Un bloque de legisladores de Juntos por el Cambio encabezados por el Diputado radical Álvaro de Lamadrid presentaron un proyecto de resolución para promover un juicio político contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Lo insólito del caso es que la acusación está justificada en un proyecto de Ley que aún no fue tratado en el Congreso. Se trata del proyecto “Emergencia Covid” para regular las restricciones sanitarias por el coronavirus y aplicar criterios epidemiológicos.
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“El texto que ingresó al Congreso en busca de concentrar en el presidente la suma del poder público, para que pueda aplicar nuevas medidas y restricciones en el marco de la pandemia, atenta contra la independencia de los poderes”, afirmó Álvaro de Lamadrid.
Otro detalle que llama la atención es que el legislador califica de “inconstitucional” los decretos con restricciones para frenar el avance de coronavirus en el país, pero también rechaza el proyecto de ley para establecer criterios y medidas de común acuerdo junto a los distintos espacios democráticos.
De Lamadrid, acompañado por otros legisladores de Juntos por el Cambio citó los artículos 29 y 53 de la Constitución Nacional para elevar el pedido de juicio político. “Cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales. Es inconstitucional meterse con las autonomías de las provincias“, sostuvo.
También acompañaron el proyecto los opositores Mónica Frade, Gonzalo del Cerro, Héctor Stefani, Federico Zamarbide, Pablo Torello y Francisco Sanchez. Frade es la diputada que también denunció a Alberto Fernández por “envenenamiento” al aplicar la vacuna Sputnik V que, como es de público conocimiento, tiene una eficacia contra el virus superior al 90% con ambas dosis, y al 80% con una dosis.
¿Los DNU con restricciones por la pandemia son constitucionales o inconstitucionales?
Las restricciones implementadas por el gobierno de Alberto Fernández a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) fueron sometidas a una revisión legal en más de una oportunidad, bajo la duda respecto a su constitucionalidad, ya que hay restricciones que son contrarias a las libertades establecidas por la Constitución.
Sin embargo, en ese sentido la Justicia respaldó al Gobierno. En marzo del año pasado, durante los primeros días de la cuarentena obligatoria, la Cámara de Casación rechazó el hábeas corpus que presentaron un grupo de abogados para pedir la inconstitucionalidad del DNU.
“La situación de excepcionalidad da cuenta de la legitimidad de los fines buscados que se pretende preservar, por lo cual desde este prisma la norma tiene pleno sustento”, justificaron los camaristas.
El proyecto de resolución con el pedido de juicio político
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