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A pesar de varios debates previos, que todavía ponen en duda que se lleve a cabo la sesión, el Senado bonaerense se dispone a aprobar el proyecto de Ley de víctimas de delitos penales y la Emergencia de Asociaciones Civiles.
No es poca cosa, varios proyectos de ley importantes encontraron consenso en un Senado bonaerense lleno de desencuentros. Pero nadie asegura en la previa que la sesión finalmente se realice.
La dificultad está puesta en una cuestión central del Senado: la prestación de acuerdos para la designación de funcionarios judiciales, de la que este portal de cuenta por separado.
La falta de acuerdo también se hace extensiva a la idea de rescate legislativo impulsado por la fuerza opositora, JxC, para los establecimientos educativos de gestión privada o mixta, que ya fue objetado por los oficialistas, del FdT, y exigió mayoría especial para su aprobación en la última sesión ordinaria.
Efectivamente, en la última sesión el bloque FdT impidió que se apruebe un proyecto de ley que busca instaurar un “aporte extraordinario” para los establecimientos educativos de gestión privada o mixta, impulsado por la bancada de JxC. Ahora la discusión sigue y no está saldada.
Donde sí hubo acuerdo es en torno al proyecto de Ley que declara la emergencia para las Asociaciones Civiles de la provincia, que podría haber sido aprobado con modificaciones y girado a Diputados para proseguir con el trámite parlamentario.
Allí, se establece otorgar bonificaciones impositivas para las mismas, al tiempo que se crea un “sistema de protección” de sus inmuebles y se otorga la “gratuidad de los servicios bancarios y jurídicos”.
Además, la iniciativa, entre otras cuestiones exceptúa del pago del Impuesto Inmobiliario a las asociaciones civiles de hasta 100 socios o con ingresos anuales totales mayores a la categoría G del monotributo.
También se establece la condonación de deudas de documentación anual obligatoria que las asociaciones civiles poseen con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y busca que los clubes de barrio, centros de Jubilados, centros culturales y sociedad de fomento reciban las exenciones sobre los impuestos nacionales resueltos por AFIP y provinciales dispuestos por ARBA en el marco de la pandemia de coronavirus.
Entre otros acuerdos importantes, el alcanzado en torno de la ley de víctimas bonaerense, es uno de ellos, que también de ser aprobado será girado a la Cámara baja para su eventual gestión.
Se trata de una reforma de los procedimientos penales para atender fehacientemente los derechos de las víctimas en la provincia podría ser tratada en la próxima sesión del alto Cuerpo legislativo, aunque luego deberá ser abordada por los diputados.
La provincia, efectivamente, tiene cierto retraso respecto de las modificaciones operadas en la legislación nacional relacionada con los derechos de las víctimas en los procesos penales.
La idea de los bonaerenses no sólo incluye la asistencia jurídica, sino tal como establece la Ley Nacional, garantice todos los derechos de las víctimas en materia jurídica, económica y de acompañamiento.
La iniciativa expresa que, durante la ejecución de la pena, la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad.
Asimismo, se incorporó que aquellas víctimas que deseen no ser informadas ni notificadas de tales cuestiones, podrán manifestarlo y este derecho deberá ser respetado.
Por otro lado, tras los aportes de las asociaciones de familiares de víctimas se llegó al consenso sobre la creación de un Observatorio de víctimas para el delito que estará integrado por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones registradas.
Este organismo se encargará de garantizar el monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas a las víctimas, sus familiares y entornos con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.
En cuanto a la aplicación de las medidas de protección a las víctimas, se creará el Registro Provincial de Abogados y abogadas de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), organismo que arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios departamentales.
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