Este jueves, el Senado de la Nación vivirá una de sus jornadas más calientes. En el centro del ring se encuentra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto impulsado con fuerza por el oficialismo y promovido personalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Detrás de un nombre de apariencia técnica, se esconde un objetivo claro, la derogación de la Ley de Tierras -N° 26.737-, eliminando de un plumazo todos los controles y topes a la extranjerización del suelo argentino.

El gobierno de Javier Milei confía en poder aprobar este paquete en el recinto. Sin embargo, en los pasillos de la Cámara Alta, los números todavía se muestran sumamente ajustados. Las miradas están puestas en los senadores “dialoguistas”, cuyo silencio estirará la intriga hasta el último minuto de la votación.

Radiografía de la entrega: El mapa que la ley frena

Frente al argumento oficial de que “ninguna provincia excede de forma global el límite del 15 por ciento de extranjerización”, la ciencia y la investigación territorial aportan datos incómodos. Un reciente informe del Observatorio de Tierras, desarrollado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, revela que 13 millones de hectáreas del territorio argentino ya están en manos extranjeras. Se trata de casi el 5 por ciento del país, una superficie equivalente a toda la extensión de Inglaterra.

Este informe revela los puntos críticos del mapa argentino, para desmenuzar estos datos se pone el foco en las localidades que más porcentaje de extranjerización de tierras tienen y que recursos naturales son los que atraen las miradas extranjeras. Lácar, provincia de Neuquén encabeza el ranking con más del 50 por ciento, sus recursos son clave, están en juego agua dulce y bosques nativos en suelo cordillerano. En tanto, el territorio de minerales que se encuentran en General Lamadrid, provincia de La Rioja también supera el 50 por ciento al igual que Molinos y San Carlos de Salta que tienen gran concentración de litio, minería y valles estratégicos.

Le siguen los municipios que superan el 30 por ciento, el Observatorio de Tierras revela que, en la provincia de Buenos Aires, solo dos localidades —Zárate y Campana— superan el límite legal para la venta de tierras rurales a extranjeros, en un escenario donde la normativa existe pero el propio registro oficial expone incumplimientos localizados. Esta zona bonaerense cuenta con la Ribera del Paraná, logística fluvial clave y tierras productivas.

La triple frontera – Iguazú- en la provincia de Misiones cuenta con agua dulce y biodiversidad que también ya superan el 30 por ciento al igual que Ituzaingó y Berón de Astrada de la provincia de Corrientes, donde los humedales, acuífero guaraní y Ribera del Paraná son zonas ricas.

Lo que buscan los investigadores, el historiador Matías Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano (UBA/MILPA), creadores del mapa del mapa interactivo que expone las zonas críticas del país, es que la extranjerización de tierras, en municipios del país, no cumple con los porcentajes que establece la ley actual y la mirada extranjera está puesta en áreas estratégicas. Las zonas de gran valor que se convierten en moneda de cambio de países -potencia- desplazando a la argentina a transformarse en una economía de enclave.

El informe revela, además, un podio de propietarios, Estados Unidos lidera la tenencia con más de 2,7 millones de hectáreas (un área más grande que la provincia de Tucumán), seguido de cerca por firmas de origen italiano y español.

El caso bonaerense: Pocas hectáreas, pero en un nodo hiperestratégico

Al hacer zoom sobre la provincia de Buenos Aires, el panorama se vuelve sumamente interesante y requiere hilar fino. Los datos muestran que el territorio bonaerense se ubica considerablemente por debajo de la media del país. “La provincia de Buenos Aires está bastante por debajo del promedio nacional”, aclara Oberlin en diálogo con INFOCIELO. “El promedio nacional es alrededor del 5 por ciento de extranjerización de tierras, y la provincia de Buenos Aires tiene más o menos un 2,8 por ciento”.

Ese porcentaje se traduce en unas 800.000 hectáreas extranjerizadas, una cifra menor si se la compara con las más de 30 millones de hectáreas totales de la provincia. “Si pensamos, por ejemplo, que hay departamentos enteros como Malargüe, en Mendoza, que tiene 600.000 hectáreas extranjerizadas solo ese departamento, no parece tanto”, detalla el historiador. El podio de dueños en suelo bonaerense lo encabezan españoles e italianos, quienes concentran alrededor del 1,10 por ciento del total provincial.

