Los cambios a la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente de conflicto con la provincia de Buenos Aires. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, rechazó el proyecto al considerar que no responde a una demanda del sector agropecuario, cuestionó el argumento oficial de que favorecerá las inversiones y advirtió que la iniciativa pone “en juego la soberanía territorial”.
Durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno bonaerense, el funcionario sostuvo que la modificación del régimen de compra de tierras por parte de extranjeros se instaló como un tema de la agenda política nacional, pero aseguró que está lejos de representar una preocupación para los productores.
“Este proyecto que el Gobierno llama de inviolabilidad de la propiedad privada es parte de la agenda de debate nacional, pero quiero decir que nada es parte de la agenda del sector productivo. Hoy el sector productivo no está viendo el tema de las tierras como una preocupación ni entiende que haya una necesidad como la que el Gobierno quiere señalar”, afirmó.
Provincia cuestionó el argumento de las inversiones
Rodríguez también apuntó contra uno de los principales fundamentos esgrimidos por la Casa Rosada para impulsar la reforma: que una mayor apertura a la compra de tierras por parte de extranjeros incentive la llegada de inversiones.
“El Gobierno nacional con este proyecto quiere argumentar que favorece las inversiones. Una vez más elude lo que ocurre en la realidad. La inversión extranjera directa y la inversión productiva están por el piso producto de la caída del consumo, de la demanda y de este esquema macroeconómico. Si vamos a debatir los fundamentos de la inversión habría que tener en cuenta esto”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que no existe una relación directa entre flexibilizar el régimen de propiedad de la tierra y un mayor desarrollo productivo.
“Cuando se habla de modificar las condiciones de compra por parte de extranjeros no hay una vinculación con lo productivo ni con la inversión. Conocemos muchas compras de tierras por parte de extranjeros que no tienen un fin productivo”, señaló.
Para el ministro, el oficialismo construye un argumento que no encuentra respaldo en la realidad económica.
“Hay una falacia del Gobierno nacional de eludir lo que ocurre con las inversiones y de buscar un argumento para sostener que esto podría incluir un incremento de las inversiones”, cuestionó.
“Lo que está en juego es la soberanía”
Más allá de la discusión económica, Rodríguez sostuvo que el debate central pasa por los límites que la legislación fija a la extranjerización de la tierra.
“Sin ninguna duda, lo que está puesto en juego es la soberanía nacional y, en particular, la soberanía territorial, que es la primera faceta de la soberanía. La soberanía tiene que ver con la capacidad de los pueblos de definir su propio futuro”, afirmó.
En ese marco, defendió la normativa vigente y rechazó que sea un obstáculo para las operaciones inmobiliarias.
“La ley actual permite que un productor que quiera vender la tierra a un extranjero lo pueda hacer. Lo que establece son determinadas condiciones, fija un tope y genera un resguardo para las tierras ubicadas en zonas de frontera. Hoy existe un marco general que permite la compra y venta de tierras, pero que también defiende la soberanía”, explicó.
También advirtió por el conflicto con Brasil
Rodríguez aprovechó la conferencia para cuestionar la política exterior del Gobierno nacional y vinculó la reciente crisis diplomática con Brasil con posibles consecuencias para el comercio agroalimentario.
El ministro advirtió que el deterioro de la relación bilateral puede dificultar las gestiones sanitarias que permiten resolver con rapidez eventuales conflictos y sostener abiertos los mercados para las exportaciones de alimentos.
“Este tipo de declaraciones resienten el vínculo. Y lo que ocurre respecto a las exportaciones de alimentos es que permanentemente hay que estar en vinculaciones con los Estados contraparte por cuestiones sanitarias“, afirmó.
En ese sentido, explicó que cuando surge un problema sanitario la relación política entre los países resulta determinante para evitar el cierre de mercados.
“Muchas veces aparece algún problema sanitario y se cierra un mercado. La cuestión es si hay una vinculación estrecha que permite que a las horas estén reunidas las máximas autoridades o si esa relación no está”, concluyó.
