El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consiguió un avance legislativo para su política de seguridad, aunque tuvo que aceptar modificaciones sobre el proyecto original para destrabar las diferencias internas de Unidos. La Cámara de Diputados provincial aprobó la reforma con 37 votos a favor y 11 en contra, luego de un extenso debate y varias jornadas de negociaciones entre radicales y socialistas.
La iniciativa, denominada Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, modifica parcialmente cinco leyes provinciales, con especial impacto en el Código Procesal Penal, donde se introducen cambios en 14 artículos. También alcanza al Código de Convivencia, la legislación de Inteligencia, el régimen de privación de la libertad y las normas vinculadas con la protección de víctimas y testigos y el fondo de recompensas.
El acuerdo llegó después de que la bancada socialista planteara objeciones sobre las facultades policiales y las garantías constitucionales. Finalmente, se eliminaron algunas de las disposiciones más controvertidas y se incorporaron mecanismos de control judicial.
Desde el oficialismo destacaron el consenso alcanzado, aunque el debate dejó expuestas diferencias políticas que también se trasladaron al recinto. El proyecto fue girado al Senado de Santa Fe, donde continuará su tratamiento.
Los cambios que tuvo que aceptar Pullaro para conseguir los votos
Uno de los principales puntos de negociación fue la eliminación de las denominadas zonas de intervención policial especial. El proyecto original contemplaba la creación de sectores en los que las fuerzas de seguridad podían disponer controles de acceso, requisas vehiculares, restricciones a la circulación y demoras de hasta 48 horas para identificar personas.
La disposición quedó afuera del texto aprobado y será trabajada mediante una normativa específica.
También se descartó la posibilidad de que la Policía interrogara a personas vinculadas con un hecho delictivo sin asistencia de un abogado defensor.
Sin embargo, se mantuvo la facultad de los fiscales para tomar declaraciones informativas a personas que aparezcan presuntamente relacionadas con un delito, aun cuando todavía no existan elementos suficientes para formalizar una imputación. La modificación establece mayores garantías y determina que esas declaraciones no podrán utilizarse como prueba de cargo.
Otro de los cambios se relaciona con los juicios en rebeldía, es decir, aquellos que pueden desarrollarse cuando una persona acusada no comparece ante la Justicia. El nuevo texto incorpora requisitos adicionales, como autorización judicial, intervención de un defensor, una audiencia previa con la víctima y registro audiovisual del proceso.
Además, se amplía la participación de los querellantes, que podrán intervenir en la audiencia imputativa, formular preguntas y aportar elementos a la investigación.
Allanamientos sin orden judicial: qué quedó en el proyecto
La reforma también mantiene la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa en nueve situaciones excepcionales.
No obstante, se incorporó un mecanismo de control judicial de oficio dentro de las 24 horas para los supuestos contemplados en los últimos cinco incisos de la normativa.
La iniciativa conserva, además, la posibilidad de desalojar, demoler, desmontar o bloquear inmuebles utilizados para actividades ilícitas, aunque con instancias de revisión judicial.
En materia penitenciaria, se mantienen las disposiciones para aplicar un régimen agravado a internos considerados una amenaza grave para la seguridad pública. Entre las medidas previstas aparecen el aislamiento individual y las restricciones de visitas y comunicaciones, con posibilidad de revisión judicial.
También se incorporaron límites a las tareas de inteligencia: las actividades que puedan afectar sustancialmente la privacidad o intimidad de las personas requerirán autorización judicial.
Rosúa defendió las nuevas herramientas contra el delito
El presidente de la comisión de Seguridad Pública, el radical Martín Rosúa, fue uno de los principales defensores de la iniciativa durante el debate legislativo.
“El proyecto aprobado procura dotar al sistema provincial de persecución penal y seguridad de instrumentos para intervenir frente a la criminalidad organizada, la violencia urbana y la continuidad de actividades delictivas desde establecimientos penitenciarios”, sostuvo.
El legislador también destacó que la reforma apunta a “fortalecer la capacidad estatal de prevención e investigación y la protección de víctimas, con decisiones susceptibles de control y prueba utilizable en el proceso”.
Por su parte, el diputado radical José Corral defendió los resultados de la política de seguridad provincial y destacó el régimen aplicado a los detenidos considerados de alto perfil.
“Hoy tenemos 63 presos de alto perfil del nivel más alto”, señaló, y agregó que son 615 los detenidos bajo condiciones de máxima seguridad.
En tanto, el diputado rosarino Ariel Bermúdez, de Creo, también respaldó la política de seguridad de Unidos y resumió su posición con una frase durante la sesión: “Nos podemos equivocar pero actuamos”.
El socialismo marcó diferencias dentro de Unidos
El debate tuvo como uno de sus ejes centrales las diferencias entre radicales y socialistas, que obligaron al oficialismo a revisar parte de la propuesta original para conseguir los consensos necesarios.
La diputada Lionella Cattalini abrió las exposiciones del socialismo y reivindicó el trabajo de su espacio para garantizar el respeto de la Constitución provincial. También cuestionó declaraciones de funcionarios del Ejecutivo, particularmente del dirigente del PRO Federico Angelini, integrante del Ministerio de Seguridad.
