En lo que se posicionó como la multa más alta del país a una compañía telefónica, Claro deberá indemnizar con una suma multimillonaria a una clienta de Tandil por no otorgarle la baja del servicio cuando fue solicitada.
Un fallo firmado en febrero por la jueza Mónica González Aloritta del Juzgado Civil y Comercial Nº3 condenaba a la multinacional a pagar más de un millón de pesos. Seis meses más tarde, tras un proceso de apelación de la demandante y la empresa, la Sala II de Azul elevó el monto por daño punitivo.
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El daño punitivo consiste en una multa civil que se suma a las clásicas indemnizaciones con el objetivo de disuadir a los proveedores de bienes y servicios para evitar que en el futuro repitan la conducta por la que fueron sancionados.
De este modo, entre intereses y costas, la suma llegó a los casi 4 millones de pesos tras la resolución del tribunal presidido por el doctor Jorge Mario Galdós en la ciudad bonaerense de Azul, que confirmó lo decretado por Aloritta.
La denunciante, patrocinada por el abogado Lucas Sanz, reclamó el aumento del monto bajo el argumento de que la compañía había realizado cobros indebidos. La defensa de Claro, en tanto, cuestionó que los daños materiales que debió pagar la clienta habían sido sólo $311.
El objetivo de Sanz y su representada fue sentar precedente y ponerle un límite a los actos abusivos de este tipo de firmas multinacionales, que acumulan quejas a lo largo y ancho del país.
Esto se vio plasmado en la decisión de donar el 95% del monto por daño punitivo a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Tandil (OMIC) y asociaciones de consumidores. Además, el letrado también entregó parte de sus honorarios al área comunal.
“Lo expuesto pone de relieve la entidad y gravedad de la inconducta de Claro ya que exhibe una mecánica u operatoria comercial abusiva, que se aprovecha y se beneficia con la sumatoria de pequeños daños”, manifestó el juez en uno de los apartados del fallo.
La denuncia fue realizada luego de que la clienta solicitara la baja del servicio y se encontrara con un sinfín de obstáculos: la empresa exigió una cara manuscrita indicando los motivos y el pago de un saldo pendiente -cuya legalidad no fue probada-, a lo que se sumaron intimidaciones a través de estudios de cobranza, cartas documentos e informes negativos a VERAZ.
Teas realizar una serie de evaluaciones, el abogado de la usuaria sostuvo que existen elementos que les permitirían exigir $5 millones. Para eso, deberán acudir a la Corte Suprema de Justicia bonaerense.
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