Sin embargo, el verdadero peligro de la desregulación en Buenos Aires no es cuantitativo, sino estrictamente geográfico y estratégico, “lo que sí hay son algunos nodos críticos, particularmente Zárate y Campana, que están a la vera de la mal llamada hidrovía del Paraná —la principal cuenca fluvial de nuestro territorio—, donde lo que predominan son capitales chilenos. Son territorios estratégicos porque están justamente a la vera de la principal cuenca fluvial por donde sale todo lo que producimos”, explica Oberlín.

Cronología del suelo rematado

Para comprender la magnitud de la sesión de hoy jueves, es necesario repasar cómo la legislación argentina fue cediendo o blindando su territorio a lo largo de las últimas décadas. A través del blindaje originario en 1944, cuando se sanciona el Decreto 15.385, que declara de “conveniencia nacional” que las tierras de seguridad fronteriza pertenezcan exclusivamente a ciudadanos argentinos nativos.

En tanto, bajo la presidencia de Carlos Menem, en 1996 crea la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que absorbe las funciones de la Superintendencia de Fronteras. Se autoriza velozmente la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de frontera, facilitando compras emblemáticas e irregulares como la de Joe Lewis en Lago Escondido (Río Negro) y las estancias de Benetton en Cushamen (Chubut).

En el 2011 tras el boom de los “commodities” de los 2000, que abarató el suelo local para el capital extranjero, se sanciona la Ley N° 26.737. Esta norma fija el techo del 15 por ciento de extranjerización y prohíbe que un solo titular concentre más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

La Flexibilización de Macri en 2016, a través del Decreto 820/2016, relaja los controles de composición societaria. Esto genera una “baja matemática ficticia” de la extranjerización en los registros, ocultando a los verdaderos dueños bajo sociedades pantalla.

2023

La gestión de Javier Milei intenta derogar de forma directa la Ley de Tierras mediante el artículo 154 de su mega-DNU 70/2023, que tuvo un freno judicial en enero 2024. La Justicia, tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), dicta una medida cautelar que frena provisoriamente la derogación vía DNU, forzando al Gobierno a trasladar la batalla al Congreso.

La Batalla en el recinto de hoy, donde el oficialismo intenta dar el golpe definitivo por vía legislativa en el Senado, buscando liberar por completo el mercado de tierras.

Lo que está en juego: El retroceso soberano en las fronteras

La discusión que albergarán los senadores excede largamente lo administrativo y plantea una paradoja cuando se mira al resto del mundo. Mientras el discurso oficialista promueve una apertura total bajo banderas de modernización, los países centrales operan bajo recetas diametralmente opuestas.

Al ser consultado sobre las políticas de tierras de potencias como Estados Unidos o Inglaterra, Oberlin advierte que allí el control es severo, “son mucho más restrictivas las legislaciones con respecto a la extranjerización de tierras en estos países, particularmente sobre todo en tierras de frontera”.

Es justamente este blindaje el que corre serio riesgo en el Congreso. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no solo elimina los topes de compra de hectáreas, sino que va al hueso de la seguridad geopolítica, “se liberaliza también la extranjerización de tierras en zona de frontera”, concluye el investigador del CONICET.

En un contexto global signado por el cambio climático, la transición energética y las disputas por el control del agua y los minerales críticos, desarmar este marco legal dejará desprotegidas las nacientes de los ríos patagónicos, los yacimientos de litio y las áreas limítrofes más sensibles del país. El Senado definirá, en pocas horas, quién se queda con las llaves de acceso al territorio nacional.

El tema empezó poniendo en la mira a la patagonia

El origen del saqueo: Menemismo, triangulaciones y el “boom” de los 2000

Para dimensionar la gravedad de lo que se debate en el Congreso, es imperioso mirar el espejo retrovisor de nuestra historia reciente. La extranjerización de la tierra en la Argentina tuvo un quiebre fundamental a fines de la década de los noventa. En 1996, la presidencia de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI). Este organismo absorbió las funciones de la Superintendencia Nacional de Fronteras y autorizó, de manera veloz, la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza.

Aquellas transacciones vulneraron abiertamente el histórico Decreto 15.385 de 1944, que blindaba estas áreas restringiendo su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Fue bajo el amparo de estas triangulaciones y flexibilizaciones que se consolidaron los casos más emblemáticos de extranjerización y conflicto territorial en el sur argentino:

• Lago Escondido (Río Negro): Adquirido de forma irregular por el magnate británico Joe Lewis.
• Estancias de Luciano Benetton (nacionalidad italiana): Millones de hectáreas adquiridas en la Patagonia, con epicentro en Cushamen (Chubut), territorio que hoy sigue bajo un severo conflicto socioambiental con comunidades originarias.