Luego intervino el jefe de la bancada socialista, Joaquín Blanco, quien destacó que el texto aprobado representa una mejora respecto del proyecto original enviado por el Gobierno.
“Hay que cuidar las coaliciones para gobernar. Es fácil hacerlas, pero difíciles a la hora de gobernar”, expresó.
Blanco también dejó en claro cuál fue una de las condiciones centrales del acuerdo alcanzado entre los socios del oficialismo: “Siempre dijimos que nos íbamos a poner de acuerdo sobre la base de que el MPA ejerza la acción penal y conduzca las investigaciones”.
La referencia apunta al Ministerio Público de la Acusación (MPA), organismo que debe conservar la conducción de las investigaciones penales y el ejercicio de la acción penal.
De esta manera, el socialismo acompañó la reforma después de conseguir modificaciones en los artículos que consideraba más problemáticos, aunque mantuvo sus cuestionamientos sobre la propuesta original.
El peronismo rechazó la reforma y advirtió por posibles nulidades
Desde el justicialismo, las diputadas Celia Arena y Lucila De Ponti, junto con el diputado Marcos Corach, cuestionaron distintos aspectos del paquete legislativo y rechazaron el proyecto.
Aunque reconocieron que el texto aprobado incorporó modificaciones respecto de la propuesta inicial, consideraron que todavía mantiene disposiciones que pueden afectar las garantías constitucionales y generar problemas en las investigaciones penales.
Arena valoró el trabajo realizado durante el tratamiento en comisiones, pero advirtió que el texto podía poner en riesgo a personas inocentes.
“El proyecto que envió el Ejecutivo era muy malo, muy complejo, comprometiendo muchas cuestiones que para nosotros son una preocupación”, afirmó.
La diputada también cuestionó el enfoque de la reforma y advirtió sobre sus posibles consecuencias en el funcionamiento de la Justicia.
“Hay un discurso muy anclado en el tema de la mano dura con los delincuentes, pero justamente por sus defectos nosotros entendemos que va a beneficiar a los delincuentes, porque va a provocar muchas nulidades”, sostuvo.
Uno de los puntos que puso bajo la lupa fue la regulación de las declaraciones informativas y la posibilidad de que se realicen sin asistencia obligatoria de un abogado defensor.
“Los abogados penalistas tienen elementos acá para plantear nulidades”, advirtió.
Arena también cuestionó el tratamiento parlamentario y aseguró que la oposición recibió el último dictamen apenas 15 minutos antes del comienzo de la sesión.
“Si nosotros hubiéramos querido acompañar, ¿cuánto tiempo tuvimos? Quince minutos antes de que empiece la sesión nos mandaron el último dictamen”, expresó.
En ese marco, defendió la posición que mantuvo el justicialismo frente a las iniciativas de seguridad del Gobierno provincial y destacó: “Votamos 11 leyes de seguridad desde diciembre de 2023 hasta ahora”.
La legisladora también planteó diferencias sobre la manera de fortalecer a las fuerzas policiales y sostuvo que las mejoras no deben limitarse a ampliar las facultades de intervención.
“A la policía se la empodera aumentándole los sueldos, dándole formación y herramientas legales para que la buena policía, que es mucha y es la que pone el cuerpo, esté protegida de la mala policía”, afirmó.
De Ponti cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa
Por su parte, Lucila De Ponti había anticipado su rechazo al proyecto durante las instancias previas de discusión legislativa. La diputada del Movimiento Evita cuestionó el alcance de las nuevas atribuciones policiales y advirtió sobre posibles conflictos con la Constitución provincial.
“Es un proyecto plagado de disposiciones que llevan al límite o incluso violan contenido constitucional de la provincia de Santa Fe”, sostuvo.
La legisladora también puso en duda que las herramientas propuestas permitan mejorar efectivamente la persecución penal y cuestionó que se avance sobre garantías individuales.
“No se puede vulnerar las garantías constitucionales, el derecho penal, el sistema judicial acusatorio, en pos de ni siquiera alcanzar un objetivo que pretendidamente se busca”, afirmó.
De Ponti también había advertido que, si la reforma avanzaba sin modificaciones sustanciales, podía ser cuestionada ante la Justicia provincial, nacional e internacional.
Así, el justicialismo mantuvo su rechazo incluso después de los cambios acordados entre radicales y socialistas. La discusión dejó expuesta una diferencia de fondo sobre el enfoque de la política de seguridad: mientras el Gobierno sostiene que necesita nuevas herramientas para combatir el delito, desde el peronismo advierten que la ampliación de las facultades estatales debe preservar las garantías individuales y evitar que las investigaciones terminen anuladas por irregularidades procesales.
La reforma de Pullaro ahora pasa al Senado
Con 37 votos afirmativos y 11 negativos, el oficialismo consiguió darle media sanción a uno de los proyectos centrales de la agenda de seguridad de Pullaro.
El resultado fue posible después de una negociación interna que obligó al Ejecutivo a revisar algunos de los puntos más cuestionados de su propuesta original. El socialismo acompañó el texto reformulado, mientras que el justicialismo mantuvo su rechazo.
La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado de Santa Fe, donde se definirá si las modificaciones al Código Procesal Penal y al resto de las normas vinculadas con la seguridad pública se convierten en ley.
