A tres días de las elecciones, la discusión sobre una posible reforma laboral volvió a dividir posturas entre los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. En diálogo con LA CIELO, coincidieron en la necesidad de actualizar el sistema, aunque con miradas muy distintas sobre cómo hacerlo y a quién debería beneficiar.
Desde Potencia, María Eugenia Talerico aseguró que acompañará una reforma, pero con foco en la formalización laboral: “Necesitamos que la mayoría de los trabajadores sean formalizados para devolverles el recibo de sueldo que los devuelva a la vida del crédito y al acceso a las obras sociales y jubilaciones”. Sin embargo, advirtió que las condiciones actuales “dificultan mucho la contratación” y generan “miedo a emplear”. Por eso propuso “aliviar las cargas patronales” y “corregir problemas en la interpretación de la justicia laboral” para incentivar la generación de empleo.
En la misma línea de modernización, Margarita Stolbizer, de Provincias Unidas, señaló que “los convenios colectivos de trabajo tienen más de 40 años” y que en un mundo atravesado por la tecnología “es imposible no incorporarse”. De todos modos, aclaró que “no podría de ninguna manera aceptar que se vulneren los derechos adquiridos”. Planteó además “un sistema diferenciado para las PyMEs y microempresas”, ya que “son las que sostienen el empleo estable” y muchas veces “un juicio laboral puede poner en crisis la vida misma de una empresa”. Para Stolbizer, “hay que recuperar la idea de que trabajador y empleador estén en el mismo camino”.
Por su parte, el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, defendió la función protectora del derecho laboral: “Las reformas laborales deben servir para dar más protección y más seguridad a los trabajadores”. Cuestionó el argumento liberal de que las leyes laborales frenan el empleo: “No es cierto lo que suele decir la derecha tradicional y el FMI. Según la OIT, todos los procesos de debilitación de la legislación laboral no han creado un solo puesto de trabajo”.
Desde una mirada más crítica del sistema judicial, Alberto Samid, del Frente Patriota Federal, apuntó contra lo que definió como “la industria del juicio”. “No puede ser que alguien trabaja un tiempo y después te hace un juicio que te funde la empresa. Eso lo he vivido yo”, sostuvo. Propuso establecer “una indemnización correcta”, sin abusos: “He visto casos donde piden una cifra que vale el doble de la empresa. Eso beneficia a muy pocos avivados y perjudica a la mayoría de los trabajadores”.
Desde la Alianza Unión Federal, Fernando Gray sostuvo que las reformas deben contemplar los nuevos escenarios productivos y tecnológicos. “Indudablemente hay que actualizar cosas porque hay nuevas realidades: homeworking, home office, gente que trabaja desde su casa para empresas del exterior”, señaló en diálogo con LA CIELO. No obstante, advirtió que “el problema central de la economía no pasa por ahí, sino por la política económica del Gobierno”, y alertó que “abrir las importaciones indiscriminadamente está quebrando a las PyMEs y poniendo en crisis a muchas empresas grandes”.
A su turno, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica-AR, afirmó que “hay que hacer una reforma laboral, pero no desde la flexibilización, sino reduciendo la carga impositiva de la contratación en blanco”. Explicó que el costo de las cargas patronales “es altísimo” y que debe analizarse junto a “una reforma tributaria integral”. También pidió revisar “las multas por despido mal registrado” y destacó la necesidad de “buscar consensos” con todas las fuerzas, “porque hay muchos peronistas y sindicalistas que también entienden que hay que hacerlo”.
Por último, Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, rechazó tajantemente cualquier intento de flexibilización: “Las reformas laborales que plantean siempre buscan esclavizar a los trabajadores, quitarles derechos e indemnización para despedir más fácil”. En contraposición, propuso “reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo con un salario igual a la canasta familiar”, lo que, según dijo, permitiría generar “un millón de puestos de trabajo en las principales empresas del país”. “Es falso que las reformas que ellos plantean generen más registración laboral; toda la evidencia muestra lo contrario”, concluyó.
