo más –frenar un acuerdo votado en el Senado- puede lo menos: solicitar la remisión antes de tal aprobación. Lo menos, no funcionó. Queda ahora “lo más” en manos del Gobernador. AA
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