Tras el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Abiertas (PASO), se instaló nuevamente en el debate público, pero por sobre todo mediático, la sanción de la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite a las personas gestantes practicarse un aborto hasta las catorce semanas. En el marco de este debate, Javier Milei, candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), se pronunció en contra de este derecho y, en caso de ganar las elecciones, propuso llamar a un plebiscito para determinar su continuidad. En este contexto, distintas organizaciones feministas mostraron preocupación por el resultado de los comicios y convocan a quienes hayan militado este derecho a defenderlo, como asi también que se sigan garantizando las condiciones para el aborto legal.
Llevó muchos años para que la Marea Verde ocupara las calles, los hogares, la agenda mediática y, principalmente, el recinto del Congreso Nacional. Pero recién en 2020, ese deseo y necesidad de tantxs llegó a convertirse en Ley. Una norma que se construyó con debates cotidianos intensos, con historias de vida cargadas de dolor y con la fuerza de las mujeres que se movilizaron en todo el país bajo un mismo grito: “Aborto legal, seguro y gratuito”.
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Antes de esto, las vidas de miles de mujeres (se realizaban entre 460.000 y 600.000 abortos al año según el Ministerio de Salud) quedaban en manos de la clandestinidad, de técnicas inseguras y profesionales de la salud que jugaban con su necesidad y su dinero en las sombras de la ilegalidad. Durante 134 años, autonomía era una palabra prohibida en el vocabulario de las mujeres.
Desde 1886, con la sanción del primer Código Penal, el aborto era punible en todos los casos, sin excepción. Aunque antes hubo otra reforma, en 1921 se establecieron ciertos casos en los que la interrupción del embarazo no debe ser penada: cuando la vida o la salud de la mujer corre peligro y cuando el embarazo se produce como consecuencia de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncia con el fallo “F.A.L” sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas, sean “normales o insanas” pueden acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin autorización judicial previa, ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. Incluso, en 2015, el Ministerio de Salud de Nación publicó el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, que actualizó los lineamientos para esta práctica. Aunque era de carácter obligatorio en todo el territorio nacional, carecía de status de resolución ministerial.
Por primera vez en la historia del país, en 2018, se trató en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este tuvo aprobación en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Senadores.
Aunque este derecho es reclamado históricamente por los feminismos, durante ese año el debate se proliferó de tal manera que no solo se trató de una cuestión jurídica, sino que se instaló públicamente en prácticamente todos los sectores de la sociedad. En los hogares, escuelas, ámbitos laborales y en los medios de comunicación el aborto legal era un tema imposible de escapar. Las discusiones giraban en torno a la moralidad, los valores religiosos, la concepción, el inicio de la vida, costos económicos del Estado, factores constitucionales y la salud de las mujeres, entre otros.
Desde aquel momento, se generó una polarización de pañuelos verdes y celestes que dividió a la sociedad argentina. En 2018, quienes se manifestaban a favor de “las dos vidas” se retiraron victoriosos por la negación de aquel derecho. Las feministas insistieron, lucharon y no abandonaron las calles. Tuvieron que esperar dos años más para que en 2020 el proyecto se presentara nuevamente y sea ley. Miles de mujeres frente al Congreso se fundieron en un abrazo sororo, convirtiéndose en uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de la historia nacional.
Durante mucho tiempo, el aborto era una realidad pero que persistía en espacios marginales del imaginario social. Las mujeres abortaban y decirlo públicamente significaba una condena completamente estigmatizante. A pesar de este contexto, a lo largo de estos años, las mujeres construyeron redes a través de distintas organizaciones feministas y de derechos humanos que acompañaron a otras a poder interrumpir sus embarazos no deseados en el marco de la ILE. Socorristas en Red (SenRed) es una de ellas. SenRed es una organización de alcance nacional que surgió en 2012, impulsada por activistas que formaban parte de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se encuentra conformada por colectivas de distintos puntos del país, que articulan acciones y acompañan a personas que desean abortar para que lo hagan de forma cuidada, segura y con información precisa.
