La Defensoría Ciudadana de La Plata podría asimilarse a una gran simulación. Un espacio donde todo se aparenta y poco resulta verdadero. El concepto aplica a casi todos los planos del funcionamiento de este organismo creado por ordenanza municipal (la Nro 7854, de 1991) pero la condición se agudizó en los últimos años.
El procedimiento de selección “simula” ser transparente, abierto, participativo, democrático y de amplia intervención de la ciudadanía. Pero termina siendo un eslabón más de la cadena de acuerdos por cargos, lugares burocráticos y sillones de mando que se tejen en el Concejo Deliberante local.
Luciana Bártoli, designada esta semana con el voto mayoritario del Concejo es el resultado de ese tejido político. Se inscribieron más de medio centenar de ciudadanos con intenciones, antecedentes y perfiles para acceder al cargo. Entre las exigencias de la norma que regula el organismo está la de ser “apartidario”, o no estar directamente vinculado con alguna organización política. Bártoli renunció a la vicepresidencia de la UCR local (a la que accedió hace menos de tres meses) para cumplir esa formalidad.
Sin fondos y sin personal, ¿quién defiende a los vecinos de La Plata?
La Defensoría debería tener fondos propios para funcionar. Se “autopercibe” autónoma y autárquica, pero los recursos que debe otorgarle el Departamento Ejecutivo por normativa (equvalente al 1,5% del gasto estimado para el Deliberativo local) no están en el presupuesto 2025 aprobado recientemente, según admitió la flamante responsable del organismo.
La estructura funcional que le otorga la legislación a la Defensoría también es sólo una apariencia. Funciona en una sede alquilada en 53, entre 4 y 5. No tiene personal propio. “Hay tres o cuatro agentes que vienen de otras dependencias. Esa es toda la plantilla de personal que tiene”, admitieron a Infocielo, fuentes municipales.
Hay más situaciones fingidas. La Defensoría parece que resuelve controversias que afectan a los platenses, pero el resultado es distinto. No puede (o no tiene herramientas para) intervenir en cuestiones relacionadas con defensa del consumidor. Esas están concentradas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
No puede (o no tiene instrumentos para) actuar sobre deficiencias en servicios públicos que afectan a los vecinos. Para eso están los entes reguladores, que también tienen sus marcadas y reiteradas falencias.
La colaboración y el apoyo de los funcionarios municipales para responder o actuar sobre situaciones que se les imputan en la gestión es mínima. Casi nula.
“Tiene una mínima capacidad de gestionar y orientar a quienes tienen inconvenientes vecinales”, reconoce la flamante responsable de la Defensoría. O sea: su designación sería para “facilitar” trámites y para indicar las puertas que se deben golpear.
Bastante lejos de la función fijada por la Ordenanza: “La supervisión de la actividad administrativa del Departamento Ejecutivo y los entes descentralizados, cualquiera sea su tipicidad jurídica o actividad principal, y los Juzgados de Faltas. La fiscalización al obrar de los concesionarios o prestatarios de obras o servicios públicos y de los concesionarios o permisionarios de uso de bienes de dominio municipal, en cuanto ejercen prerrogativas públicas transferidas por el Municipio o gocen de licencias o permisos otorgados por éste” (artículos 2 y 3 de la norma).
Los simuladores
Bártoli, Licenciada en Comunicación y con un Master en Gestión, intentará imprimirle una nueva impronta a un cargo que resultó devaluado por la tarea de sus antecesores recientes.
Los memoriosos recuerdan la tarea inquieta del primer Defensor Ciudadano, el socialista Gustavo Galland (recientemente fallecido) quien ejerció en los tres primeros períodos: 1991-1997. Fue tenaz y movedizo para enfrentar funcionarios y directivos de empresas privatizadas, cuando esas compañías eran la novedad de los albores del menemismo.
Luego se hizo cargo Monserrat Lapalma, histórica dirigente de DDHH e incorporada a la actividad política desde el ARI, el primero partido que fundó Lilita Carrió. Desde el radicalismo también surgió el siguiente Defensor, Luis Malagamba, quien luego se pasaría a las filas del GEN de Margarita Stolbizer (fue legislador provincial por esa fuerza). Los tres tuvieron la tarea de supervisar las primeras cuatro gestiones de Julio Alak (1991-2007).
Hubo otras gestiones de Lapalma y una nueva –y muy controvertida- prestación de Galland, quien se enfrentó con el gobierno de Pablo Bruera y fue destituido de su cargo. El empresario Luis Malchiodi (de las estaciones de servicio) también tuvo su paso por el cargo. Luego sobrevinieron algunas sombras sobre la acción de la Defensoría. Se fue apagando la actividad bajo el mando de María Florencia Barcia y Marcela Farroni.
La nueva etapa, ¿pondrá fin a la gran simulación?. Con el andar de los días se podrá dilucidar el interrogante.
