Lo que debía ser una jornada de debate legislativo en la comisión de movilidad urbana de Mar del Plata se transformó, en cuestión de segundos, en un escenario de violencia física. En el centro de la escena, conductores de aplicaciones y taxistas dirimieron sus diferencias a los golpes, en medio de la discusión por la regulación de plataformas como Uber, Cabify y Didi.
El estallido de la violencia
El conflicto escaló mientras Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil de Conductores Unidos, exponía la postura de los trabajadores de aplicaciones. Según relató el propio Setzes en “Palabras más, palabras menos” de LA CIELO FM 103.5 , la atmósfera se volvió hostil rápidamente, “empezaron los abucheos, silbidos, me interrumpieron y no me dejaron continuar”. El detonante final, según su testimonio, fue una agresión directa hacia uno de sus colegas por parte de miembros del sindicato de taxistas, “a un compañero le escupen la cara, lo amenazan y ahí comienza la trifulca”.
A pesar de que las imágenes viralizadas mostraron una pelea generalizada, Setzes calificó el hecho de manera distinta, “más que una batalla, sinceramente fue un amedrentamiento y un avasallamiento de varios trabajadores del sector de taxis hacia mi persona”. Aseguró que su grupo no buscaba el choque físico, “no fuimos preparados para ninguna guerra ni ninguna batalla campal, fuimos a apoyar nuestro proyecto y a exponer nuestra expectativa”.
La disputa de fondo: Cupos vs. Libertad de trabajo
La discusión técnica gira en torno a cómo establecer un marco regulatorio para una actividad que, aunque prohibida formalmente desde 2019, opera masivamente en la ciudad. La Asociación Civil reclama un “reconocimiento de la modalidad de transporte privado de personas” y exige un marco que no sea restrictivo.
La principal diferencia radica en la limitación de la oferta. “El proyecto del sector de los taxis quiere establecer un cupo acorde a un supuesto análisis errado de la capacidad de trabajo”, denunció Setzes. Desde su sector, proponen condiciones de seguridad —como seguros comerciales y antigüedad de vehículos de hasta 15 años— pero rechazan los límites cuantitativos. El objetivo, afirma, es “trabajar bajo la legalidad y que no seamos perseguidos como criminales por las entidades de transporte”.
Cifras y paradojas de un mercado compartido
La crónica de este conflicto revela datos llamativos sobre el transporte en “La Feliz”. Se estima que existen unas 5.000 cuentas activas de aplicaciones, de las cuales 3.000 operan diariamente. Esta cifra iguala, en la práctica, al parque automotor de taxis y remises habilitados.
Sin embargo, la frontera entre ambos bandos es más difusa de lo que sugieren los golpes en el Concejo. Setzes sostiene que “ocho de cada diez taxistas usan aplicaciones” y que estas herramientas son un método de trabajo que se les suma a su actividad habitual. Incluso denunció una “doble vara” política y social, señalando que “mismos empleados municipales, del ejecutivo y legislativo, inclusive trabajan con Uber”.
Un futuro con custodia policial
Tras los incidentes, el presidente de la comisión de movilidad urbana, Guido García, repudió la violencia y confirmó que el debate continuará a “puertas abiertas”, aunque con cambios significativos en la logística. La próxima sesión contará con un operativo de prevención por las fuerzas de seguridad, una medida que los propios protagonistas lamentan.
Para los conductores de aplicaciones, la situación es insostenible, “es un contrasentido que te digan que no podés trabajar sin habilitación, pero que no te generen las condiciones para habilitarte”. Mientras tanto, la ciudad espera una resolución política para un conflicto que ya pasó de los expedientes a los puños.
