La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni podría cambiar de escenario. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten sostener una hipótesis de enriquecimiento ilícito y pidió que la causa pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
La definición representa un giro en el expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py y que tiene bajo la lupa la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete, sus propiedades y los mecanismos utilizados para financiar algunas de sus adquisiciones.
En su dictamen, Pollicita sostuvo que los elementos incorporados a la investigación no alcanzan para respaldar la hipótesis de que Adorni haya incrementado ilegalmente su patrimonio durante su paso por la función pública.
Por ese motivo, solicitó que el expediente sea remitido al fuero Penal Económico, donde podría continuar la investigación bajo otra figura: la eventual existencia de irregularidades tributarias.
Los bitcoins, en el centro de la explicación
Uno de los puntos centrales del expediente es la explicación que presentó la defensa de Adorni sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades y afrontar otros gastos que quedaron bajo sospecha.
El exfuncionario sostuvo que buena parte de ese dinero provenía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada al Gobierno.
Según esa versión, había invertido aproximadamente 200.000 dólares en operaciones presenciales con vendedores particulares, a quienes les pagaba en efectivo. El dinero habría sido distribuido en ocho billeteras de criptomonedas que posteriormente liquidó por un total de 591.544,61 dólares.
Con esos fondos, la defensa buscó justificar operaciones como la compra de la propiedad en el country Indio Cuá y el departamento del barrio porteño de Caballito, dos de los inmuebles que quedaron bajo análisis judicial.
Qué resolvió el fiscal y qué falta definir
Pollicita analizó las direcciones de Bitcoin aportadas y reconstruyó la situación patrimonial de Adorni desde que cumplió 18 años. De acuerdo con su dictamen, las pruebas reunidas no le permitirían refutar la explicación presentada por el exjefe de Gabinete ni sostener, por ahora, una acusación por enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, la decisión no significa que Adorni haya sido sobreseído ni que la investigación haya terminado.
Ahora será el juez federal Ariel Lijo quien deberá resolver si acepta el planteo del fiscal y declara la incompetencia de la Justicia Federal para continuar con el expediente. Si lo hace, la causa será remitida a los tribunales en lo Penal Económico para determinar si existió una eventual evasión tributaria.
De esta manera, el expediente podría abandonar Comodoro Py, aunque todavía quedan interrogantes sobre el origen, la trazabilidad y el tratamiento fiscal de los fondos que el funcionario atribuyó a sus inversiones en criptomonedas.
