Una destacada organización no gubernamental con más de 25 años de labor ambiental en la región del Gran La Plata llamada Nuevo Ambiente solicitó explicaciones formales ante las autoridades provinciales por el impacto socioambiental de las obras ejecutadas en la costa.
Marcelo Martínez, presidente de ONG que abarca La Plata, Berisso y Ensenada, dialogó con Infocielo, donde confirmó la presentación de un expediente ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para fiscalizar los permisos y la viabilidad técnica del murallón construido en la localidad de Punta Lara.
La institución, conocida por sentar precedentes judiciales históricos como el cierre del relleno sanitario ilegal de Ceamse y el impulso de la ley provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, advierte que la estructura costera actual carece de la documentación básica de sustentabilidad. Según explicaron desde la conducción directiva, la intervención no solo alteró la dinámica natural del río, sino que provocó consecuencias inmediatas en el uso social del espacio público ribereño.
Pérdida de playas, falta de accesibilidad y serios riesgos hidráulicos
Entre los aspectos centrales del reclamo se destaca la severa pérdida de metros cuadrados de playa y la eliminación de la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida. Desde la ONG argumentan que existían alternativas más económicas y sostenibles elaboradas por la Universidad Nacional de La Plata, diseñadas para resguardar los humedales costeros sin alterar el paisaje original. Asimismo, señalan la ausencia de instancias clave de participación ciudadana como la audiencia pública obligatoria marcada por la legislación vigente.
La preocupación técnica radica en la falta de análisis sobre el comportamiento de las corrientes y la resistencia del murallón frente a las sudestadas. Los activistas cuestionaron la omisión de estudios interdisciplinarios que involucren a geógrafos y especialistas universitarios, remarcando que el avance sobre la línea de ribera generó una modificación del terreno que pone en peligro tanto a los bañistas cotidianos como a quienes practican deportes acuáticos en la zona costera ensenadense.
Devastación en la Isla Santiago y a la espera de respuestas oficiales
El pedido de informe sobre Punta Lara se enmarca dentro de un contexto regional que la ONG califica de crítico e ininterrumpido. Los ambientalistas alertaron que en los últimos seis meses se registró una devastación sistemática de la vegetación en la Isla Santiago. Este territorio cuenta con resguardo legal explícito al estar declarado como paisaje protegido por ley provincial, albergando una biodiversidad estratégica para mitigar los efectos del cambio climático en todo el sector ribereño.
Ante la falta de planes de manejo ambiental que ya fueron exigidos por fallos judiciales previos, la entidad comunitaria formalizó el trámite administrativo para constatar si existió certificación ambiental precalificada. De momento, la comisión directiva se encuentra a la espera de que el Ministerio de Ambiente bonaerense responda al expediente iniciado, sin descartar futuras acciones legales para frenar el deterioro de las reservas naturales de la región.
Entre los principales puntos planteados ante el Ministerio de Ambiente bonaerense, la ONG Nuevo Ambiente solicitó información sobre:
1. Si el Municipio remitió al Ministerio de Ambiente actos administrativos relacionados con la planificación, aprobación, contratación, ejecución y control de la obra, solicitando copia íntegra de los mismos.
2. Si fue presentado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, junto con toda la documentación técnica que le sirvió de sustento, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 11.723.
3. Si se otorgó la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, y en ese caso, cuáles fueron las autorizaciones, permisos y resoluciones emitidas.
4. Si existen informes técnicos, dictámenes jurídicos y demás antecedentes que hayan sido considerados para evaluar o autorizar la obra.
5. Qué estudios e informes existen respecto de los posibles impactos sobre la dinámica costera, régimen de mareas, erosión, sedimentación, biodiversidad y humedales costeros.
6. Si fueron realizados estudios hidrológicos, hidráulicos, geológicos y geotécnicos, solicitando copia de los mismos.
7. Qué monitoreos ambientales, inspecciones y controles fueron efectuados antes, durante y después de la ejecución de la obra.
8. Si existen y fueron aprobados planes de mitigación, compensación, restauración y seguimiento ambiental.
9. Si se realizaron instancias de participación ciudadana, consultas o audiencias públicas, indicando fechas, modalidades y documentación producida, particularmente teniendo en cuenta las características y dimensiones de la obra.
10. Qué organismos públicos intervinieron y quiénes fueron los responsables técnicos de la evaluación ambiental.
