Este jueves, el Senado de la Nación vivirá una de sus jornadas más calientes. En el centro del ring se encuentra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto impulsado con fuerza por el oficialismo y promovido personalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Detrás de un nombre de apariencia técnica, se esconde un objetivo claro, la derogación de la Ley de Tierras -N° 26.737-, eliminando de un plumazo todos los controles y topes a la extranjerización del suelo argentino.

El gobierno de Javier Milei confía en poder aprobar este paquete en el recinto. Sin embargo, en los pasillos de la Cámara Alta, los números todavía se muestran sumamente ajustados. Las miradas están puestas en los senadores “dialoguistas”, cuyo silencio estirará la intriga hasta el último minuto de la votación.

Radiografía de la entrega: El mapa que la ley frena

Frente al argumento oficial de que “ninguna provincia excede de forma global el límite del 15 por ciento de extranjerización”, la ciencia y la investigación territorial aportan datos incómodos. Un reciente informe del Observatorio de Tierras, desarrollado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, revela que 13 millones de hectáreas del territorio argentino ya están en manos extranjeras. Se trata de casi el 5 por ciento del país, una superficie equivalente a toda la extensión de Inglaterra.

Este informe revela los puntos críticos del mapa argentino, para desmenuzar estos datos se pone el foco en las localidades que más porcentaje de extranjerización de tierras tienen y que recursos naturales son los que atraen las miradas extranjeras. Lácar, provincia de Neuquén encabeza el ranking con más del 50 por ciento, sus recursos son clave, están en juego agua dulce y bosques nativos en suelo cordillerano. En tanto, el territorio de minerales que se encuentran en General Lamadrid, provincia de La Rioja también supera el 50 por ciento al igual que Molinos y San Carlos de Salta que tienen gran concentración de litio, minería y valles estratégicos.

Le siguen los municipios que superan el 30 por ciento, la triple frontera – Iguazú- en la provincia de Misiones cuenta con agua dulce y biodiversidad al igual que Ituzaingó y Berón de Astrada de la provincia de Corrientes, donde los humedales, acuífero guaraní y Ribera del Paraná son zonas ricas.

Lo que buscan los investigadores, el historiador Matías Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano (UBA/MILPA), creadores del mapa del mapa interactivo que expone las zonas críticas del país, es visibilizar que la extranjerización de tierras, en el país, no cumple con los porcentajes que establece la ley actual y qué la mirada está puesta en áreas estratégicas. Las zonas de gran valor que se convierten en moneda de cambio de países -potencia- desplazando a la argentina a transformarse en una economía de enclave.

El informe revela, además, un podio de propietarios, Estados Unidos lidera la tenencia con más de 2,7 millones de hectáreas (un área más grande que la provincia de Tucumán), seguido de cerca por firmas de origen italiano y español.

El caso bonaerense: Pocas hectáreas, pero en un nodo hiperestratégico

Al hacer zoom sobre la provincia de Buenos Aires, el panorama se vuelve sumamente interesante y requiere hilar fino. Los datos muestran que el territorio bonaerense se ubica considerablemente por debajo de la media del país. “La provincia de Buenos Aires está bastante por debajo del promedio nacional”, aclara Oberlin en diálogo con INFOCIELO. “El promedio nacional es alrededor del 5 por ciento de extranjerización de tierras, y la provincia de Buenos Aires tiene más o menos un 2,8 por ciento”.

Ese porcentaje se traduce en unas 800.000 hectáreas extranjerizadas, una cifra menor si se la compara con las más de 30 millones de hectáreas totales de la provincia. “Si pensamos, por ejemplo, que hay departamentos enteros como Malargüe, en Mendoza, que tiene 600.000 hectáreas extranjerizadas solo ese departamento, no parece tanto”, detalla el historiador. El podio de dueños en suelo bonaerense lo encabezan españoles e italianos, quienes concentran alrededor del 1,10 por ciento del total provincial.

Sin embargo, el verdadero peligro de la desregulación en Buenos Aires no es cuantitativo, sino estrictamente geográfico y estratégico, “lo que sí hay son algunos nodos críticos, particularmente Zárate y Campana, que están a la vera de la mal llamada hidrovía del Paraná —la principal cuenca fluvial de nuestro territorio—, donde lo que predominan son capitales chilenos. Son territorios estratégicos porque están justamente a la vera de la principal cuenca fluvial por donde sale todo lo que producimos”, explica Oberlín.

Cronología del suelo rematado

Para comprender la magnitud de la sesión de hoy jueves, es necesario repasar cómo la legislación argentina fue cediendo o blindando su territorio a lo largo de las últimas décadas. A través del blindaje originario en 1944, cuando se sanciona el Decreto 15.385, que declara de “conveniencia nacional” que las tierras de seguridad fronteriza pertenezcan exclusivamente a ciudadanos argentinos nativos.

En tanto, bajo la presidencia de Carlos Menem, en 1996 crea la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que absorbe las funciones de la Superintendencia de Fronteras. Se autoriza velozmente la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de frontera, facilitando compras emblemáticas e irregulares como la de Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro y las estancias de Benetton en Cushamen, Chubut.

En el 2011 tras el boom de los “commodities” de los 2000, que abarató el suelo local para el capital extranjero, se sanciona la Ley N° 26.737. Esta norma fija el techo del 15 por ciento de extranjerización y prohíbe que un solo titular concentre más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

La Flexibilización de Macri en 2016, a través del Decreto 820/2016, relaja los controles de composición societaria. Esto genera una “baja matemática ficticia” de la extranjerización en los registros, ocultando a los verdaderos dueños bajo sociedades pantalla.

El DNU

La gestión de Javier Milei intenta derogar de forma directa la Ley de Tierras mediante el artículo 154 de su mega-DNU 70/2023, que tuvo un freno judicial en enero 2024. La Justicia, tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), dicta una medida cautelar que frena provisoriamente la derogación vía DNU, forzando al Gobierno a trasladar la batalla al Congreso.

La Batalla en el recinto de hoy, donde el oficialismo intenta dar el golpe definitivo por vía legislativa en el Senado, buscando liberar por completo el mercado de tierras.

Lo que está en juego: El retroceso soberano en las fronteras

La discusión que albergarán los senadores excede largamente lo administrativo y plantea una paradoja cuando se mira al resto del mundo. Mientras el discurso oficialista promueve una apertura total bajo banderas de modernización, los países centrales operan bajo recetas diametralmente opuestas.

Al ser consultado sobre las políticas de tierras de potencias como Estados Unidos o Inglaterra, Oberlin advierte que allí el control es severo, “son mucho más restrictivas las legislaciones con respecto a la extranjerización de tierras en estos países, particularmente sobre todo en tierras de frontera”.

Es justamente este blindaje el que corre serio riesgo en el Congreso. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada va al hueso de la seguridad geopolítica, “se liberaliza también la extranjerización de tierras en zona de frontera”, concluye el investigador del CONICET.

En un contexto global signado por el cambio climático, la transición energética y las disputas por el control del agua y los minerales críticos, desarmar este marco legal dejará desprotegidas las nacientes de los ríos patagónicos, los yacimientos de litio y las áreas limítrofes más sensibles del país. El Senado definirá, en pocas horas, quién se queda con las llaves de acceso al territorio nacional.