Los senadores adelantaron posición respecto del pliego que la gobernadora María Eugenia Vidal remitiera a la legislatura días pasados. Ni siquiera cuestionaron el “giro directo a comisión” que desarrolló el expediente, lo cual está dentro de lo técnicamente establecido, aunque desde lo político siempre se puede argumentar objeciones.
En este sentido, la semana la semana pasada la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó de forma unánime el pliego de Torres, luego de entrevistarse con el candidato. El magistrado obtuvo el voto de los 14 miembros de la comisión que preside Nidia Moirano (Cambiemos), que representan a todos los espacios políticos del Senado.
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El pliego de Torres sumó 387 adhesiones, provenientes de diversos ámbitos académicos, de la sociedad civil, de sectores judiciales, de entidades profesionales y religiosas. Pero también contó con la impugnación de Usina de Justicia, una ONG dirigida por la filósofa Diana Cohen Agrest, de buena sintonía con el Gobierno.
Torres es un juez de bajo perfil político que actualmente cumple funciones en los tribunales de Comodoro Py. Con su postulación, el Ejecutivo busca completar la vacante abierta en 2016 por Juan Carlos Hitters, que renunció a su cargo.
Según se detalló en los pasillos gubernamentales en la decisión de los Ejecutivo primó la especialización de Torre en materia penal, un área a la que no se dedica ninguno de los otros seis miembros actuales de la Corte.
Como se sabe, el principal tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires está integrado por Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Daniel Soria, Esteban Genoud, Hilda Kogan y Héctor Negri; a los que se sumará Torres. La presidencia de este Cuerpo es rotativa, el marplatense Pettigiani es que la ocupa en la actualidad.
Además de este acuerdo, la Cámara también se expedirá sobre otros 41 pliegos de funcionarios del Poder Judicial y por estas horas se especula con la postergación del tratamiento del expediente que propone acuerdo para designar fiscal general en el Departamento Judicial de San Isidro al Dr. John Broyad.
Pero mientras los acuerdos unifican posturas de los legisladores hay dos temas que dispararan la polémica. Por un lado, las fuerzas opositoras buscarán expresarán cierta molesta por la demora en el tratamiento del proyecto de ley que declara la emergencia para los tomadores de crédito UVA, suspendiendo por un año las ejecuciones.
Pero, por otro lado, habrá un fuerte reclamo por parte de senadores opositores, fundamentalmente desde la bancada de UC, por la presencia del ministro de Seguridad Cristian Ritondo, por diversas cuestiones de su incumbencia relacionado con los casos de espionaje.
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