El juzgado Correccional 1 de Mercedes acaba de condenar a los autores materiales del hackeo contra la municipalidad de Veinticinco de Mayo, mediante el cual se robaron de las arcas comunales 3.6 millones de pesos. Cinco imputados –Nicolás Traut (exesposo de la cantante Laura Miller), Ricardo Chourrout, Ramón Alvez, Gustavo Brunan-, recibieron penas de tres años en suspenso, en tanto que el quinto, Hernán Rodríguez, sólo recibió dos, tras demostrarse que fueron responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Al intendente Hernán Ralinqueo, y a buena parte de la comunidad, la condena sabe a poco: nadie quedará tras las rejas, los autores intelectuales quedaron impunes, el dinero nunca apareció -sólo se recuperaron unos 400 mil pesos- y no fueron investigadas conexiones turbias, demasiado turbias.
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La Justicia determinó únicamente que el robo tuvo lugar entre el 20 y el 21 de noviembre de 2016, a través de veintitrés maniobras informáticas “y mediante la coordinación y organización previa de cuatro sujetos de sexo masculino” que redundó en el desvío fraudulento de $ 3.522.300 mediante transferencias de cuentas municipales en el Banco Provincia.
Ralinqueo y otros dirigentes del Frente de Todos son, por ahora, los únicos voceros de lo que no figura en la sentencia. Hablan de conexiones que derivan del caso y de un objetivo político que perseguía la asociación ilícita, cuyos lazos, aseguran, llegaban hasta la cima del poder macrista, desde Patricia Bullrich hasta Elisa Carrió y Rogelio Frigerio, unidos por el hilo resbaloso del falso abogado Marcelo D’alessio.
El Intendente se queja de que no se haya establecido la responsabilidad de Jorge Corbeta, Coordinador de Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri, quien, asegura, tenía toda clase de negocios junto a el condenado Courrout y figura en las conversaciones que quedaron grabadas entre ambos.
“A partir de que en la investigación surgieron múltiples conexiones de los delincuentes con funcionarios nacionales de ese entonces y menciones a que se desarrollarían reuniones en el edificio del Ministerio del Interior”, explicó en una carta abierta, en la que señaló que “los delincuentes compartían negocios, amistad, viajes y hasta departamento con este funcionario” que ni siquiera fue citado por la Justicia.
La que asaltó las cuentas de Veinticinco de Mayo era, según el intendente, “una banda que se dedicaba a vender cheques falsos, a hacer estafas con propiedades, con vehículos, un sinnúmero de hechos delictivos”, pero que en el caso que lo atañe buscaba un objetivo político: señalar a su gobierno como corrupto y propiciar la caída.
Es que tanto se detectó un nexo con concejales de la oposición -especialmente de la Coalición Cívica- que acordaron un pedido de interpelación, la primera fase de un plan que tenía como objetivo destituirlo, una tarea sencilla por la correlación de fuerzas que había en ese momento dentro del Deliberativo local. La jugada quedó abortada porque Ralinqueo fue puesto de sobreaviso: así se presentó “espontáneamente” en el HCD y denunció públicamente los hechos.
La pregunta que surge es cómo quedó impune -a medidas- semejante maniobra. Ralinqueo apunta al fiscal que tuvo a su cargo la causa, que no es otro que Juan Ignacio Bidone, recientemente destituido y procesado bajo la sospecha de que integraba el dispositivo de espionaje y extorsión que comandaba el falso abogado Marcelo Dalessio y que hoy está bajo la lupa de la Justicia Federal de Dolores.
“De ahí surgen conexiones con Patricia Bullrich”, señaló Ralinqueo a INFOCIELO, tras lo cual se mostró esperanzado de que, a medida que avance la causa, quedará probado que “hizo zafar a estos delincuentes, que reportaban a (el expresidente Mauricio) Macri de una condena efectiva”. “Nunca aparecieron los autores intelectuales ni el que hizo la tarea de hackeo, cuyo nombre no apareció y no se investigó”, agregó el alcalde.
Con la causa cerrada y las condenas dictadas, a Ralinqueo y a todo Veinticinco de Mayo sólo les queda la vía civil. De hecho, ya anunció que accionará “contra los autores penalmente responsables, para que el producido del juicio se destine en beneficio de la comunidad”.
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