El Ministerio Público Fiscal dio a conocer los fundamentos que lo llevaron a avalar el acuerdo alternativo planteado por la defensa del presidente Alberto Fernández en el marco de la causa iniciada por los festejos de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yánez, realizados a mediados de 2020 en Olivos, cuando regía una prohibición de las reuniones sociales producto de la pandemia.
En un cuerpo de 12 hojas dado a conocer a los medios, el titular de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, Fernando Domínguez, esgrimió los motivos por los que consideró pertinente una “resolución alternativa del conflicto” que evite la instancia de juicio.
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La presentación del fiscal federal fue formulada ante el Juzgado Federal N°2 de San Isidro, que ahora deberá resolver si homologa o rechaza el acuerdo.
“No se juzga aquí la gestión de un gobierno, ni siquiera de la pandemia “
Uno de los puntos centrales del entendimiento, parte del hecho de considerar que el objeto en cuestión se limita a evaluar los alcances de “una conducta prohibida por la normativa vigente al momento de su concreción” y deja de lado “una innumerable cantidad de connotaciones” (el escándalo político y social ocasionado con la divulgación de la foto de cumpleaños).
En ese sentido, se remarca que “la intervención judicial tiene límites” y detalla: “El Dr. Alberto Ángel Fernández no tiene menos derecho que el resto de las personas por ser Presidente de la Nación. El derecho le es tan aplicable como a cualquier otra persona, y si el derecho prevé un mecanismo que los ciudadanos pueden oponer frente a un requerimiento judicial, no habiendo norma en contrario, pues también el Presidente puede proponer su aplicación” sostiene.
En otros términos, se juzga la conducta personal de Alberto Fernández y se descarta un agravamiento como funcionario público: “es irrazonable inscribir el presunto delito en el ejercicio de la función pública dado que no participó en condición de presidente” (festejo de cumpleaños de Fabiola Yánez).
Monto de la reparación y el destino de los fondos
En otro tramo del documento, el fiscal Fernando Domínguez justificó los motivos que lo llevaron a aceptar el monto ofrecido por la defensa y ponderó el destino a la investigación en salud que se darán a los fondos de la reparación.
Si bien, consideró “difícil de mensurar el daño si se puede intentar fijar algún criterio” y dijo que la cifra presentada equivaldría a “40 días de internación en una UCI con AMR”. También consideró oportuno empelar como parámetro el criterio del costo de un respirador.
En esa dirección, el fiscal advirtió que la suma ofrecida excede los montos informados desde el sector público $1,2 millones y el sector privado $1,4 millones.
Finalmente, valoró el destino de los recursos para la investigación científica en materia de salud. En ese sentido, se supo que el dinero debe ser destinado a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”.
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