La intervención del Gobierno nacional en el Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo de tensión política, esta vez en la Legislatura. A través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados, la diputada Silvina Naridi de Unión por la Patria, expresó su rechazo y preocupación frente a la medida adoptada por la administración de Javier Milei, a la que consideran un avasallamiento al federalismo y una violación de la autonomía de las provincias.
La iniciativa apunta contra la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que dispuso la intervención del puerto ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el texto, el Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de regularizar condiciones de seguridad operativa y atender un déficit de inversión detectado en la terminal portuaria.
Sin embargo, los fundamentos del proyecto remarcan que la medida fue notificada a las autoridades fueguinas en la madrugada del 21 de enero y estuvo acompañada por una fuerte presencia de Gendarmería Nacional en las inmediaciones del puerto, un despliegue que generó cuestionamientos políticos e institucionales.
Desde el plano jurídico, la legisladora recuerda que el Puerto de Ushuaia fue transferido a la provincia en 1992, mediante un convenio celebrado en el marco de la ley 24.093, que incluyó la administración y explotación de la terminal portuaria. Ese acuerdo fue ratificado por decreto provincial, por lo que —según el proyecto— una resolución administrativa nacional no puede modificarlo ni desconocerlo.
El texto cita los artículos 121 y 123 de la Constitución Nacional, que establecen que las provincias conservan todos los poderes no delegados al Estado federal y garantizan su autonomía institucional, política, administrativa y económica. También se menciona el artículo 1° de la Constitución bonaerense, que reconoce el libre ejercicio de las competencias provinciales y habilita a la Legislatura a pronunciarse ante situaciones que afecten el sistema federal.
En ese marco, el proyecto sostiene que la titularidad y administración del Puerto de Ushuaia corresponden de manera exclusiva a la provincia de Tierra del Fuego y recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado en fallos recientes los límites constitucionales de la subordinación provincial frente al Estado nacional.
La iniciativa también recoge la reacción del gobernador fueguino Gustavo Melella, quien rechazó públicamente la intervención y anunció que acudirá a la Justicia para frenar la medida, a la que calificó como “abrupta e injustificada”.
LA DECISIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL
La Resolución 4/2026 fue adoptada en un contexto de reorganización del sistema portuario nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La intervención del Puerto de Ushuaia se conoció en paralelo a la participación del Presidente en el Foro Económico de Davos, donde mantuvo reuniones con líderes internacionales y promovió una agenda de apertura económica y desregulación.
En ese marco, distintos sectores políticos y sindicales plantearon interrogantes sobre el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia, clave para la logística antártica y el control del Atlántico Sur, y sobre el alcance de la intervención nacional en infraestructuras que se encuentran bajo administración provincial.
