La polémica venta del satélite ARSAT en julio de 2017, volvió a abrir el debate en torno a las privatizaciones y sus consecuencias para el Estado argentino.
Ahora, otro decreto del gobierno de Mauricio Macri deja en similar situación a Fabricaciones Militares de la ciudad de Azul (FANAZUL), luego de que Ejecutivo la convirtiera en una empresa.
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Pese a que gran parte de la población de esa ciudad bonaerense había protagonizado un apoyo inédito a una de las pocas fábricas militares que quedaban en el país –así como las numerosas manifestaciones con corte en la ruta 3-, el gobierno encaró un plan de ajuste que dejó en la calle a más de 250 trabajadores, y así, la Dirección General de Fabricaciones Militares confirmó el cierre definitivo de la fábrica de pólvora y explosivas el pasado 28 de diciembre.
Ahora, la última maniobra del gobierno fue transformarla en una empresa, al tiempo que deja en duda la continuidad de los pocos empleados que sobrevivieron a los despidos.
El decreto 104 fue firmado por el presidente Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. En uno de los puntos del documento, se destaca un párrafo que resume el espíritu de la maniobra que diseñó el gobierno: justifica su conversión para que esta pueda lograr “dinamismo, eficiencia y economicidad comparable con el resto de las empresas pertenecientes al sector privado”.
Entre otro de los argumentos de los que se valió el Ejecutivo, se habla de “problemas de competitividad”, así como “serias dificultades económicas y financieras que derivan en conflictos para acceder competitivamente a los sectores público y privado”.
Para Omar Menchaca, un trabajador despedido luego de 30 años de servicio en Fanazul, “este decreto es para vender todas las tierras y desaparecer Fabricaciones militares”.
“Como empresa está totalmente desactivada, es un desastre lo que han hecho con esta fábrica”, se lamentó el hombre en contacto con este medio. A su vez, indicó que “Macri vino a terminar lo que empezó Menem”, ya que durante los 90 el Estado había querido concretar el mismo objetivo.
El trabajador aseguró que las tierras donde se encuentra la planta se encuentran contaminadas y que pese a eso existe una empresaria cercana al gobierno que quiere hacerse de esos terrenos.
Por su parte, gran parte de los trabajadores despedidos continúan en un acampe con una singular esperanza: “seguimos acampando y luchando en caso que cambie el gobierno y todo se vuelva para atrás”.
Fanazul fue el último cierre luego de los despidos masivos en las plantas cordobesas de Villa María y Río Tercero. Ahora, busca esquivarle a la polémica en Azul, estableciendo un plazo de 180 días “para iniciar las negociaciones de un Convenio Colectivo de Trabajo para su personal”, en donde se supone las personas conservarán sus puestos laborales.
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