El diputado provincial Martín Rosúa, integrante de Unidos, defendió el paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y buscó bajar el tono de las tensiones internas que atravesaron a la coalición durante el debate legislativo. El dirigente radical descartó que las diferencias con el socialismo representen una ruptura del frente oficialista y valoró el resultado alcanzado en la Cámara de Diputados.
La reforma obtuvo 37 votos afirmativos y 11 negativos, en una votación que permitió avanzar con diez de las once herramientas que había solicitado el Poder Ejecutivo provincial. Si se suman otras dos iniciativas aprobadas previamente, el Gobierno santafesino consiguió el respaldo legislativo para 12 de las 13 herramientas de seguridad previstas.
Para Rosúa, el resultado representa un avance importante en la estrategia provincial contra el delito y el crimen organizado. En ese sentido, sostuvo que las organizaciones criminales continúan activas y modifican sus modalidades de actuación, por lo que consideró necesario actualizar las herramientas del Estado.
Las reformas de seguridad y el acuerdo legislativo
El legislador destacó especialmente las modificaciones vinculadas con el funcionamiento del sistema penitenciario, la inteligencia preventiva y digital, los allanamientos urgentes y la posibilidad de avanzar con juicios en ausencia bajo determinadas condiciones.
Uno de los objetivos centrales de la reforma es impedir que los presos considerados de alto perfil continúen organizando homicidios, extorsiones y otros delitos desde las cárceles. Para eso, el nuevo esquema contempla mayores restricciones sobre sus comunicaciones y condiciones de detención más rigurosas ante situaciones que representen una amenaza para la seguridad pública.
También se incorporaron herramientas tecnológicas para anticipar hechos delictivos y mecanismos de intervención en situaciones excepcionales, con los correspondientes controles judiciales.
Rosúa consideró que las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario permitieron mejorar el proyecto original sin alterar sus objetivos centrales. Entre los cambios mencionó la incorporación de plazos, condiciones objetivas y mecanismos de control para las medidas que amplían las facultades de las fuerzas de seguridad.
Las diferencias con el socialismo y la interna de Unidos
El debate por el paquete de seguridad había generado fuertes diferencias entre los sectores que integran Unidos, particularmente entre el radicalismo y el socialismo.
Las principales discusiones estuvieron relacionadas con el alcance de las facultades policiales, los allanamientos sin orden judicial previa y las garantías para las personas involucradas en investigaciones penales.
Sin embargo, Rosúa buscó relativizar el impacto político de esas diferencias y sostuvo que forman parte de la dinámica de una coalición de gobierno en la que conviven distintas posiciones.
El diputado reconoció que existen miradas diferentes sobre determinadas políticas, pero defendió la continuidad del espacio y la posibilidad de alcanzar acuerdos mediante la discusión legislativa.
En ese marco, también cuestionó el tiempo que demandó la negociación del proyecto. Consideró que la demora de casi seis meses para alcanzar una definición legislativa generó tensiones innecesarias dentro del oficialismo.
Una herramienta quedó pendiente y tendrá un debate propio
Uno de los capítulos que finalmente quedó afuera de la reforma fue el referido a las zonas de intervención policial especial.
La iniciativa buscaba habilitar facultades ampliadas para las fuerzas de seguridad en sectores específicos con altos niveles de violencia y concentración de hechos delictivos.
Según explicó Rosúa, dentro de Unidos acordaron avanzar con una ley específica para discutir esa herramienta por separado. La intención es combinar una intervención policial focalizada con la participación de otras áreas del Estado.
El legislador consideró que ese punto requería un debate más profundo y que su tratamiento posterior no representa un retroceso en la política de seguridad provincial.
De esta manera, el oficialismo consiguió avanzar con la mayor parte del paquete impulsado por Pullaro, mientras mantiene abierta la discusión sobre una de las medidas que más diferencias había generado entre sus socios políticos.
Para Rosúa, el desafío ahora será sostener los acuerdos legislativos y continuar fortaleciendo las herramientas de prevención e investigación del delito en Santa Fe.