“También lo que hace el socorrismo es hacer vivir la ley. Entedemos que la ley, aún hoy, es un piso y un lugar para pararnos y para seguir sumando derechos. En este sentido, decimos que hacemos vivir la ley porque acompañar a que una persona acceda al sistema de salud a una interrupción voluntaria del embarazo es extender los límites de lo que la ley debería estar siendo”, expresó en diálogo con Infocielo Eugenia Ferrario, docente e integrante de Socorro Rosa Necochea, organización participe de SenRed.
A tres años de la sanción de la Ley, Ferrario sostiene que aún el sistema de salud público y privado posee ciertas particularidades sobre el modo de atención que resultan distantes a las formas de acompañamiento amorosa que propone el socorrismo.
“Decimos acompañamiento amoroso porque partimos de la premisa de que lo fundamental es desarrollar una escucha atenta y para eso se necesita tiempo. A pesar de ello, aún hoy hay que defender al sistema de salud. El aborto sigue siendo una deuda en algunos sectores de este sistema. Pero es cierto que hay un número enorme de profesionales de la salud que garantizan el derecho a decidir aún en condiciones super contrarias. No es fácil ser garante en ciudades pequeñas, hay en ciertos lugares que ser garante significa estar estigmatizado, laburar menos o que no les den guardias”, aseguró.
Particularmente, la provincia de Buenos Aires se trata de un territorio conformado por realidades muy diversas, donde la vigencia de la Ley presenta ciertos matices en su implementación. En este sentido, la socorrista expresó que el principal desafío que enfrenta la provincia está relacionado con la desestigmatización y la naturalización de los abortos dentro del sistema de salud.
“Desde la formación de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y obstetras el aborto debería ser enseñado como contenido. Aún hoy, en la mayoría de las carreras de ciencias médicas, el aborto se enseña como un problema de índole legal. Pero no se enseñan las recomendaciones de la OMS sobre el aborto o el uso de la medicación. Por ejemplo, cuando la provincia de Buenos Aires ofrece capacitaciones en hospitales municipales, el municipio puede considerar que los médicos y médicas no tiene que formarse en este tema. Entonces ahí hay una descomposición entre los Estados, sobre todo cuando el Estado municipal y el provincial no son del mismo color partidario. Otro ejemplo de ello es cuando la medicación queda al arbitrio de personas que no tienen mucha voluntad garante y por ello no sabemos cómo se utiliza la medicación o, directamente, no hay medicación”, añadió.
De acuerdo a Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el 98% de los municipios bonaerenses cumplen con la normativa, contando con 539 establecimientos distribuidos en 132 distritos. Desde marzo de 2020 a diciembre de 2022 se registraron más de 72 mil situaciones de aborto. Del total recabado, el 95% corresponden a interrupciones voluntarias y legales.
Sean eternos los derechos que supimos conseguir
Aunque pareciera que aún falta mucho por hacer para garantizar el pleno cumplimiento de esta ley, el resultado de las PASO demostró que los derechos obtenidos por los feminismos en los últimos años generaron una contra reacción de parte de los sectores más conservadores de la sociedad. En aquella jornada electoral, el candidato de ultraderecha Javier Milei obtuvo el 30,04% de los votos, siendo La Libertad Avanza la fuerza política más elegida en todo el territorio nacional para encabezar el Poder Ejecutivo en los próximos cuatro años.
Este contexto generó una alerta en los sectores confines a la lucha transfeminista, sobre todo teniendo en cuenta las diversas declaraciones que realizó el propio Milei y otros integrantes de LLA en contra de la IVE y de otros derechos adquiridos por minorías y sectores que históricamente han sido considerados más vulnerables, como lo son la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), el Matrimonio Igualatorio y la existencia del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Días posteriores a las PASO, en una entrevista con Alejandro Fantino, Milei habló sobre la posibilidad de plebiscitar la IVE, es decir, llamar a consulta popular. “Por lo menos haría un plebiscito. Y, si el resultado es a favor mío, se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá”, señaló el economista en aquella oportunidad.
