La suspensión del servicio ferroviario de pasajeros a la ciudad de Pinamar cumple ya cinco meses sin que se observe movimiento en las vías. La interrupción, anunciada en abril por Trenes Argentinos Operaciones, había sido justificada en “razones de seguridad operacional”, principalmente el deterioro de varios puentes del ramal que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar.
En aquel momento, la empresa había advertido que el estado de la infraestructura hacía imposible aplicar reparaciones puntuales, lo que obligaba a una intervención integral de todo el tramo. Como se trataba de una vía única, esa obra implicaba inevitablemente la suspensión total del servicio, según se explicó en un comunicado oficial.
Sin embargo, la situación actual muestra una foto muy distinta: no se inició ningún trabajo, y la licitación simplificada para reparar cuatro puentes, lanzada antes de la suspensión, continúa sin adjudicación. Lo llamativo es que hubo interés de varias compañías constructoras —Pose, Ingeniería Prida Hilbing, Smith Molina y Drayco—, pero el proceso quedó trabado.
Emergencia ferroviaria enfriada
La demora no responde a falta de oferentes sino al cambio de escenario tras el enfriamiento de la Emergencia Ferroviaria. Con nuevas autoridades en Trenes Argentinos Operaciones y en ADIF, se ralentizó la toma de decisiones y varias contrataciones quedaron pendientes, mientras que otras fueron directamente dadas de baja.
La situación alcanza incluso a Trenes Argentinos Cargas, donde se acumulan expedientes sin resolución.
En paralelo, el material rodante que había sido recuperado entre 2020 y 2021 para este servicio —tres formaciones CAF Serie 593— permanece guardado en los talleres de Remedios de Escalada.
Los trenes estaban en condiciones operativas al momento de la suspensión, pero hoy se encuentran sin destino asignado, desaprovechados mientras otras líneas carecen de unidades suficientes.
La parálisis también afectó a los trabajadores. Más de veinte empleados vinculados a la prestación del servicio ya fueron despedidos. En este marco, el argumento de un “déficit de 133 millones de pesos” como motivo de la cancelación pierde consistencia: el costo de las indemnizaciones y el impacto negativo en las economías regionales resultan superiores a los supuestos ahorros.
El mismo Gobierno nacional reconoció recientemente que la paralización de obras en tres estaciones de la línea Roca significó un costo fiscal de 264 millones de pesos, una cifra que contradice la idea de recorte eficiente.
El interior bonaerense, el más afectado
La clausura progresiva de ramales golpea con especial dureza a la provincia de Buenos Aires. La suspensión del tren a Pinamar se suma a los cierres de los servicios Once – Pehuajó, Mercedes – Tomás Jofré y Maipú – General Guido – Divisadero de Pinamar, todos íntegramente bonaerenses.
También quedaron fuera de servicio los recorridos Retiro – Justo Daract y Retiro – Palmira, además del tren a Bahía Blanca, interrumpido en 2023 y con regreso incierto. Este último caso es todavía más complejo por las inundaciones que afectaron la zona en marzo y el cierre de la estación de Bahía Blanca semanas después.
En paralelo a la reducción de ramales, el Gobierno nacional reflotó la idea de transferir a las provincias la operación de los trenes regionales y de larga distancia. Frente a este panorama, el Ministerio de Transporte bonaerense solicitó a la Nación hacerse cargo del ramal a Pinamar junto con el material rodante. La propuesta busca crear una operadora ferroviaria provincial, pero hasta ahora no registró avances concretos.
El escenario, entonces, combina licitaciones trabadas, material inmovilizado y personal desvinculado. La reactivación del tren a Pinamar, oficialmente suspendido “hasta nuevo aviso”, se aleja cada vez más del horizonte.
Fuente: En el Subte
