Las evidencias y documentos que dan testimonio del accionar genocida de la última dictadura militar están en serio peligro de desaparecer, con la obvia consecuencia de generar impunidad para los autores de sus crímenes.
Dos hechos acontecidos en las últimas horas dan cuenta de ello: por un lado, el cierre del área de archivos del Ministerio de Defensa, un sector clave para desclasificar y “abrir” los documentos que contienen las actuaciones de los genocidas y utilizarlas como pruebas en juicios por delitos de lesa humanidad.
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Según denunció ATE, el ministro Oscar Aguad, célebre por su cercanía a represores como Luciano Benjamín Menéndez, dejó en la calle a 70 trabajadores de esa dependencia tres días antes de la Navidad, “sin causal de despido, sin aviso previo, sin explicaciones, sin humanidad”.
“Estos despidos afectan directamente al área de archivos de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del organismo, que trabaja en la desclasificación y apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas y presta apoyo a la Justicia en las causas por delitos de lesa humanidad”, indicaron desde un comunicado.
La medida, remarcó ATE, deja “desmantelada” el área y deja “a los juicios sin medios de prueba básicos contra los genocidas de la última dictadura cívico-militar (1976 – 1983) y dificultan el control civil sobre los Archivos de las Fuerzas Armadas”. Hoy habrá una movilización para repudiar la medida, a partir de las 11 en la Plaza de Armas, en CABA.
Pero no es el único hecho que posibilitaría la continuidad de la impunidad. Ayer, la jueza federal Martina Forns llevó a cabo una inspección ocular en el aeropuerto de El Palomar, donde se erigen dos sitios de la memoria -Base Aérea I y VII- y constató la destrucción parcial de uno de ellos.
Así se lo revelaron a INFOCIELO quienes vienen denunciando esta y otras irregularidades en la idea del Gobierno de generar una terminal aérea para que operen empresas “low cost” en esa localidad bonaerense. “se ha destruido y demolido diversos sectores que están protegidos por la Ley de la Memoria y que son prueba judicial de causas de lesa humanidad que todavía están en trámite”, denunciaron.
Un detalle inquieta: las construcciones destruidas están fuera -y lejos- del área de concesión que el Gobierno le cedió, mediante un decreto, a Aeropuertos Argentina 2000, con lo cual se generan más dudas aún en torno a las motivaciones de la demolición.
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