En los años 2000, la devaluación de la moneda local combinada con el boom internacional de los precios de los alimentos convirtió al suelo argentino en un botín sumamente barato y codiciado. Esto motivó la posterior sanción de la Ley de Tierras en 2011, que fijó un techo del 15% de extranjerización provincial y departamental, impidiendo además que un solo titular concentrara más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agropecuaria.

Las metodologías de la mentira: Del Decreto de Macri al DNU de Milei

El embate corporativo contra la protección de los recursos nacionales no comenzó con La Libertad Avanza. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri dictó el Decreto 820/2016, que desvirtuó la aplicación de la ley. Aquella medida flexibilizó los controles, permitió declarar los cambios de composición societaria después de concretados y modificó los criterios técnicos para definir quién era considerado “extranjero” en casos de sucesiones, condominios o participaciones indirectas.

Esta alteración metodológica explica un fenómeno llamativo: la supuesta “baja” en el porcentaje de tierras extranjerizadas registrada por los organismos oficiales entre 2015 y 2022 no obedeció a una recuperación de soberanía, sino a una forma matemática de esconder a los verdaderos dueños del suelo bajo estructuras de sociedades fantasma.

En 2023, la presidencia de Javier Milei intentó la vía rápida barriendo la Ley de Tierras de un plumazo mediante el artículo 154 del mega-DNU 70/2023. No obstante, en enero de 2024, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) obtuvo una medida cautelar tras presentar un recurso de amparo ante la Justicia, frenando provisoriamente el desguace normativo. Tras ese revés judicial, el oficialismo traslada ahora la batalla al recinto del Congreso.

Radiografía de la entrega: ¿Quiénes son los dueños de la Argentina?

El discurso oficial, reproducido en portales gubernamentales, se ampara en una verdad a medias: afirma que “ninguna provincia excede de forma global el límite del 15% de extranjerización”. Pero el diablo está en los detalles y en la escala.

Un reciente mapa interactivo elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET, bajo el ala del Observatorio de Tierras, expone la preocupante realidad del territorio nacional

e la Ley de Tierras como parte del paquete legislativo del Consejo de Mayo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha expresado abiertamente esta intención, en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, emitido al inicio de la gestión de Milei. Los investigadores alertan que eliminar este marco legal facilitaría la compra de tierras en zonas sensibles: lagos patagónicos, bosques nativos, áreas fronterizas y acuíferos vitales para millones de personas.

Un reciente mapa elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) revela que 13 millones de hectáreas del territorio argentino —casi el 5% del país— están en manos extranjeras, una superficie equivalente a la extensión de Inglaterra.

La herramienta, desarrollada por el Observatorio de Tierras, advierte que 36 departamentos ya superan el límite del 15% de propiedad extranjera establecido por la Ley 26.737, normativa que el Gobierno de Javier Milei busca derogar

El historiador Matías Oberlin, uno de los creadores del Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina, explicó que “no es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa”. El trabajo se basó en pedidos de acceso a la información pública y culminó en un mapa interactivo que desmiente la versión oficial sobre el cumplimiento homogéneo de la ley.

Cuatro departamentos superan el 50% de extranjerización: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), y Molinos y San Carlos (Salta). Todos concentran recursos estratégicos como agua dulce, litio, minerales críticos o tierras raras. Otros puntos críticos incluyen Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), donde la presencia foránea supera el 30%, especialmente en zonas ribereñas del río Paraná.

Según los investigadores, Estados Unidos lidera la tenencia de tierras extranjeras en Argentina, con más de 2,7 millones de hectáreas —una superficie mayor que la provincia de Tucumán—. Le siguen Italia y España. “Benetton es un caso paradigmático”, señaló Oberlin, refiriéndose a la empresa italiana dueña de vastas extensiones en zonas como Cushamen, en Chubut, escenario de fuertes conflictos socioambientales.

El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Tierras como parte del paquete legislativo del Consejo de Mayo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha expresado abiertamente esta intención, en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, emitido al inicio de la gestión de Milei. Los investigadores alertan que eliminar este marco legal facilitaría la compra de tierras en zonas sensibles: lagos patagónicos, bosques nativos, áreas fronterizas y acuíferos vitales para millones de personas.

llo y justicia territorial.