Aunque realizando una lectura integral de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos llevar esto a los hechos resultaría imposible, demuestra con claridad las intenciones del candidato ultraconservador por avasallar el derecho de las personas gestantes a decidir.
“No podemos permitir es ir para atrás. No podemos permitir que una ley sobre nuestros derechos pretenda ser plebiscitada, porque los derechos no se plebiscitan. Pero también hay que decir que los feminismos hemos demostrado una enorme capacidad de organización y de articulación entorno a esta ley, la más colectivamente luchada. Esto también nos presenta como un enemigo apetecible porque resulta que ahora las feministas somos el problema”, remarcó Ferrario.
Asimismo, Milei también se ocupó de defenestrar la ESI, que es obligatoria en todas las escuelas desde 2006, asegurando que se trata de una normativa que busca la “destrucción del núcleo social más importante, que es la familia” y que es un plan para “eliminar a los seres humanos”. Por su parte, Ramiro Marra, legislador porteño y candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por LLA, fomentó el consumo de pornografía en reemplazo de la ESI. “A los chicos les digo que la miren. Si un chico tiene una computadora o un teléfono, se informa sobre eso. Es como yo aprendí”, recomendó.
A su vez, la candidata a la vicepresidencia y diputada nacional por LLA, Victoria Villarruel, cuestionó la ley de Matrimonio Igualitario, sancionada en 2020, considerando que se trataba de un derecho que ya estaba garantizado a través de la unión civil. “En lo legal, estaban garantizados derechos. ¿Había que ampliarlos? Sí, pero llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver, si querés, más con lo religioso… Para mí todos tenemos derechos ante la ley”, manifestó.
“Sin dudas es atacado todo lo que vaya en contra del patriarcado. Quizás haya que dar un paso más y que todas las feministas y los transfeminismos también podamos pensar de que el patriarcado seguirá existiendo mientras exista el capitalismo”, afirmó al respecto Ferrairo.
Este tipo de manifestaciones y su apoyo a través del voto da cuenta que los progresos que han recabado los feminismos en materia de derechos humanos están constantemente en cuestionamiento no solo desde el plano normativo, sino también se trata de una disputa de sentidos respecto a las representaciones sociales existentes sobre las mujeres y otras identidades feminizadas.
“Me parece que las conquistas sobre las disputas conseguidas por los transfeminismos demuestran que las reacciones van a ser grandes, porque estamos disputándolo todo. No es el aborto, es la capacidad de decidir lo que se pone en juego. Porque una mujer que da el paso y aborta, ¿por qué después no va a decidir un montón de otras cosas? Es un cambio de perspectiva”, planteó la socorrista. A su vez, agregó: “Aprovechando que este año se cumplen 40 años de democracia, es necesario buscar mecanismos democráticos que nos permitan discutir y acordar cosas para seguir construyendo bajo la idea de que el aborto está vinculado con algo personalísimo que es la decisión y, también que el aborto está relacionado a algo más social y colectivo que es la igualdad. Los abortos existen, existieron desde tiempos inmemoriales y van a seguir existiendo”, expresó.
La amenaza de saquear los derechos obtenidos a cualquier precio, la promesa de desfinanciar la salud y la educación, y el discurso estigmatizante que se configura respecto a los feminismos como actores transformadores de la sociedad, se presentan como llamados de atención y de reorganización para continuar construyendo sentidos y políticas públicas a favor de los derechos humanos y la justicia social. Por las que estamos y las que no están, no hay dudas que es tiempo de volver a sacar los pañuelos al sol para defender la autonomía de nuestros cuerpos y la soberanía de nuestras vidas.
“La ola verde que fue más grande que las organizaciones, que el socorrismo, que la campaña y que los partidos políticos. Es hora de buscarle el modo para que sigan existiendo esas formas de organización transversales y que nos tiene que permitir pararnos con mayor solidez frente al intento de arrebatarnos los derechos. El derecho a abortar es ley y a esa ley hay que hacerla vivir. Hay que comprender que la disputa es mucho más grande. Vienen por los derechos que ganamos luchando. Vienen por todo”, concluyó.
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