Este 14 de febrero se cumple un año del estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, el proyecto promocionado por el presidente Javier Milei que derivó en pérdidas millonarias para miles de inversores y abrió una investigación judicial por presunta estafa, posibles pagos a funcionarios y uso de la investidura presidencial para beneficiar un negocio privado. Doce meses después, el expediente sigue sin llamados a indagatoria, la ruta del dinero continúa bajo análisis y el caso mantiene interrogantes clave sin resolver.
El episodio comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario difundió en redes sociales el lanzamiento del token $LIBRA, presentado como un proyecto destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina y financiar emprendimientos locales. La publicación incluía el acceso directo al contrato para adquirir la criptomoneda, que hasta ese momento no era público. La difusión presidencial generó una rápida suba del valor del activo virtual, seguida por un colapso en cuestión de horas que dejó miles de damnificados en todo el mundo.
El rol del Presidente y el derrumbe del token
Según reconstrucciones judiciales y periodísticas, el mensaje del mandatario fue decisivo para la operación. La promoción generó confianza entre inversores y disparó la cotización del token, permitiendo a operadores con información previa vender sus tenencias a precios inflados antes del desplome.
Tras el derrumbe, el Presidente borró el mensaje y aseguró que había difundido el proyecto “a título personal” y sin conocer sus detalles. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron reuniones previas con los organizadores del proyecto, la existencia de acuerdos de asesoramiento y contactos directos con los impulsores de la criptomoneda.
El creador del token, el empresario estadounidense Hayden Davis, CEO de Kelsier Group, aseguró públicamente haber asesorado al mandatario en blockchain y tecnologías digitales. También afirmó haber retenido fondos vinculados al proyecto y expresó sorpresa por el distanciamiento del jefe de Estado tras el colapso del activo.
Acuerdos confidenciales y vínculos previos
Documentación difundida por investigaciones periodísticas reveló la existencia de al menos un acuerdo firmado entre Milei y Davis, fechado el 29 de enero de 2025, mediante el cual el empresario fue designado asesor del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial. También surgieron borradores de convenios previos con pagos millonarios previstos por la empresa del estadounidense.
Las pesquisas indican además que Davis llegó a la Casa Rosada a través de intermediarios cercanos al mandatario, entre ellos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, operadores del mundo cripto que mantuvieron múltiples reuniones con el Presidente y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Registros oficiales y planillas de acceso revelaron encuentros reiterados en Casa Rosada y la residencia de Olivos, varios de ellos no consignados en el registro público de audiencias. También se investiga el rol de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, quien habría participado en los acuerdos vinculados al proyecto.
La ruta del dinero y las sospechas de pagos
Uno de los ejes centrales de la investigación es el movimiento de fondos entre billeteras virtuales en fechas coincidentes con reuniones entre los involucrados. Informes de organismos especializados del Ministerio Público detectaron transferencias millonarias de Davis a intermediarios vinculados al entorno del mandatario.
Entre las operaciones bajo análisis figuran envíos de criptodólares a billeteras asociadas a los operadores del proyecto y movimientos posteriores hacia cuentas que habrían permitido convertir los fondos en efectivo para dificultar su rastreo. También se investigan transferencias a intermediarios financieros y operaciones coincidentes con la apertura y vaciamiento de cajas de seguridad.
El fiscal del caso señaló en distintas actuaciones la sospecha de “pagos indirectos a funcionarios públicos”, hipótesis que aún no fue confirmada judicialmente pero continúa bajo investigación.
La investigación quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, con el fiscal Eduardo Taiano a cargo de la instrucción. A pesar del volumen de documentación y de las múltiples denuncias presentadas en Argentina y en el exterior, el expediente avanza con lentitud.
Hasta el momento no hubo llamados a indagatoria, no se conocieron los resultados del análisis de teléfonos secuestrados a los principales intermediarios y las medidas patrimoniales siguen en discusión. La Cámara Federal ordenó acelerar la investigación y aumentar embargos, pero las decisiones aún no se implementaron plenamente.
El funcionamiento de la maniobra
Especialistas del sector describen el caso como un esquema típico de “meme coin”: activos digitales creados sin valor real cuyo precio se sostiene por la promoción de figuras influyentes. En este caso, la intervención de un jefe de Estado habría generado la confianza necesaria para atraer inversores de todo el mundo.
Estimaciones privadas calculan que entre 40.000 y 75.000 personas resultaron afectadas y que los operadores del proyecto obtuvieron ganancias cercanas a los 280 millones de dólares. El supuesto financiamiento de pequeñas empresas argentinas, argumento central de la promoción oficial, nunca se concretó.
Investigaciones paralelas y repercusiones políticas
Gran parte de la información conocida hasta ahora surgió de investigaciones periodísticas, informes técnicos y el trabajo de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Legisladores opositores sostienen que el lanzamiento del token fue una operación planificada y coordinada que no habría sido posible sin la intervención del Presidente.
El caso también generó denuncias por presunto cobro de coimas para facilitar reuniones con el mandatario, pedidos de acceso a información pública sobre los contratos firmados y reclamos para que se esclarezca el destino de los fondos obtenidos en la operación.
Un escándalo sin cierre
A un año del episodio, el caso $LIBRA permanece abierto, con múltiples interrogantes sobre el rol del Gobierno, el circuito del dinero y las responsabilidades penales. Mientras la investigación judicial avanza sin definiciones concretas, el escándalo continúa proyectando consecuencias políticas e institucionales.
El principal interrogante sigue vigente: cómo llegó el proyecto a manos del Presidente, quiénes se beneficiaron económicamente del colapso del token y si existió un esquema de pagos para facilitar la promoción de un negocio privado desde la máxima autoridad del Estado. Por ahora, las respuestas siguen pendientes.
